Hay al menos cinco factores que, en esta segunda parte del año, están jugando un rol preponderante en el freno a la actividad.
Durante los meses posteriores a abril de 2020, algunos indicadores comenzaban a dar signos de una recuperación de la economía. Algunos adujeron que el país se encauzaba en un sendero de recuperación, mientras que otros más cautos apuntaron a un “efecto rebote” tras el gran parate del aislamiento social, preventivo y obligatorio.
Con el correr de los meses, esos mismos indicadores comenzaron a respaldar la teoría del rebote. El indicador más representativo de la actividad a corto plazo, el Estimador Mensual de la Actividad Económica (Emae), en la versión desestacionalizada que corrige datos atípicos de la serie, cerró 2020 de punta a punta en un 3,7% abajo.
En 2021 creció 12,2% y en el primer semestre de 2022, 1,6%. Estos números ubicaron a la economía en niveles de producción previos a la pandemia, e incluso recuperando parte de lo perdido durante la crisis cambiaria de 2018.
Sin embargo, con el dato de septiembre conocido en esta última semana, el tercer trimestre de 2022 cerró con 0,8%. Es decir, el crecimiento de la economía se está deteniendo progresivamente y estamos regresando a un patrón que ya se observaba en 2019, con tasas mensuales más cercanas al crecimiento nulo.
Hay al menos cinco factores que, en esta segunda parte del año, están jugando un rol preponderante en el freno a la actividad:
Desde hace tiempo, la inflación no da tregua. Sin embargo, en los últimos meses las proyecciones la ubican cerrando el año en valores cercanos al 100% anual, lo cual es fuertemente nocivo para la actividad.
Apenas se acelera la inflación, puede haber un efecto movilizador al principio, debido a que la gente adelanta el consumo para no perder poder de compra (en parte explica los valores de ventas de electrodomésticos o de consumo en bares y en restaurantes). Pero a largo plazo, con la erosión sobre los ingresos, el consumo y la actividad terminan contrayéndose.
Durante la primera mitad del año, y como en gran parte del mandato, el Gobierno mantuvo tasas de interés reales negativas. Sin embargo, tras los eventos que propiciaron la salida de Guzmán, el modelo empezó a dar señales de desgaste que llevaron a que el Banco Central subiera las tasas de interés de referencia.
En primer lugar, para controlar el desbarajuste inflacionario. Para retirar pesos del mercado, la tasa que ofrece a los tenedores de pesos debe ser cada vez más atractiva. Con lo cual, con un argumento monetarista, la medida cobra sentido.
En segundo lugar, para controlar la fuga de reservas. Con una brecha cambiaria que llegó al 150% a mitad de año, la gente no dudó en demandar dólares como resguardo ante una posible devaluación. En ese contexto, una forma de evitar que la gente vaya al dólar es ofreciendo una tasa mayor en inversiones alternativas.
Sin embargo, toda vez que la gente inmoviliza sus fondos en una operación financiera la actividad se resiente, debido a que son fondos que logran un rendimiento mayor en el sector financiero que en el real.
Al mismo tiempo que cambió la política monetaria, hubo un viraje en el rumbo del gasto público. La variación interanual del gasto primario pasó de positiva a negativa en cuestión de días. A la política fiscal expansiva de Guzmán le siguió otra más austera en áreas clave del consumo y la inversión públicos. Esto tiene influencia en el corto plazo.
En el plano externo, en su afán por evitar que los dólares de la economía se esfumen, y a falta de ajustes vía precios (una devaluación), el Gobierno viene haciendo uso de herramientas heterodoxas para controlar la sangría externa. En suma, las licencias no automáticas, la necesidad de lograr autorizaciones para realizar pagos, el alargamiento de plazos para disponer de dólares, hacen que mes a mes resulte más complicado acceder a dólares, incluso para producir.
Medidas de este tipo resienten enormemente la actividad, en especial en muchos sectores, como la industria, que utilizan intensivamente insumos importados (en este sentido, por ejemplo, el dato adelantado del IPI Manufacturero predijo la caída en la tasa de actividad indicada en septiembre de este año).
Otro factor que en la primera parte del año actuó como movilizador de la actividad y que luego se revirtió fue el aporte del sector agropecuario. La suba de precios internacionales y una discreta campaña de soja aportaron no sólo dólares, sino también dinamismo a la economía.
Para el final del año, en cambio, prima la incertidumbre. Las perspectivas de sequía junto con un reacomodamiento de los precios internacionales, han llevado a que el agro deba rever hacia abajo sus previsiones. Se prevé para la cosecha fina un resultado aún positivo, pero menor al esperado.
Para salir del estancamiento es necesario ordenar el Estado
La acumulación de los efectos anteriores lleva a que existan fundamentos para el amesetamiento en la actividad que se está observando. Y auguran un final de año con similares características.
Sin embargo, es necesario no perder de vista que el estancamiento en la economía argentina no es nada nuevo. Es un proceso que ya lleva más de 10 años, con factores estructurales que ponen techo a la producción de bienes y servicios.
Un punto central es que la inversión se encuentra estancada. Y allí el papel de la inflación es preponderante. Porque de su mano vienen las distorsiones en los precios, la imprevisibilidad y el riesgo a la hora de hacer negocios. Ante esta situación se reduce cada vez más el horizonte para la planificación y los incentivos para invertir en el sector real.
Si no se corrige la inflación, el PIB por habitante seguirá cayendo. Y con él, el bienestar social. Mientras tanto, los pocos ahorros de los argentinos seguirán siendo prestados al Estado en bonos de corto plazo con altísimas tasas de interés.
La forma correcta de salir de esta trampa es ordenando, de una vez por todas, el Estado, y que ya no sea necesario recurrir a la emisión monetaria para financiar sus recurrentes déficits fiscales
* Economista de Idesa
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