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La Comisión Reguladora de Energía es abiertamente parcial y ya no responde a criterios técnicos o económicos, sino a la política energética del gobierno, afirma Gonzalo Monroy. Ha generado una parálisis regulatoria, lo cual afecta a las empresas que hoy están en la incertidumbre, destaca Sergio Pimentel Vargas. Lo más grave es su extraordinaria lentitud para resolver, además de que, en algunos casos, deliberadamente ha optado por no decidir, apunta José María Lujambio.
FOTO EE: Hugo Salazar
Durante los primeros tres años del gobierno del presidente Andrés Manuel López Obrador, la Comisión Reguladora de Energía (CRE) pasó de ser un organismo regulador independiente, a un árbitro abiertamente parcial, que no responde a criterios técnicos o económicos, sino a la política energética del Ejecutivo federal, plantearon especialistas del sector.
Refieren que el organismo creado en 1992 surgió como un órgano desconcentrado de la Secretaría de Energía (Sener), con el objetivo de generar confianza a la inversión privada, principalmente a raíz de la entrada en vigor del Tratado de Libre Comercio (TLC) con Estados Unidos y Canadá. Con la reforma energética impulsada por el gobierno del presidente Enrique Peña Nieto, en 2013 se le dotó de fortaleza institucional, pues la idea era convertirlo en una instancia de alta especialización técnica y alejada de ciclos sexenales, con el fin de estar en condiciones de arbitrar una industria con jugadores económicamente poderosos.
Con la llegada de la administración federal actual, que se fijó echar abajo la reforma energética peñista, el objetivo es empoderar a la Comisión Federal de Electricidad (CFE) y eliminar a la CRE, aunque para ello es necesario cambiar la constitución, proceso que está en marcha aunque con dificultades para lograr las mayorías legislativas necesarias. Sin embargo, el gobierno ha recurrido a diferentes estrategias para disminuir al regulador, de lo cual ya hay evidencia.
Gonzalo Monroy, director de la consultora GMEC, recordó que en la década de 1990, en México había un sector eléctrico centralizado, en un mercado cerrado, aunque el gobierno no contaba con el presupuesto para expandir el sistema.
Con la reforma energética de 1992, ocurrió una apertura del sector y se crearon las figuras de exportación, importación, cogeneración, autoabastecimiento y productor independiente de energía.
Posteriormente, de cara a la firma del TLC con Estados Unidos y Canadá (que entró en vigor en 1994), México se comprometió a crear reguladores técnicos independientes.
En ese marco se creó la CRE en 1993 y operó como un órgano desconcentrado de la Secretaría de Energía (Sener). La idea era que, a través de permisos, se pudiera realizar la apertura del sector.
Mientras la secretaría se dedicó al diseño e implementación de la política energética, la CRE se enfocó a la parte operativa y de permisos.
Eso permitió generar las condiciones para la atracción de inversión extranjera en un momento donde la CFE no tenía dinero para invertir, y estar en condiciones de contribuir al desarrollo del resto de la economía nacional.
Monroy explicó que la expansión del sistema eléctrico mexicano se dio, principalmente, a través de dos figuras. La primera, la de productor independiente de energía. Las primeras plantas con inversión privada se instalaron en Valle Hermoso, Tamaulipas, con el fin de abastecer de energía a las plantas maquiladoras de Matamoros. La CFE prácticamente se dedicó a proveer de gas natural a las empresas privadas y a cambio recibía la energía eléctrica.
La segunda figura fue la del autoabasto de los privados, que tenía como beneficio que los propios empresarios privados generaban su energía y de esa forma la CFE no gastaba en redes de transmisión y distribución.
Para la primera década del siglo actual, la CFE, como paraestatal, se dedicó a expandir la red de ductos para la distribución de gas natural, con el fin de garantizar el suministro a los generadores privados de energía eléctrica y la CRE fue la encargada de hacer la regulación respectiva.
Por su parte, Sergio Pimentel Vargas, socio de la consultora AGON, especializada en competencia, regulación y comercio, explicó que, a partir de la reforma energética de 2013, la Comisión Reguladora de Energía (CRE) y la Comisión Nacional de Hidrocarburos (CNH), creada en 2008, cambiaron su naturaleza jurídica. Se convirtieron en órganos reguladores coordinados del sector energético en México; se elevó su naturaleza jurídica al nivel de dependencias del poder Ejecutivo federal, en un estatus similar al de la Consejería Jurídica de la Presidencia.
El también excomisionado de la CNH explicó que la lógica fue tener órganos del Estado fuertes, con sus respectivos siete comisionados, nombrados por el Senado, a propuesta del presidente de la república, por periodos de siete años, con opción a un segundo periodo.
La idea era dotarlos de fortaleza institucional, alta especialización técnica y alejados de ciclos políticos sexenales, preparados para regular una industria estratégica, altamente especializada y económicamente poderosa.
Así deberían ser, pues su papel era fungir como árbitros en un sector que se abría a la participación de la inversión privada. En lugar de depender de la Sener, ahora están a la par, aunque esa dependencia los coordina pues ella es la responsable de la política energética.
Con todo eso se buscaba que todas las empresas que participan en el sector, es decir tanto públicas como privadas tuvieran un piso parejo.
En ese sentido, Gonzalo Monroy expuso que con la reforma energética de 2013 la CFE se convirtió en un participante en la generación de energía, ya sin la necesidad de anclar ningún proyecto y se desarrolló un mercado eléctrico mayorista, donde la CRE se volvió en un árbitro.
La CRE dejó de funcionar solo como una oficina de promoción de inversiones para consolidarse como un árbitro que garantice el piso parejo para los participantes en el sector ya sea la CFE como los privados.
De acuerdo con Gonzalo Monroy, con la llegada del gobierno del presidente Andrés Manuel López Obrador, lo que ocurrió en toda la administración pública federal fue el intento por concentrar el poder en el titular del poder Ejecutivo federal.
El mandatario no consideró a los organismos autónomos, como la CRE, como parte del Estado mexicano, sino como entidades con poder público del cual se les debe despojar.
Desde los primeros meses el gobierno planteó su eliminación pero, de entrada les quitó recursos. En 2020 le recortó 70% de presupuesto y 30% de sus plazas laborales.
Luego, puso en marcha dos estrategias. La primera consistió en una campaña “infame” contra su presidente, Guillermo García Alcocer y sus compañeros comisionados, hasta que finalmente renunció en septiembre de 2019.
Antes ya habían renunciado otros dos comisionados (Marcelino Madrigal y Guillermo Zúñiga). Hubo una cuarta vacante, la plaza que ocupaba Jesús Serrano Landeros, quien concluyó su periodo y también tuvo que ser reemplazado.
La segunda estrategia fue “capturar” el pleno de la CRE nombrando a personas leales a su movimiento. El analista recordó que tras un segundo rechazo del Senado de las ternas a cubrir las vacantes, el presidente López Obrador designó directamente a cuatro comisionados, pues ninguno de sus postulados logró la mayoría necesaria.
Los designados fueron Luis Linares Zapata, que se desempeñaba como gerente de La Jornada; Leticia Campos Aragón, investigadora de la UNAM; José Alberto Celestinos Isaac, ex subdirector de Producción de Pemex y Guadalupe Escalante Benítez, exsuperintendente de Planeación y Evaluación de Pemex.
Gonzalo Monroy destacó que algunos de los nuevos comisionados han dicho abiertamente que están para favorecer a las empresas del Estado, llámese Pemex o CFE.
Sergio Pimentel Vargas destacó que la CRE actualmente funciona con seis de siete comisionados, incluidos los cuatro alineados al gobierno.
El especialista dijo que el problema es que se perdería la especialización técnica y a los criterios económicos técnicos y jurídicos se impondrían cuestiones políticas, con lo que se volverá más una figura política, a las órdenes del presidente, que técnicas.
Gonzalo Monroy indicó que en estos momentos tenemos en la CRE a un árbitro abiertamente parcial y que ya no responde a criterios técnicos o económicos, sino simplemente a la política energética del gobierno.
El problema, añadió, es que, en ocasiones, actúan en contra del marco legal vigente y en contra de los compromisos del gobierno contraídos ante socios comerciales como Estados Unidos y Canadá.
Sergio Pimentel Vargas y Gonzalo Monroy recalcaron que, con el objetivo de favorecer a las empresas del Estado los comisionados de la CRE claramente han tomado varias decisiones, por ejemplo, negar los permisos a las empresas privadas.
El 6 de septiembre de 2021, la CRE negó la solicitud de permiso para operar un parque fotovoltaico con capacidad de 155.5 megawatts en el estado de Hidalgo que había presentado dos años antes la empresa Saturno Solar.
Asimismo la CRE negó a la empresa Desarrollos Solares Delicias modificaciones a su permiso de generación eléctrica relativas al aprovechamiento de la energía eléctrica generada y a sus planes de expansión.
Luego, el 22 de octubre de 2021, negó 12 permisos relacionados con el sector eléctrico a privados y el 29 de noviembre de 2021, negó cuatro permisos a Iberdrola para modificar sus planes de generación de energía.
El regulador negó la modificación de cinco permisos por un permiso con carácter único de generación, de los cuáles, una negativa fue para Enertek y las otras cuatro se concentraron en las filiales de Tamazunchale, Golfo, Altamira y Monterrey, todas ellas pertenecientes a Iberdrola.
La CRE no informó las razones de la decisión. Además, liberó 17 proyectos administrativos para sancionar a empresas relacionadas con el sector eléctrico y no precisó los motivos ni las compañías que enfrentarán los procesos.
“Hay una parálisis regulatoria, lo cual afecta a las empresas que hoy están en la incertidumbre”, destacó Pimentel Vargas, quien llamó la atención en que, por tratarse de empresas donde hay capital privado extranjero, protegido por tratados internacionales, podría generar reclamos de afectaciones a sus intereses, porque el regulador no se pronuncia respecto de las solicitudes presentadas.
Recordó que tanto el gobierno de Estados Unidos, como el de Canadá, han manifestado con mucha claridad y cada vez con más énfasis que las acciones del gobierno mexicano en el sector eléctrico van en contra de los compromisos plasmados en el tratado comercial con esas naciones y que van a usar las herramientas que le permite el acuerdo para proteger los intereses de las empresas de sus países.
Eso puede derivar en arbitrajes de empresas en contra del Estado Mexicano o medidas de Estado contra Estado, aunque habrá que esperar como se van materializando las acciones que decidan realizar las partes.
Lo que es un hecho es que el sector eléctrico está protegido por el T-MEC, otros tratados y acuerdos para la promoción recíproca de inversiones, abundó.
Dijo que, dadas esas condiciones, va a depender del desempeño de los comisionados, y del poder Judicial, al resolver controversias derivadas de las resoluciones a las que llegue, el sentido que tome la convivencia en el sector.
En este tenor, recordó que recientemente la SCJN determinó que la CRE tenía que acatar a una resolución específica de la Comisión Federal de Competencia Económica, el cual no había atendido.
Tambien recordó que hay varios amparos interpuestos en contra de resoluciones de la CRE, y habrá que ver cómo se resuelven en tribunales.
Eso quiere decir que estará sujeta a presiones jurídicas vía juicios de amparo y otros y desde el punto de vista político, porque los comisionados son sujetos de observación de lo que resuelven en el ejercicio de sus encargos, destacó.
Por su parte José María Lujambio, exdirector general Jurídico de la CRE consideró que el más grave problema del desempeño de la CRE en los últimos dos años ha sido su extraordinaria lentitud al resolver los asuntos que se le plantean, además de que en algunos casos, deliberadamente ha optado por no resolver.
Eso es muy delicado porque impide que se siga desarrollando el sector con la participación de empresas interesadas que, de buena fe, quieren generar electricidad, tener un registro para poder ser usuario calificado del suministro eléctrico, entre otras acciones.
Al parar eso, continuó, se genera un efecto muy negativo en la economía en su conjunto, dado que el sector eléctrico es un motor económico.
Destacó que, en algunos casos, las empresas afectadas han tenido que recurrir a los juicios de amparo ante la violación de ese regulador al derecho de petición, consagrado en el artículo octavo constitucional.
Esa violación a un derecho fundamental es quizá lo que ha definido a la CRE en los últimos años. “Una CRE silenciosa porque no contesta”, abundó
Lo grave, añadió, es que jueces la han obligado a responder y en la mayoría de los casos ha respondido negando permiso.
Mientras eso ocurría el gobierno del presidente López Obrador y su grupo político impulsaron y lograron la aprobación de la reforma a la Ley de la Industria Eléctrica que empodera a la CFE, aunque no cambia la naturaleza jurídica de la CRE. Además, presentaron una iniciativa de Reforma constitucional en materia eléctrica la cual es más radical en sus consideraciones. Contempla la desaparición de los reguladores y que sus funciones pasen a la Sener y a la CFE.
En ese sentido, los especialistas coincidieron en señalar que el gobierno del presidente López Obrador, a través de la iniciativa de reforma energética que se discute actualmente en el Congreso, como a través de la Ley de la Industria Eléctrica lo que busca es que la CFE se convierta en el actor ampliamente dominante en el sector eléctrico. Sin embargo, Gonzalo Monroy dijo que lo grave es que la CFE no tiene la capacidad de generar la energía eléctrica que requiere el país para desarrollarse. En estos momentos apenas y podría cubrir alrededor del 54% de la demanda, lo cual significaría que, si salieran los generadores privados, uno de cada dos hogares se quedaría sin electricidad.
Si México comenzara a crecer a tasas de 4 o 5% obviamente implicaría que crecería la demanda eléctrica y la CFE tendría que quitarles recursos a otras dependencias para poder abrir nuevas plantas generadoras de energía para satisfacer la demanda, añadió.
De acuerdo con Sergio Pimentel Vargas, la CFE no tiene capacidad por sí misma para soportar la demanda de energía eléctrica del país, que además es creciente año con año; sin embargo destacó que el modelo impulsado por el gobierno actual contempla la participación privada para la generación del 46% de la energía que se necesita.
Dadas las reglas y condiciones que se están plasmando en el sector, abundó, no habrá muchas empresas interesadas, sobre todo porque la CFE sería la que definiría a cuánto va a comprar la electricidad a los privados y a cuanto la va a vender al usuario final. Sería un órgano constitucional autónomo.
Pimentel Vargas comentó que luego de que en la SCJN no se alcanzaron los ocho votos de ministros para declarar inconstitucionales los cambios contemplados en la Ley de la Industria Eléctrica, se mandó una señal, ya incuestionable, por parte de esa alta instancia, pues “los jueces (de tribunales menores) sabrán que la ley no es inconstitucional, porque no se alcanzaron los ocho votos necesarios para ello, pero que la mayoría de los integrantes del pleno de la SCJN (7 de 11) así los consideran”.
Tendremos que esperar los muchísimos amparos pendientes que se están resolviendo, abundó.
En ese sentido Gonzalo Monroy comentó que la Reforma a la Ley de la Industria Eléctrica, actualmente en discusión en el Congreso, prácticamente no se toca a la CRE; sin embargo, en el proyecto de reforma constitucional en materia Eléctrica presentada en septiembre de 2022 claramente señala la eliminación de la CRE y que sus tareas de regulación se pasen a la CFE o la Sener, lo cual “es una aberración porque el jugador dominante no puede ser juez y parte”.
Dicho eso, expuso que lo relevante es que, con todo lo que ha pasado, el nivel de descrédito de la CRE parecería dar la razón a quienes plantean su desaparición.
“Hoy cualquier cosa que sea el futuro de la industria energética requiere un regulador que sea fuerte, que sea independiente y con dientes para poder ejercer la regulación, cosa que ya no tiene la CRE. Lo que ha hecho esta administración con la CRE es llevarla a un punto de descredito tal, que la coloca a punto de desaparecer”, dijo Monroy.
Envía AMLO ternas para vacantes de la CRE
9 de mayo de 2019. El presidente, Andrés Manuel López Obrador, envió al Senado de la República las ternas para llenar las cuatro vacantes en la Comisión Reguladora de Energía (CRE), sustituyendo a comisionados que renunciaron o finalizaron sus períodos.
Solicita presidente de la CRE audiencia López Obrador
23 de mayo de 2019. Guillermo García Alcocer, comisionado presidente la CRE, solicitó públicamente al presidente Andrés Manuel López Obrador una audiencia para explicarle que los organismos autónomos del sector energético no son enemigos de su proyecto de nación. Días antes el mandatario nacional había señalado que organismos autónomos, como la CRE, estaban subordinados a una manera de pensar de la política de privatizaciones y anunció que “se van a purificar estas instancias que estaban totalmente al servicio de intereses particulares”.
Renuncia comisionado Marcelino Madrigal
24 de julio de 2019. El comisionado de la CRE, Marcelino Madrigal Martínez, anunció que dejaría su cargo el 30 de enero. En su cuenta de Twitter publicó: “Por motivos estrictamente familiares y con la convicción de un trabajo bien hecho, dejo la más honrosa y satisfactoria experiencia profesional”
Anuncian partidos de oposición juicio de amparo contra nominación de comisionados
29 de julio de 2019. Senadores del PAN, PRI, MC y PRD anunciaron que presentarían demanda de juicio de amparo en contra de la nominación de 11 candidatos a comisionados de la Comisión Reguladora de Energía (CRE).
Renuncia comisionado Guillermo Zúñiga
12 de agosto de 2019. El comisionado de la CRE, Guillermo Zúñiga Martínez anunció su separación del organismo regulador. Al momento de su salida había trascurrido un año de su segundo periodo en el cargo.
Renuncia comisionado presidente de la CRE, Guillermo García
24 de septiembre de 2019. El presidente de la CRE, Guillermo García Alcocer anunció que renunciaría a su cargo a partir del 15 de junio. Dijo que el órgano de gobierno de esa institución “tiene hoy una nueva composición con una visión mayoritariamente diferente a la mía”. Fue designado por el Senado desde abril de 2016, para un periodo de siete años, mismo que finalizaría en mayo de 2023.
Designan a Hermilo Ceja comisionado de la CRE
26 de junio de 2020. El Senado designó a Hermilo Ceja Lucas como nuevo comisionado de la CRE. Estará en el cargo hasta diciembre de 2024. De 1982 a 2015 trabajó en la CFE, donde se desempeñó como coordinador de Distribución y gerente de Planeación de Distribución.
Publican lineamientos para comisionados de la CRE
2 de julio de 2020. Se publicó en el Diario Oficial de la Federación el Reglamento Interno de la CRE. En su artículo 13, establece que los comisionados deliberarán en forma colegiada y decidirán los asuntos por mayoría de votos sin posibilidad de abstención, con excepción de la existencia de interés directo o indirecto en los mismos.
Publican ajuste a cargos a productores privados de energía
30 de julio de 2020. La CRE aprobó un ajuste a los cargos que la CFE aplica a los privados por el derecho de usar su red de transmisión. Las nuevas tarifas aplican a los titulares de los contratos de interconexión legados con centrales de generación de energía eléctrica con fuentes de energía renovable o cogeneración eficiente. Esa acción fue en atención a una solicitud de la CFE en el sentido de que las tarifas de interconexión deben reflejar el costo real de la transmisión. Los contratos legados corresponden a centrales de energía convencional y renovable que se construyeron antes de la Reforma Energética del 2013.
Niega CRE permiso de generación a privado
6 de septiembre de 2021. La CRE negó la solicitud de permiso para operar un parque fotovoltaico con capacidad de 155.5 megawatts en el estado de Hidalgo que había presentado dos años antes la empresa Saturno Solar. Asimismo, negó a la empresa Desarrollos Solares Delicias modificaciones a su permiso de generación eléctrica relativas al aprovechamiento de la energía eléctrica generada y a sus planes de expansión.
Renuncia secretario ejecutivo de la CRE
23 de septiembre de 2021. Se conoció la renuncia del secretario ejecutivo de la CRE, Miguel Ángel Rincón Velázquez, sin informar acerca de las razones de esta decisión y en medio de acusaciones de retrasos en otorgamiento de permisos y señalamientos de actos de corrupción por parte de este regulador.
Niegan 12 permisos a privados
22 de octubre de 2021. La CRE negó 12 permisos relacionados con el sector eléctrico a privados.
CRE niega 4 permisos a Iberdrola
29 de noviembre de 2021. La CRE negó cuatro permisos a Iberdrola para modificar sus planes de generación de energía. Negó la modificación de cinco permisos por un permiso con carácter único de generación, de los cuáles, una negativa fue para Enertek y las otras cuatro se concentraron en las filiales de Tamazunchale, Golfo, Altamira y Monterrey, todas ellas pertenecientes a Iberdrola. La CRE no informó las razones de la decisión. Además, liberó 17 proyectos administrativos para sancionar a empresas relacionadas con el sector eléctrico y no precisó los motivos ni las compañías que enfrentarán los procesos.
Propone modificar criterio de interpretación de ordenamiento para generación en sitio
13 de diciembre de 2021. La CRE presentó ante la Comisión Nacional de Mejora Regulatoria una propuesta de acuerdo para modificar los criterios de interpretación que regulan las modalidades de generación de energía en sitio, que eliminaría completamente a la figura de generación local. Propuso eliminar el concepto de empresa de generación, así como el esquema de generación local y los esquemas de negocios que explican el modelo de abasto aislado.
Anuncia candados a generación de privados
22 de diciembre de 2021. La CRE presentó ante la Comisión Nacional de Mejora Regulatoria un proyecto de acuerdo en el que establece los nuevos requisitos para presentar los permisos para generar energía. El regulador estableció que los interesados en obtener permisos de generación deberán presentar el estudio de impacto en la red antes de tener el permiso, cuando la regulación actual establece que primero es necesario obtener el permiso de generación, situación que es contraria al marco legal vigente.
CRE publica código de Red
31 de diciembre de 2021. La CRE publicó el Código de Red, aplicable a todos los usuarios del Sistema Eléctrico Nacional, así como las disposiciones operativas y los respectivos manuales y procedimientos. El documento contiene las disposiciones administrativas de carácter general que contienen los criterios de eficiencia, calidad, confiabilidad, continuidad, seguridad y sustentabilidad del Sistema Eléctrico Nacional: Código de Red”.
Prohíbe a privados vender excedentes de energía eléctrica
31 de diciembre de 2021. La CRE publicó modificaciones de los criterios para la interpretación del concepto de “Abasto Aislado” de energía y desapareció el de “Generación Local”, con lo que eliminó el esquema de negocio para empresas e industrias con sistemas propios de generación, como paneles solares. Con eso ya no podrán ampliar su capacidad ni exportar sus excedentes al sistema eléctrico.
Modifica requisitos para generación de energía eléctrica
30 de marzo de 2022. La CRE emitió un acuerdo para modificar los requisitos que tienen que entregar las empresas que busquen obtener permisos de generación eléctrica. Las empresas tendrán que presentar el estudio de impacto, elaborado por el Centro Nacional de Control de Energía para determinar las características específicas de la infraestructura requerida para la interconexión de centrales eléctricas o conexión de centro de carga para cumplir con el criterio mínimo de interconexión y, a elección del solicitante, el criterio para Garantizar la disponibilidad de entrega física o ambos, antes de obtener el permiso de generación.
Fuente: El Economista/Energía a Debate/CRE.
diego.badillo@eleconomista.mx
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