La arremetida del grupo Gilinski por el control de Sura, Nutresa y probablemente Bancolombia no es el único problema que enfrenta el Grupo Empresarial Antioqueño (GEA). Uno de sus negocios más rentables en Latinoamérica, la administración de fondos privados de pensiones, estaría en la cuerda floja por cuenta del cambio de gobierno en Chile.
El Grupo Sura, una de las joyas más valiosas del empresariado antioqueño, tiene presencia en 11 países de América Latina, a los que llega con sus servicios de pensiones, ahorro y gestión de activos. Se trata de una apuesta que el conglomerado aceptó en 2011, cuando adquirió las inversiones del grupo financiero alemán ING en la región.
En esa oportunidad, Sura pagó más de 3.700 millones de dólares en el negocio, lo que lo convierte en el más grande hecho por una compañía colombiana en toda la historia. La inversión fue todo un éxito, pues con el paso de los años la empresa se ha convertido en una de las protagonistas del sector pensiones, seguros de vida y fondos de inversión en países como Chile, México, Perú y Uruguay.
Por ejemplo, tan solo en el país austral, Sura domina el 19 por ciento del mercado global de las administradoras de fondos de pensiones (AFP), teniendo en cuenta los ingresos operacionales. Todos estos negocios están bajo el control de la filial Sura Asset Management.
Según datos del propio conglomerado, Sura Asset Management tiene más de 8.800 colaboradores y cerca de 21 millones de clientes. Además, para el primer semestre de 2021, manejaban activos por un valor superior a los 146.000 millones de dólares.
Sin embargo, para varios expertos, todo este desarrollo podría estar en riesgo por los cambios políticos en la región. El caso que más llama la atención es el de Chile, donde acaba de imponerse un candidato de izquierda, Gabriel Boric, quien llegó con la promesa de una profunda reforma pensional.
El modelo de pensiones austral, herencia de la dictadura de Augusto Pinochet, fue pionero en la cotización ante entes privados. Además, fue replicado en países como Perú, México y Colombia, en donde funciona actualmente en paralelo con el sistema público de pensiones.
Cabe resaltar que en este país las pensiones son manejadas por las AFP, a las que cada trabajador aporta el 10 por ciento de su salario mensual. Al jubilarse -es decir, a los 60 años para las mujeres y a los 65 a los hombres- puede retirarlas.
Sin embargo, el modelo chileno es criticado porque no garantiza una base mínima de jubilación, lo que hace mella en la desigualdad social. Por eso, en paralelo con los reclamos en materia de salud o educación, una reforma pensional hizo parte de los llamados durante el estallido social estudiantil de 2019.
La Superintendencia de Pensiones chilena señaló que en noviembre de 2020 las 8.000 personas jubiladas recibieron un promedio de pensión de 260 dólares mensuales, menos de la mitad del salario mínimo en Chile. Aunque no hay un requisito de semanas cotizadas en Chile, el modelo deja a los ciudadanos expuestos a recibir un valor irrisorio de pensión.
En un principio, la propuesta de Gabriel Boric fue realizar una transición hacia un modelo de pensiones totalmente público en Chile. Otro cambio importante vendría por cuenta del establecimiento de una base mínima de pensión, para evitar la devaluación de los réditos que reciben los jubilados de los fondos privados.
Sin embargo, con su victoria electoral consumada, Boric se ha mostrado cauto al referirse a su propuesta primigenia, insistiendo en que está abierta a discusión. Además, el proyecto debe pasar por el Parlamento, en donde no cuenta con las mayorías. Por ahora, sus planes podrían verse condenados a la moderación para ganar el apoyo de fuerzas más centristas y prolongarse, seguramente, durante años.
Aun así, la incertidumbre persiste en varios sectores económicos de ese país y algunos analistas aseguran que se trata de un panorama que se podría repetir en Perú e incluso en Colombia, dependiendo los resultados de las próximas elecciones.
El Grupo Empresarial Antioqueño, que también controla Nutresa, Argos, Bancolombia, entre otras compañías, ha rechazado en varias oportunidades las versiones que hablan de riesgos para su negocio de pensiones en Chile. “Aclaramos que, a la fecha, no conocemos ninguna decisión del Gobierno de Chile en ese sentido”, dijo el Grupo Sura en un comunicado.
Sin embargo, lo cierto es que el GEA tampoco tiene certeza de lo que pueda ocurrir y su reacción parece más un intento por atajar cualquier pérdida derivada de la tensión política y social que atraviesa Chile.
Todo esto se suma a los demás líos que ha tenido que capotear el conglomerado en los últimos meses. En el tema de pensiones en Chile también enfrentó la presión de la pandemia, pues en medio de la contingencia sanitaria el Parlamento chileno permitió el retiro anticipado del 10 por ciento de los fondos para contener el golpe de la pandemia en julio de 2020. Desde entonces, se han permitido dos retiros más, lo que ha supuesto para las AFP unos 46.500 millones de dólares en desembolsos.
Otro revés que enfrentó el Grupo Sura fue el pago de 402.454 millones de pesos a las Empresas Públicas de Medellín (EPM), por cuenta de la póliza de contingencia de Hidroituango. Esto en el marco del fallo de responsabilidad fiscal que emitió la Contraloría por el detrimento patrimonial del proyecto.
Sin embargo, el mayor de los problemas que enfrenta el GEA es la presión del Grupo Gilinski sobre Sura y Nutresa. A la fecha, los banqueros dueños de GNB Sudameris han lanzado, con el apoyo del Royal Group Abu Dhabi, cuatro ofertas públicas de adquisición (OPA) por ambas compañías, dos por cada una.
Gilinski giró $3,74 billones de pesos por la OPA de Grupo Sura y $3,90 billones de pesos por la OPA de Nutresa
Son $7,64 billones
Ayer en la bvc se negociaron $364.172 millones de pesos y hoy $539.008 millones de pesos
Son $903.180 millones de pesos
Ya se reinvirtió el 11,8%
La estrategia de los Gilinski les ha permitido obtener el 27,7 por ciento de Nutresa y el 25,5 por ciento de Sura, lo que asegura un puesto en la junta directiva de cada compañía. Con las últimas dos ofertas, según varios analistas, el GEA pierde margen de maniobra y tendría que ver cómo crece el poder de Gilinski sobre su conglomerado.
“Un tercer barrido; es decir, una tercera OPA, podría ser el jaque mate”, asegura un informe de Scotiabank citado por Forbes. Así las cosas, el GEA y sus empresas tendrán que pedalear cuesta arriba en los próximos meses y, además, vigilar todos los flancos por lo que podrían entrar las amenazas a su emporio.
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