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Muy activos en ciudades, pueblos y barrios, gran parte de los cuales devienen al poco tiempo centros operativos de estafa y fraude, muchas veces con la casi evidente protección de las autoridades que suelen esmerarse en dificultar las soluciones pertinentes para combatir las operaciones ilegales, dilatando los tiempos de gestión poli-judicial y proponiendo argumentos que complican los canales de búsqueda y resolución.
Durante las últimas décadas la reducción de la rentabilidad de las inversiones generadas en el sistema financiero legal, sumada a otros diversos negocios como la proliferación de los vinculados al narcotráfico, el lavado y la industria bélica entre otros, motivó la demanda de operaciones en mercados secundarios, capaces de obtener recursos de alto valor, y moverlos hacia un amplio espectro de actividades, muchas relacionadas con personalidades políticas, miembros de instituciones de interés público, operadores de negocios ilegales, explotación de recursos naturales, entre otros.
Gran parte de los inversores y ahorristas suelen desconocer el destino final de sus fondos y los riesgos implícitos en cada operación, pero así y todo introducen con entusiasmo un capital que provienen de familias y de grupos que manejan importante liquidez monetaria, y buscan alcanzar una tasa del 18% al 25% anual en dólares, o sea muy por encima de los beneficios que aporta el sistema bancario y financiero normal.
Nuevas actividades de negocios pasaron a ser estafas de alto grado, siendo “Madoff” el caso de mayor alcance, conocido por su impacto en el mercado financiero estadounidense, mientras que el resto de los numerosos clanes de la estafa se han ido instalando en múltiples países que buscan lograr dicho nivel de rentabilidad de sus fondos operando fuera del sistema legal.
En Argentina operan de manera continua y efectiva diversos casos relacionados con operaciones delictivas que incluyen proyectos de la economía real y a la de origen financiero, sumamente activos y que ofrecen inversiones en muy diversas áreas, donde los ahorristas deberían proceder en realidad al análisis detallado de los títulos propietarios, municipales, impositivos, financieros y de características estructurales, previamente a la toma de decisiones de inversión.
La característica de negocios marginados del sistema financiero y de la legalidad formal operan desde hace décadas, y representan montos hiper-millonarios que se excluyen del régimen impositivo, de la inversión pública, con grandes pérdidas económicas generada a los ahorristas.
Los montos aportados por los ahorristas suelen ser transferidos a terceros agentes integrando proyectos inmobiliarios, agrícolas, de exportación, desarrollo turístico, u operaciones del rubro energético entre otros. Tal es el mecanismo que conforma a la estafa y el fraude en el país, entre agentes marginales que pertenecen a grupos de estafadores con empresas muchas veces totalmente separadas del sistema formal.
Los fondos aportados nunca regresan a su propietario, y la documentación que requerirían los inversores para iniciar acciones legales no abunda, dado que ahí está la capacidad, “viveza” de los referidos estafadores de haber construido un mercado en el cual circulan productos sin documentación de la deuda.
Con el transcurso del tiempo, creciente cantidad de grupos de estafadores ha ido mostrando procesos similares a los utilizados por el casos de amplia práctica en los mercados, en donde se carece que documentación y títulos de tenencia de terrenos con proyectos autorizados por municipios, pero los inversores asumen igualmente una especie de creencia y confianza en el grupo responsable de la estafa. De tal modo dichos proyectos van cambiando de tenencia del inversor inicial mediante su transferencia a terceras partes, desconocidas totalmente por el inversor.
Dicho equipo es parte de un sistema masivo y multisegmentado a nivel país, que opera en este rubro de negocios ilegales, son insolventes y con ausencia de patrimonio como parte de su esquema de negocios, y con uso de domicilios variables que hace imposible su detección una vez que comienzan a operar su negocio.
Eso hace que la denuncia y el seguimiento se transformen en un proceso sumamente complejo, de largo aliento, o imposible.
La confianza y la creencia en los miembros de estos grupos resulta de una importancia fundamental en el proceso de estafa, dado que la práctica realiza sólo las primeras inversiones brindando constancia mediante pagarés, mutuos ó escritos con garantía hipotecaria, aunque una vez que el cliente asume confianza en el agente la documentación probatoria nunca es entregado. Gran cantidad de presentaciones judiciales se hallan en proceso.
Una vez que el estafador(a) se ha declarado ilíquido, sin capacidad de pago y ausente de ubicación “su negocio está hecho”.
En los casos cuyos líderes estafadores llegan a ser identificados, el motivo por el cual estalló el conflicto y el robo a los clientes se trató de una clara disposición de estos a iniciar juicios con todas las de la ley, y la participación de estudios profesionales de gran expertise en el tema. Sin duda nuestro sistema de seguridad financiera y el rol legal requiere de importantes investigaciones y defensa del público inversor.
La Comisión Nacional de Valores constituye el gran núcleo de acción, que junto a la justicia normalizada, debe ofrecer cambios fundamentales para eliminar esta estafa que abarca amplias geografías y personas.
Al respecto es de recordar la experiencia vivida por la SEC y el FBI en la prolongada época de llevó la investigación sobre el caso Madoff. El rol institucional fue decisivo para facilitar la normalización y la reducción de la acción delictiva basada entre otros en el sistema Ponzi.
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