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El viernes próximo es la fecha prevista para que entre a regir un decreto con nuevas reglas para el mercado aerocomecial. Desde el sector privado se está expectante porque es una medida que beneficia a Aerolíneas Argentinas, manejada por La Cámpora. Implicaría suba de precios y menos competencia.
Esta será una semana clave para el negocio aerocomercial ya que el próximo viernes 24 entraría a regir el decreto 879/21 que establece nuevas reglas de juego tanto para el mercado de cabotaje como el internacional.
La medida publicada en el Boletín Oficial, en diciembre pasado, suma una serie de regulaciones que las empresas privadas denunciaron como una forma de beneficiar a Aerolíneas Argentinas. Esta sería la estrategia de la conducción actual de la línea de bandera que responde a la agrupación La Cámpora que conduce Máximo Kirchner.
La norma motivó una presentación judicial por parte de compañías de low cost, como Flybondi, para frenar su puesta en marcha. Hasta el momento no hubo señales desde el juzgado a cargo respecto a si impedirá la entrada en vigencia del decreto o fallará a favor de la medida oficial.
Es por eso que hay mucha expectativa en el sector debido a que su implementación provocaría el aumento de los pasajes de cabotaje y una menor competencia en el plano internacional.
Como sucede en otras áreas del Gobierno nacional, no habría una posición unánime sobre la necesidad de la medida. Por un lado, desde los organismos que regulan la actividad no estarían de acuerdo en su implementación por el efecto negativo que tendría para los usuarios. Sin embargo, por parte del kirchnerismo más duro se presiona para que se aplique tal como fue establecido.
El eje del cuestionamiento está centrado en dos puntos de la norma. Por un lado, la aplicación de bandas tarifarias mínimas. Por otro, en la forma de asignación de las rutas internacionales.
En el primer caso, se busca regular las tarifas aéreas poniéndole un piso al valor de los pasajes, en beneficio de la compañía estatal.
En el caso de los vuelos internacionales, el decreto establece que se asignarán nuevas rutas previo a una consulta a Aerolíneas Argentinas para que determine si está en condiciones de cubrirla. Esto es un privilegio que se le otorga a la compañía estatal y una regulación de la competencia.
Desde hace semanas no hay señales de lo que va a hacer la Justicia como tampoco la decisión que tomarán los organismo del sector. Por ejemplo, en el caso de la banda tarifaria, depende del nivel de precio en la que se ubique puede significar un aumento de los precios. Este sería el caso de un piso alto. En la práctica, una decisión de este tipo iría en contra de otras políticas del Gobierno nacional de aplicar precios máximos. Se convertiría, curiosamente, en una política de “precios mínimos”. Además, funcionaría como una “cartelización” forzada del mercado ya que obligaría a todas las empresas a poner un precio mínimo de referencia.
Desde el inicio del Gobierno de Alberto Fernández, la compañía estatal volvió a ser controlada por la agrupación La Cámpora. El mal manejo de la empresa genera un fuerte déficit que es cubierto con subsidios. Solo en 2021, el Estado giró más de $63.000 millones para compensar las pérdidas de la compañía. Con precios mínimos altos, se buscaría cubrir parte de ese desequilibrio y engrosar la “caja” del sector que controla a la empresa.
En el caso de las low cost, como JetSmart y Flybondi, llegan a ofrecer tarifas hasta 50% más bajas que Aerolíneas Argentinas para el mismo destino. Pese al valor más bajo, las compañías son rentables.
Según la presentación judicial de Flybondi, realizada el 22 de febrero, la decisión del Poder Ejecutivo tiene como consecuencia “alterar radicalmente aspectos centrales de la regulación del transporte aerocomercial avasallando normas de jerarquía legislativa imponiendo un retroceso a políticas ya superadas y contrarias al interés general”.
Los puntos principales de la presentación de la empresa aérea
“Alegándose (sin prueba alguna que lo acredite) la existencia de supuestas prácticas ruinosas y de un invocado exceso de oferta en virtud del cual las tarifas —según se afirma— no se ajustarían a los costos operativos de los explotadores y revestirían carácter ‘predatorio’, el art. 1° del Decreto 879 impone un régimen de tarifas ‘mínimas’ y ‘máximas’ para los servicios internos regulares de transporte aerocomercial”.
“Bajo un ropaje discursivo orientado a la supuesta distribución igualitaria de la capacidad operativa y al aseguramiento de la conectividad con terceros países, el art. 3° del Decreto 879 aprobó un ‘nuevo’ régimen de asignación de capacidad y frecuencias en materia de vuelos internacionales que, en rigor, viene a restablecer importantes privilegios que la Ley 19.030 había otorgado a Aerolíneas Argentinas a principios de la década del setenta, y que caducaron hace más de dos décadas por imperio de la normativa que dispuso la privatización de esa empresa (hoy ARSA) y la desmonopolización y desregulación del sector”.
“Se trata de medidas anticompetitivas y contrarias a los intereses de los explotadores eficientes, de los usuarios y de las distintas regiones que componen el país. Su único propósito es beneficiar indebidamente a ARSA en perjuicio de sus competidores que tienen un modelo de negocios diferente, basado en la eficiencia en los costos”.
Un sistema eliminado que regresaría
El sistema de bandas tarifarias funcionaba hasta el 2015. Con Cambiemos, se redujo casi a la totalidad. Sólo regía una banda de piso para pasajes vendidos hasta 30 días previos al viaje. Esto permitía alentar la venta anticipada, algo que le brinda a las empresas previsibilidad y mejor financiamiento. En ese momento, por la “guerra de precios”, hubo casos de promociones de pasajes a un peso para viajar a distintos lugares del país.
Con el nuevo decreto, el Gobierno nacional decidió el retorno de las bandas tarifarias para los pasajes de avión.
Un análisis de la evolución de esta medida a lo largo del tiempo, elaborado por la Bolsa de Comercio de Córdoba, muestra una relación negativa entre el valor real de la banda mínima (deflactada en pesos) y la cantidad de pasajeros que acceden al mercado de cabotaje en la Argentina.
Según el informe se comprueba que a medida que bajó en términos reales el valor de la banda tarifaria mínima, entre 2003 y 2019, creció la cantidad de pasajeros anuales de cabotaje.
El estudio define diferentes escenarios que pueden presentarse según el valor en que se fije las bandas tarifarias a partir de junio, fecha de entrada en vigencia del decreto 879/21. En el peor de ellos, se prevé un derrumbe de la cantidad de pasajeros que podrán volar.
El primero es el ideal para los consumidores. Se descarta la regulación y el mercado aéreo argentino contaría con 19,2 millones de pasajeros anuales en cabotaje.
El segundo prevé una no actualización de la banda tarifaria. Por año viajarían entre 18,2 millones y 18,4 millones de personas dentro del país.
Para el tercero se proyecta una actualización por inflación de la banda vigente al cierre de 2021, y derivaría en 17,7 millones a 17,9 millones de pasajeros anuales de cabotaje.
En cualquiera de estos tres escenarios, se alcanzaría un nuevo récord de acceso de argentinos a vuelos de cabotaje. El resto de los escenarios muestra el impacto negativo que tendría instaurar mayores bandas tarifarias.
Si las bandas mínimas retornaran a niveles de diciembre de 2015 – $10 mil a valores de abril de 2022- se estima que habría 8,1 millones de pasajeros de cabotaje por año, pero con un grado de incertidumbre elevado. Según las proyecciones de la Bolsa cordobesa, la cifra podría variar en alrededor de 1 millón de pasajeros por encima o debajo de esa referencia. Esto sería la mitad de las proyecciones de los otros escenarios.
El peor escenario – dice el estudio de la entidad cordobesa – sería si la banda mínima alcanzara valores reales similares a los de fines de 2014 ($13 mil a precios de abril de 2022). Entonces serían 5,2 millones los pasajeros de cabotaje por año, con una máxima de 6,4 millones y un piso de 3 millones. Es decir, el mercado se achicaría entre 3 y 6 veces.
Todavía no se sabe cuál va a ser el nivel de la banda tarifaria que se implemente, pero en el sector aerocomercial hay preocupación por las señales que envían las autoridades. Por ejemplo, se solicitó a las empresas que informaran su estructura de costos y en la norma se habla de “precios razonables”.
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Director Editorial responsable: Pablo Icardi | Propietario: Territorio Digital S.A. | Registro DNDA N° 11804985 | N° de Edición: 5431 | Martes 21 de Junio 2022 .
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