De aquí al 2030 el 60% de los agricultores y ganaderos, unos 500.000, alcanzará la edad de jubilación y sin relevo generacional, los fondos de inversión entran en el corazón productor en el país.
El campo español se hace ‘viejo’. El 60% de los agricultores y ganaderos españoles, cerca de 500.000, es mayor de 60 años y alcanzará su edad de jubilación antes del año 2030. Es más, los propietarios de más de 64 años son ya 355.000. Esta ‘gran jubilación’ que se producirá en el sector primario español en la presente década traerá consigo un cambio radical en la estructura productiva y de propiedad del campo. La falta de relevo generacional en el mundo rural abre las puertas a los grandes fondos, que en la última década ya han multiplicado por 15 su inversión en el sector agroalimentario español abarcando, en muchos casos, toda la cadena alimentaria, desde la producción a la comercialización pasando por la transformación.
El ‘invierno demográfico’ se ha instalado en el campo español y un estudio elaborado por la Asociación Valenciana de Agricultores (AVA-ASAJA) revela que la edad media de los propietarios de explotaciones agrarias a nivel nacional es de 61,4 años. El campo envejece y no parece que haya jóvenes dispuestos a coger el relevo. De hecho, los ‘agromillenials’, que así los llama la Coordinadora de Organizaciones de Agricultores y Ganaderos (COAG) en el estudio que ha presentado esta semana, apenas son el 3% de los productores en activo, unos 25.000. Y según esta misma organización harían falta, como mínimo, 200.000 nuevos agricultores jóvenes para cubrir la ‘gran jubilación’ que se va a producir en la presente década y que haya, así, un cambio generacional sostenible. De lo contrario se producirá, algo que ya parece inevitable, lo que COAG ha venido en llamar la ‘uberización’ del primer sector en España. “Una agricultura y ganadería sin agricultores ni ganaderos y en manos de los grandes fondos y de la industria agroalimentaria”.
Para el ministro de Agricultura, Luis Planas, “el relevo generacional” es “uno de los grandes desafíos del campo español” y “la incorporación de jóvenes agricultores a la actividad agraria es una pieza clave para conseguir un modelo de futuro en este sector”, aunque él mismo daba cifras desalentadoras durante su intervención esta semana en el VIII Congreso Joven Agricultor de ASAJA e indicaba que la previsión para el periodo 2023-2027 es que puedan incorporarse a la actividad agraria unos 16.000 jóvenes, “en gran medida gracias a los apoyos de la nueva Política Agraria Común (PAC)”, pero cifra, en todo caso, totalmente insuficiente para garantizar ese relevo generacional.
Hablaba el titular de Agricultura, Pesca y Alimentación de que se van a destinar más de 220 millones de euros anuales en ayudas específicas para los jóvenes, “la mayor cantidad destinada a este objetivo en los 60 años de historia de la PAC y un 50 % más frente al periodo anterior”, cifras “totalmente insuficientes” para las organizaciones agrarias. Vicente es propietario de 150 hectáreas de cereal en la provincia de Valladolid. Tiene 66 años y “ya estoy pensando en dejarlo”. Sus hijos “viven en la capital y no les interesa el campo por lo que venderé mis tierras a quien me las quiera comprar que, probablemente, será un gran inversor”. Y Vicente sentencia: “Nosotros somos la generación que levantamos la agricultura, y nosotros seremos la generación que la vamos a ver desaparecer tal y como la conocemos. La agricultura seguirá, pero será otra muy diferente a la actual”.
Con la pirámide de la población agraria tal y como está y con la “crítica” situación económica que estamos viviendo se está produciendo para Miguel López, secretario general de COAG Andalucía, un fenómeno “inquietante”, ya que “por un lado están cayendo muchos trabajadores que no pueden aguantar en estas condiciones o se jubilan por motivos de edad y, por otro, están apareciendo grupos de inversión comprando extensiones de terreno”. Algo que en su opinión nos puede hacer volver a “lo que pasaba hace un siglo: todo para los grandes terratenientes y el resto a resistir con rentas o trabajando el campo como jornaleros”. “Mi preocupación”, remacha López, “es que el modelo social y profesional mayoritario en Europa, que es el que tiene capacidad para sostener una alimentación en un marco de seguridad alimentaria y de soberanía, que es imprescindible para el futuro conjunto de la población, se lo estamos entregando a los mercados financieros y a los fondos de inversión, que nos están llegando y nos están copando. Y son capitales que vienen de fuera y se van a llevar el valor añadido de España y Andalucía».
De cualquier manera, si los agricultores ‘tradicionales’ se jubilan o abandonan sus explotaciones, alguien tendrá que producir alimentos porque “se calcula que la producción de alimentos tendrá que crecer entre un 60% y un 70% para poder alimentar a la población mundial de aquí a 2050, que será de 9.000 millones de personas”, según el informe ’Agribusiness en la Península Ibérica’ de la la firma de consultoría CBRE España. Y es que un creciente número de inversores se está lanzando a comprar empresas del sector primario y terrenos agrícolas porque son rentables y se han convertido en un producto de inversión.
“En otras zonas, como en Estados Unidos o Australia, son activos maduros, pero la agricultura en España y en Portugal no siempre ha sido visible a los inversores. Sin embargo eso ha cambiado, ha madurado, y ahora es mucho más tecnológica y eso ha facilitado la entrada de inversores institucionales que lo ven como alternativa a medio y largo plazo”, explican en CBRE España.
En los últimos años, en España se han producido grandes compraventas de suelo y operaciones de compañías agrícolas lideradas por fondos de capital privado que buscan, sobre todo, fincas de regadío -en nuestro país hay 3,7 millones de hectáreas de cultivos de regadío, el 7% de la superficie total del país-, que pueden tener un precio medio de entre 40.000-50.000 euros la hectárea. Uno de los más activos ha sido Proa Capital, que entre 2016 y 2019 compró empresas punteras como Moyca, Pastas Gallo y Fruselva. En 2020, el fonfo CVC compró Panzani a Ebro Foods y, en 2019, Abac Capital adquirió la productora y comercializadora Agroponiente. También se han cerrado varias alianzas entre fondos y empresas como Miura y Martín Navarro, que crearon una de las mayores compañías de cítricos de Europa, Citri&Co. Y posteriormente Citri&Co ha vendido la propiedad de sus tierras de cultivo al fondo canadiense PSP por alrededor de 150 millones. Atitlan, por su parte, conformó la ’joint venture’ Elaia junto con Sovena para adquirir Frutas Romu y después vendió el porfolio de Elaia, compuesto por alrededor de 7.000 hectáreas, que ha sido comprado por el mismo fondo canadiense, PSP, en una operación que ha superado los 250 millones de euros.
Lo cierto es que en el último año, y según fuentes del sector, han sido cerca de 200 fondos los que han comprado tierras de cultivo en España y se han producido unas 1.000 operaciones en el mercado agroalimentario español. Un mercado en el que ya no sorprende la presencia de los fondos Nuveen y Westchester, del fondo de pensiones estadounidense TIAA; el ya citado fondo de pensiones canadiense PSP, el banco HSBC a través de Climate Asset Management, el ’Familiy office’ español Persán o el vehículo con formato de Fondo de Capital Riesgo Europeo, Aurea Sustainable Agriculture Fund I (ASAF), creado por la española Aurea Capital IM, y que cuenta ya en apenas unos meses de vida con 120 millones de euros bajo gestión. La estrategia de inversión de ASAF se centra en la “adquisición de una cartera de fincas agrícolas diversificadas por cultivos y áreas geográficas en Europa. Inicialmente en España, Portugal e Italia para introducir tecnología y cultivos de alto rendimiento que las convierta en empresas rentables, mejorando su productividad y garantizando la sostenibilidad y eficiencia”. Es el cambio de modelo del campo español.
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