El holding, que tuvo una ganancia neta de US$ 1.530 millones en 2021, tiene una expectativa de inversión para este año de US$ 1.330 millones, un aumento de cerca de 17% respecto al año anterior.
La compañía evalúa que la visibilidad del escenario es más restringida ante las consecuencias de la guerra en Ucrania | Reuters
La brasileña Votorantim espera mantener este año el buen desempeño que logró en 2021, impulsado por mayores precios de commodities e inversiones en nuevos frentes, pero evalúa que la visibilidad del escenario es más restringida ante las consecuencias de la guerra en Ucrania y el escenario electoral en Brasil.
El holding, que tiene negocios en las áreas de cemento, aluminio, minería, jugo de naranja, energía, bienes raíces y finanzas, tuvo una ganancia neta de 7.100 millones de reales (US$ 1.530 millones) en 2021, luego de una pérdida de alrededor de 3.000 millones (US$ 650 millones) un año antes, cuando el negocio se vio afectado por las amortizaciones resultantes de la pandemia.
La expectativa de inversión del grupo para este año suma 6.200 millones de reales (US$ 1.330 millones), un aumento de cerca de 17% sobre el monto desembolsado en 2021. Los fondos se aplicarán en proyectos que incluyen la modernización de activos en Votorantim Cimentos y planes de crecimiento en Companhia Brasileira de Aluminio, según informó el director financiero de la firma, Sergio Malacrida.
El grupo terminó 2021 con 13.700 millones de reales (US$ 2.950 millones) en efectivo, un aumento sobre los 9.780 millones (US$ 2.100 millones) de 2020. Consultado sobre los planes de diversificación, el presidente ejecutivo, João Schmidt, reafirmó que Votorantim sigue interesada en los sectores de infraestructura, saneamiento y salud.
En salud, que vive un boom de inversiones y se aleja de los activos industriales y de capital intensivo que ya tenía el grupo, Votorantim evalúa que el sector “tiene un encaje interesante «con su cartera.
«Nos encantaría poder hacer un negocio en el área de la salud también», dijo el ejecutivo, y señaló que en este momento no hay nada específico en discusión por parte del grupo en el sector.
Votorantim mantiene una estrategia de inversión de recursos en negocios orientados a la “preservación del capital” y ha buscado inversiones que no estén tan sujetas a los ciclos de los commodities metálicos y agrícolas.
En ese sentido, se incluyó la compra, junto con Itaúsa, de la participación de Andrade Gutiérrez en el operador de infraestructura de movilidad CCR, anunciada a fines de marzo.
“Nos gusta la empresa (CCR) y hemos estado buscando una puerta de entrada durante mucho tiempo”, dijo Schmidt.
“CCR representa para nosotros la materialización de este interés por la infraestructura”, agregó. “Es un sector de demanda secular de inversión y estamos muy interesados en seguir evaluando oportunidades”, dijo.
En saneamiento, luego de las primeras subastas importantes el año pasado tras la aprobación del marco que facilita las privatizaciones en el sector, la empresa continúa estudiando opciones, dijo Schmidt.
“La historia aquí es cómo expandimos esta vía de inversiones en la preservación del capital. La infraestructura es una”, dijo Malacrida. “Ahora estamos poniendo en práctica lo que hemos estado hablando durante cinco, seis años”, agregó.
La otra vía que viene ganando fuerza en la estrategia de este grupo es Altre, una plataforma para invertir en activos inmobiliarios y que también busca oportunidades fuera de Brasil, especialmente en el mercado norteamericano, dijo Schmidt.
“El mercado inmobiliario norteamericano es muy profundo y amplio… Si miras los proyectos que Altre ha hecho aquí en Brasil, lo que estamos buscando en el exterior son cosas similares”, dijo Malacrida.
En septiembre, Altre acordó la compra del 60% del complejo inmobiliario Alto das Nações, que tendrá la torre corporativa más alta de la capital paulista, con 219 metros de altura cuando esté terminada en 2025. La inversión de Votorantim en la adquisición sería 1.000 millones de reales (US$ 215 millones), según publicaciones de prensa.
En cuanto a las perspectivas para el año, el presidente de Votorantim evalúa que se mantengan los factores que impulsaron los precios de los commodities, junto con la todavía fuerte demanda de los productos del grupo, en medio de la recuperación de las economías pospandemia.
“Nuestra lectura de hoy es de un año fuerte (en resultados) en 2022, pero con poca visibilidad», señaló.
El año pasado, Votorantim tuvo un aumento del 40% en los ingresos netos, a 49.000 millones de reales (US$ 10.500 millones) y la generación de caja medida por las ganancias antes de intereses, impuestos, depreciación y amortización (Ebitda) se disparó un 70%, a 11.500 millones (casi US$ 2.500 millones).
El COVID-19 también tuvo un impacto en los flujos de dinero de entidades bancarias chinas hacia la región latinoamericana. Ya no es capital para financiar proyectos a gran escala de parte del gobierno, en forma de préstamos soberanos, sino que ahora se apuesta por la coordinación con bancos de desarrollo regionales o apoyo a fondos de private equity, determinó un reciente estudio.
Financiado con fondos e ingeniería china, el proyecto fotovoltaico de Caucharí Olaroz en Argentina concluyó exitosamente | Xinhua
A principios de febrero, un sonriente José Luis Antúnez, director de la empresa estatal Nucleoeléctrica Argentina y un aún más cordial Yu Jianfeng, presidente de la Corporación Nuclear Nacional China (CNNC), firmaron el contrato para la construcción de la cuarta central nuclear argentina, Atucha III: un reactor de 1200 MW que se instalará en el Complejo Nuclear Atucha de la localidad de Lima, provincia de Buenos Aires.
Solo dos meses más tarde las caras sonrientes podrían haberse esfumado. ¿La razón? China financiará el 85% de las instalaciones y Argentina deberá financiar el restante 15%. Pero según consigna este martes Reuters, el préstamo del FMI y la situación económica global no hacen viable que el gobierno de Fernández cumpla esa meta.
Pero es poco probable que las nuevas políticas al respecto de Beijing permitan aumentar esa cifra.
¿Significa esto que se acabaron los tiempos de bonanza entre China y Latinoamérica respecto del financiamiento de grandes proyectos que se vieron en la década anterior?
Más bien el sistema estaría evolucionando hacia una profesionalización del flujo de dinero donde, tras un periodo de aprendizaje mutuo, los bancos políticos chinos- el China Development Bank (CDB) y el China Export-Import Bank (Exim Bank)- ya no están emitiendo los préstamos multimillonarios, respaldados por petróleo, que alguna vez caracterizaron las relaciones financieras de Beijing con la región, apostando por un modelo diferente.
Así lo afirma el documento ‘¿Cuál es el rol de los bancos políticos chinos en la región LAC?’ de Margaret Myers y Rebecca Ray, de la fundación Diálogo Interamericano y el Centro Global de Políticas para el Desarrollo de la Universidad de Boston, respectivamente.
Publicado a fines de marzo, el estudio explica que el involucramiento de China con la región de Latinoamérica y el Caribe (LAC) se caracterizó por préstamos extensivos, liderados por el gobierno del gran país asiático hacia los gobiernos regionales o hacia empresas estatales (SOE, por sus siglas en inglés).
Este financiamiento mayormente permitió el desarrollo de proyectos de infraestructura y energía a gran escala, impulsados por gobiernos y compañías de Argentina, Brasil, Ecuador y Venezuela, como fueron Coca Codo Sinclair, o el tren de alta velocidad de Tinaco-Anaco, en Venezuela.
“Pero todo eso cesó en años recientes y en 2020 y 2021 esa capacidad fue probablemente impactada por los efectos de la pandemia”, sostienen las autoras en el estudio. El resultado es que ninguno de estos bancos políticos emitió nuevos préstamos a gobiernos o SOE de la región.
A pesar de ello, la presencia de las finanzas chinas en la región está lejos de desaparecer.
“Los bancos políticos de China, además de una gama cada vez más amplia de acreedores chinos, siguen apoyando activamente la actividad económica de China en la región, ya sea emitiendo financiamiento directamente a empresas chinas y latinoamericanas, que luego invierten en proyectos regionales, a través de la coordinación de políticas con bancos de desarrollo, o bien respaldando parcialmente fondos regionales de capital privado (private equity), como el Fondo de Cooperación China-ALC”, explican las autoras.
“El ALC es un fondo de unos US$ 2.000 millones que administra el ExImBank (el banco de Importaciones y Exportaciones de China), destinado a financiar proyectos específicos”, dice a AméricaEconomía Francisco Urdinez, profesor asociado del Instituto de Ciencia Política de la Universidad Católica de Chile y experto en temas de cooperación China y Latinoamérica.
“Hay una tendencia clara que Stephen Kaplan describe en su último libro, El Capital Paciente, donde explica que ha habido una transición en los bancos chinos […] a una dinámica que se denomina PPP –public private partnerships– en la que los bancos chinos prestan dinero a proyectos específicos, donde a veces participan otros bancos, como el Banco Mundial o el Banco Interamericano de Desarrollo (BID), y hay mucho mayor control respecto del producto final y la garantía de pago también es más tangible”, detalla.
El Exim Bank es uno de los bancos políticos de China que ha abandonado el financiamiento de proyectos y donaciones a gobiernos en la región Latinoamérica y el Caribe. | Reuters
Aunque la pandemia fue un detonante de este proceso, las autoras recalcan que los préstamos soberanos de China a la región se estaban desacelerando incluso antes de la pandemia de COVID-19.
La disminución también precedió al anuncio de mayo de 2020 de la estrategia de «doble circulación» de China, que volvió a centrar la atención de algunos bancos políticos en impulsar la autosuficiencia del país a través de avances tecnológicos.
De hecho, los bancos políticos de China aparentemente han sopesado los costos y beneficios de los acuerdos de Estado a Estado durante varios años. Costos que en el caso de Venezuela y su petróleo resultaron muy altos. Así como la negativa de Beijing a dar nuevos créditos al país de Maduro en los últimos cinco años ha marcado la pauta del declive en préstamos a la región.
Pero también se ha visto detenido al resto de los países receptores tradicionales, como Brasil, con Petrobras, o el gobierno de Ecuador.
El cambio parece venir del aprendizaje logrado todos estos años, resalta el estudio de Myers y Ray, y porque las necesidades de las empresas chinas también están cambiando.
China alguna vez consideró los llamados «préstamos vinculados» en la región ALC como críticos para la internacionalización de las empresas chinas, y esos préstamos que fomentaban el uso de empresas o equipos chinos, de hecho, ayudaron a ciertas empresas chinas de construcción a establecerse en la región en la primera década de 2000.
Pero ahora, «como las empresas chinas han desarrollado sus propias oficinas regionales, redes de contactos y reputaciones, presumiblemente hay menos necesidad de intervención del banco de políticas en apoyo de la negociación de empresas estatales chinas», explica el estudio.
“La tendencia es a una reducción. Yo tengo la sensación de que no se va a volver más a los niveles de créditos de los bancos políticos chinos de mediados de 2010, por varias razones. Una de ellas es que muchos de esos créditos no fueron exitosos en el sentido que generaron problemas políticos para estos bancos y creo que hay un cambio en la estrategia en que los bancos comerciales (chinos) están empezando a tener un rol más activo y van a buscar invertir en proyectos específicos, se va a brindar crédito ligados a proyecto, no tanto créditos directos a los países para uso discrecional”, complementa Urdinez.
El Banco de Construcción de China es un banco comercial chino que está entrando a la región LAC para cofinanciar proyectos de diversa índole | Xinhua
Si bien China ya no estará en Venezuela, no ocurriría lo mismo con Argentina, determina el estudio.
Es posible que el BDC y el Eximbank continúen otorgando préstamos a los gobiernos y las empresas estatales de la región. La empresa estatal argentina Agua y Saneamientos Argentinos (AySA) ha buscado apoyo financiero de EximBank para el Acueducto Río Subterráneo Tramo 2 y la Estación de Bombeo Esteban Echeverría durante varios años.
Eximbank también respaldará la expansión (fases IV y V) del proyecto solar Cauchari, tal como financió Cauchari I, II y III, y también puede desempeñar un papel en algunos de los otros acuerdos alcanzados entre los presidentes Alberto Fernández y Xi Jinping durante su reunión de febrero pasado.
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Los bancos políticos de China también parecerían comprometidos con cierto grado de préstamos comerciales en ALC, como lo han estado durante varios años, aunque en montos relativamente pequeños.
Por ejemplo, Telecom Argentina obtuvo un préstamo de US$ 100 millones del Banco de Desarrollo de China en 2020. La empresa planea usar los fondos para comprar equipos de telecomunicaciones. Las empresas y asociaciones chinas también son beneficiarias de la financiación de los bancos de políticas.
En Colombia, país que nunca ha recibido un préstamo soberano, Autopistas Urabá, un consorcio chino y colombiano, obtuvo un préstamo ‘en doble moneda’ (una figura en la que el prestamista tiene derecho durante un período predeterminado a un tipo de cambio fijo establecido al inicio del préstamo, a cambiar la moneda prestada) por US$ 652 millones del CDB y Sumitomo Mitsui Banking Corporation de Japón para financiar una autopista a principios de marzo.
Sinohydro, socio del proyecto Hidrovía Amazónica de Perú, también habría recibido financiamiento directamente de Eximbank. Y la firma china COSCO, que construirá y operará el puerto de US$ 2.000 millones en Chancay, Perú, recibió financiamiento del CDB para sus proyectos de la Franja y Ruta (BRI) en LAC y otras regiones.
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Más allá de los proyectos de cofinanciamiento y los fondos regionales, los «cinco grandes» bancos comerciales de China (ICBC, Bank of China, Agricultural Bank of China, China Construction Bank y Bank of Communications) son cada vez más activos en América Latina y otras regiones, a menudo tomando parte en préstamos sindicados para empresas chinas o de ALC.
En 2020, ICBC financió la Autopista Pamplona Cúcuta en Colombia y la producción de cemento Loma Negra en Argentina. Según se informa, el banco también proporcionará US$ 1.100 millones para el desarrollo de la Estación de Transmisión Plomer en Argentina. Y un sindicato de bancos chinos liderado por ICBC también financiará el desarrollo de la instalación nuclear argentina Atucha III.
Otras entidades financieras, a veces afiliadas a empresas chinas, también se están estableciendo en la región. En enero de 2020, Banco XCMG, propiedad de una constructora china del mismo nombre, anunció su llegada a Brasil, comprometiéndose a apoyar proyectos de infraestructura y compras de maquinaria.
El CDB en Caracas es otro de los bancos políticos de China que abandonó los grandes proyectos | Xinhua
El documento concluye que, aunque los bancos políticos no hagan más préstamos, la llegada de nuevas entidades de crédito como iniciativas de co-financiamiento, el financiamiento de bancos comerciales, la inversión de capital privado y otras formas de compromiso podrían suplir esa ausencia.
Sin embargo, es poco probable que la financiación china total combinada a la región se aproxime a los picos anteriores de préstamos bancarios de política, señalan las autoras del estudio.
Finalmente, el texto destaca “lo que no sucedió durante los años de pandemia”: aunque las economías de ALC se vieron más afectadas por la recesión mundial relacionada con la pandemia que cualquier otra región del mundo, China no ha tomado medidas draconianas contra los países que no pueden pagar su deuda con ese país.
En cambio, Beijing inició un proceso de suspensión de pagos de deuda y reestructuraciones que aún continúa a principios de 2022. En Ecuador, el CDB acordó en 2020 reestructurar dos tramos de la deuda de Ecuador con China. Los dos países acordaron continuar las conversaciones sobre la deuda cuando el presidente de Ecuador, Guillermo Lasso, y Xi se reunieron en diciembre de 2021, aunque el alcance de la eventual renegociación no está claro.
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Según Reuters, China también otorgó un nuevo período de gracia a Venezuela en 2020, en préstamos de US$ 19.000 millones, aunque este acuerdo no fue confirmado por ninguno de los gobiernos.
Argentina trabajó con China para renovar un acuerdo bilateral de intercambio de divisas (swap) por US$ 18.200 millones en agosto de 2020 y anunció otro por US$ 3.000 millones extra en marzo tras su visita a Beijing. El nuevo swap con China habilitará pagos de importaciones y deuda. Más allá del volumen, dicen los expertos, lo fundamental es que también se extenderán los usos de esta herramienta.
“Este giro de los préstamos a gran escala a la reestructuración, junto con una pausa en los préstamos adicionales, da peso a la hipótesis de que China no ha tendido una ‘trampa de la deuda’ (la teoría que indica que China realiza cuantiosos préstamos con el objetivo posterior de controlar a una nación). Debido a la escala de las deudas y el valor continuo de las materias primas, que en algunos casos subyacen a estos acuerdos de préstamo, China tiene un incentivo para seguir una estrategia de ‘capital paciente’”, dicen Margaret Myers y Rebecca Ray.
Algo en lo que Urdinez concuerda.
“[La Trampa de la Deuda”] en general era una especie de slogan peyorativo para deslegitimar el crédito chino en comparación con el crédito proveniente de bancos occidentales”, acota el académico. “Las veces que los créditos no resultaron me atrevo a decir que fue más por desmanejos de quien recibió el dinero y el no cumplir con plazos ni con los proyectos prometidos, que por la forma en que procedieron los bancos [políticos chinos] […]. Seguramente buena parte del financiamiento que se vea en el futuro de bancos chinos va a ser a proyectos de energía renovable, sobre todo solar y eólica”, concluye.
La Representante Comercial de Estados Unidos, Katherine Tai, envió una misiva dirigida a la secretaria de Economía, Tatiana Clouthier, en la que reitera la preocupación de los inversionistas estadounidenses sobre los cambios en materia energética que ha impulsado el presidente Andrés Manuel López Obrador.
La coalición legislativa Va Por México -integrada principalmente por el PRI, PAN y PRD- anunció el lunes que presentará una contrapropuesta a la reforma eléctrica.
Katherine Tai, representante comercial de Estados Unidos, advirtió al Gobierno mexicano que la reforma eléctrica, que esta semana se analiza en comisiones de la Cámara de Diputados, pone en riesgo US$ 10.000 millones de inversionistas estadounidenses, según detalló una misiva enviada el pasado 31 de marzo, dirigida a la titular de la Secretaría de Economía, Tatiana Clouthier.
En el documento, Tai reiteró las preocupaciones del gobierno estadounidense y de los empresarios del sector energético ante los cambios regulatorios que ha impulsado el presidente Andrés Manuel López Obrador e insistió en el riesgo latente de que se violen aspectos del Tratado comercial entre México, Estados Unidos y Canadá (T-MEC), así como el impacto al medio ambiente.
«Desde hace mucho tiempo, el gobierno de Estados Unidos, ha expresado serias preocupaciones sobre una serie de cambios administrativos, regulatorios y legislativos en las políticas energéticas de México que violan estas obligaciones fundamentales, incluidos los cambios de 2021 a la Ley de la Industria Eléctrica», escribió la funcionaria estadounidense en la carta enviada en la misma fecha en la que el Enviado Presidencial Especial de Estados Unidos para el Clima, John Kerry, y algunos empresarios se reunieron con el presidente López Obrador para buscar un consenso sobre la reforma eléctrica.
La representante comercial reclamó que las empresas estadounidenses que han invertido en energías renovables en territorio mexicano están enfrentando «un trato arbitrario» y que sus inversiones se encuentran en riesgo ahora más que nunca.
«Desafortunadamente, si bien hemos tratado de ser constructivos con el gobierno mexicano al abordar estas preocupaciones, no ha habido cambios en la política en México», insistió Katherine Tai.
«Con el espíritu de compañerismo y el continuo deseo serio de fortalecer nuestra competitividad conjunta, quiero informarles que consideraré todas las opciones disponibles bajo el T-MEC para abordar estas preocupaciones», dijo la funcionaria estadounidense e instó al gobierno mexicano a suspender estas «acciones preocupantes y garantizar que se protejan los derechos de los inversionistas y exportadores estadounidenses».
Estados Unidos continúa elevando la presión sobre el gobierno mexicano por la reforma eléctrica que busca reducir la participación de sus empresas en el sector y que también es rechazada por Canadá y la Unión Europea.En su reunión con el presidente López Obrador del pasado jueves 31 de marzo en Palacio Nacional, el enviado presidencial para el Clima del gobierno de Estados Unidos, John Kerry, le expresó al mandatario la preocupación de la Casa Blanca por el impacto negativo que los cambios legales en materia eléctrica.
Tras el encuentro, López Obrador reiteró que su gobierno no pretende hacer modificaciones a la iniciativa de reforma constitucional que plantea excluir la inversión privada del mercado de comercialización eléctrica y priorizar el despacho de la electricidad producida por la Comisión Federal de Electricidad (CFE), independientemente de su costo y emisiones contaminantes.
El mandatario dijo que rechazó una propuesta de sus contrapartes estadounidenses de permitir que un grupo de trabajo estadounidense vigilara que los cambios legales en materia eléctrica se apegaran a los compromisos de México en el marco del T-MEC.
“Pues eso, como es lógico, no podríamos aceptarlo, ni de Estados Unidos, ni de Canadá, ni de China, ni de Rusia. Y sí hubo un planteamiento de que se mantuviese la comunicación sobre el tema y que participara un grupo, pero ellos plantearon eso, yo me quedé callado, no se aceptó”, dijo López Obrador el pasado 1 de abril.
En tanto, durante su conferencia matutina de este martes, el presidente López Obrado, hizo un llamado a los diputados de oposición del Partido Revolucionario Institucional (PRI) y del Partido Acción Nacional (PAN) para que rompan la disciplina de voto de sus bancadas y apoyen a la reforma eléctrica.
«Estoy confiado en que van a votar libremente y se van rebelar. Y llamo a eso, a que se rebelen para que sean auténticos representantes populares y no empleados de grupos de intereses creados, que no sean traidores a la patria», dijo López Obrador en Palacio Nacional.
La coalición legislativa Va Por México -integrada principalmente por el PRI, PAN y PRD- anunció el lunes que presentará una contrapropuesta a la reforma eléctrica.
El mandatario ha criticado que, con su negativa a apoyar la reforma propuesta por el Gobierno, el PRI y el PAN «insinuaron» un apoyo a «las empresas particulares», si bien ha señalado que tiene conocimiento de que algunos diputados de estas bancadas no están de acuerdo con la decisión de sus partidos.
