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Operativo de las autoridades en Bogotá. El predio funcionaba en el dÃa como expendio de drogas.
Héctor fabio Zamora. EL TIEMPO
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El microtráfico es la forma de distribución, al menudeo, de las drogas que llegan a las principales ciudades colombianas por toneladas. Una parte de esa droga se queda para los crecientes consumos locales y otra, una buena cantidad, sale hacia el exterior por aeropuertos, puertos y fronteras del país.
Transportar, almacenar, distribuir y exportar esas drogas supone contar con estructuras criminales locales que, de manera violenta, garantizan la seguridad de cada una de estas actividades y que afectan de manera grave la seguridad de los habitantes en cada una de las ciudades y territorios a donde llegan.
(Además: ‘Otoniel’: en manos de tribunal quedó resolver apelación en caso contra el capo)
Cuando se mira el comportamiento y el crecimiento de la violencia homicida en algunas ciudades colombianas en los últimos años, se puede asegurar que existe una relación entre estas actividades del narcotráfico y el incremento del homicidio. Las cinco ciudades donde más han aumentado entre 2019 y 2021 son Buenaventura, con el 71,7 por ciento; Cartagena (35 por ciento); Barranquilla (32,6 por ciento); Santa Marta (31,5 por ciento) y Cúcuta (29 por ciento), las cuatro primeras ciudades son portuarias y Cúcuta, en la frontera con Venezuela.
En las ciudades puerto referenciadas, las organizaciones criminales dedicadas a la exportación de drogas, además de corromper a servidores públicos y funcionarios de los puertos, cooptan organizaciones de delincuentes locales, bandas y pandillas para garantizar que la droga llegue a los puertos y ‘contaminen’ los contenedores y barcos con su producto, directamente en los puertos o en la salida a altamar.
Esta ‘seguridad’, que garantizan las organizaciones criminales locales y la corrupción, en muchos casos se paga con droga que luego las bandas distribuyen en la ciudad y regionalmente. Además, como ha sucedido en el país y en otras naciones de América Latina, junto con el narcotráfico florecen otras actividades rentables y violentas, como la extorsión, los préstamos ‘gota a gota’, el comercio de armas y la trata de personas, como se puede confirmar en Barranquilla, Santa Marta, Cartagena, Buenaventura y Cúcuta.
(También: Álvaro Uribe: Proceso por presunto soborno y fraude se definirá en 2023)
El aumento del homicidio en estas ciudades ligado al narcotráfico y a las actividades rentables conexas se confirma con el incremento del sicariato, que en la mayoría de los casos está ligado a estos negocios ilegales y es ejecutado por asesinos a sueldo que se dedican a esta actividad.
El sicariato en Buenaventura pasó de 50 casos registrados de crímenes en esta modalidad en 2017 a 148 en 2021, es decir, un aumento del 196 por ciento, y en este año, a agosto, ya iban 80 casos. Santa Marta pasó de 53 a 108, un aumento del 104 por ciento. Le siguen Barranquilla, con 82 casos de sicariato más, que representan un aumentó del 60,3 por ciento, y, finalmente, Cartagena, que pasó de 63 casos en 2017 a 71 en 2021, pero a agosto de este año ya llevaba 132 casos de sicariato, situación muy grave para esta ciudad (ver gráfico).
Casos de sicariato en ciudades Puerto de Colombia.
Las cifras muestran un crimen estructural ligado al narcotráfico y las demás actividades y rentas conexas, como la extorsión, los préstamos ‘gota a gota’, el sicariato, la trata de personas, el comercio de armas, entre otras actividades criminales, que deben ser combatidas con inteligencia e investigación criminal, para no solo atacar niveles intermedios, bandas locales medianas, sino a los verdaderos dueños de estas rentas, grandes narcotraficantes, servidores públicos cooptados, ‘lavadores’ del sector privado, etc., que se están enriqueciendo sin ser tocados como se debe, con cárcel y expropiación de bienes y riquezas violentamente adquiridas.
Si no se interviene integralmente, Cartagena, Barranquilla y Santa Marta pueden terminar como está hoy Buenaventura
Además de Cúcuta y las ciudades fronterizas, sufren también estos problemas Medellín, Cali y Bogotá, que se han constituido en verdaderos epicentros regionales de la economía formal nacional, pero también de las economías ilegales; puertos secos donde se mueven estos negocios ilegales de manera dinámica en barrios y a través de las vías terrestres y aéreas.
Medellín es la ciudad más importante del noroccidente colombiano para la economía legal, pero también la ilegal, que va hasta la costa Atlántica, pasando por Urabá, Bajo Cauca, Nudo de Paramillo, la frontera con Panamá, Chocó, Magdalena Medio y el sur de Antioquia, epicentro desde donde las organizaciones criminales controlan sus negocios ilegales en este territorio.
Igual situación tiene la ciudad de Cali, que es foco del sur del país con Nariño, Putumayo y Cauca, Buenaventura, en el Pacífico, y los límites del departamento de Tolima y los del Eje Cafetero. Finalmente, Bogotá, epicentro, punto de acopio y de paso de algunas de las drogas que se producen en la región oriental, el sur de país y una parte del Magdalena Medio, drogas que abastecen el mercado local y que buscan salir hacia puertos y ciudades fronterizas.
Cuando hay problemas en estas ciudades, el Gobierno Nacional manda más policías o saca el ejército a las calles; la Policía y la Fiscalía envían grupos especializados que no coordinan ni siquiera con sus compañeros institucionales regionales, pero una vez la situación baja en intensidad los esfuerzos desaparecen. Acciones descoordinadas y sin continuidad que no acaban con el problema, sino que lo controlan momentáneamente, porque lo único que deben hacer los delincuentes es esperar a que disminuya la acción estatal.
En muchos casos, en estas ciudades solo se está persiguiendo y judicializando a bandas intermedias, incluso a mandos bajos, y no a las cabezas de las organizaciones criminales ni a los servidores públicos y del sector privado que se enriquecen a punta de corrupción y blanqueo de recursos.
(SAE: el salvavidas de Barbosa y Petro para el inventario a bienes de la mafia)
Enfrentar esta situación de crimen organizado requiere un trabajo permanente y articulado del Gobierno Nacional y las administraciones municipales, de las instituciones de inteligencia e investigación criminal de la Policía, la Fiscalía, las Fuerzas Militares y la Uiaf del Ministerio de Hacienda, para atacar toda la estructura criminal, la cadena completa de producción, transporte y distribución de los productos ilegales, así como el blanqueo de recursos, y decomisar todos sus bienes, que es lo que más les duele a los criminales.
No basta con perseguir a las cabezas de estas organizaciones, pues una vez se eliminan se reproducen, porque son familias mafiosas, lo que les ha permitido continuar con el negocio y persistir en el tiempo. También hay que atacar a los mandos medios, evitando que asciendan, se enriquezcan y se consoliden en la organización. Igualmente, hay que tener acciones para atender a los que apenas ingresan a estas organizaciones o están en tránsito de ingresar.
Es decir, se requiere un plan integral en el que el papel más importante lo juega la acción coordinada y permanente de los gobiernos nacional y municipales.
(En flagrancia, Ejército captura personas realizando minería ilegal en Caldas)
Finalmente, hay que tener en cuenta que las actividades de los narcotraficantes se comportan como grandes franquicias, donde, además del negocio de las drogas al mayoreo y del microtráfico, controlan las actividades conexas de la extorsión, los ‘paga diarios’, la trata de personas, el comercio de armas, etc., lo que les permite tener control territorial, ciudadano y comunitario en los territorios donde operan.
Esta gobernanza criminal no solo se combate con las instituciones de seguridad y justicia, sino que se requiere una intervención integral del Estado que recupere la confianza y credibilidad de los ciudadanos en las instituciones, y eso solo se logra trabajando cerca de las comunidades y entregando resultados en el mejoramiento de la seguridad de los ciudadanos.
Si no se interviene de manera integral, las ciudades de Cartagena, Barranquilla y Santa Marta pueden terminar como Buenaventura.
HUGO ACERO VELÁSQUEZ
* Exsecretario de Seguridad de Bogotá
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