La base de datos más extensa sobre crimen organizado en Latinoamérica y el Caribe
En 2021, la mayor parte de los países de América Latina experimentaron un acentuado aumento en los asesinatos. Era de esperarse que la violencia resurgiera en la región, después del levantamiento de algunos de los confinamientos por COVID-19 más estrictos del mundo.
Gran parte de la población se hundió más en la pobreza, lo que quizá agravó ciertos males sociales, como el consumo de alcohol y drogas. Dado que las escuelas tardaron en reabrir sus aulas, los adolescentes regresaron ociosos a las calles.
La pandemia también dificultó el trabajo de la policía. Las instituciones policiales se redujeron, pues los agentes se enfermaron o se requirieron para otras funciones.
A su vez, los grupos del crimen organizado encontraron nuevas oportunidades a medida que el mundo reemergía. El tráfico de cocaína aumentó y las pandillas cometieron asesinatos para apoderarse de las esquinas de expendio.
VEA TAMBIÉN: GamceChangers 2021: COVID, corrupción, deforestación y drogas sintéticas
En Ecuador, ubicado entre dos países productores de cocaína y con un importante puerto para el contrabando de drogas hacia Europa, se duplicaron los asesinatos y se presentaron los motines de pandillas carcelarias más sangrientos de su historia. En Costa Rica, los asesinatos aumentaron en provincias útiles para el contrabando de cocaína. Los asesinatos por sicarios aumentaron en Paraguay y Perú.
A pesar de una leve reducción en los asesinatos, México presenció una terrible violencia de carteles que, a manera de pequeños ejércitos, se enfrentaron por el territorio. A lo largo de la anárquica frontera entre Colombia y Venezuela, actores armados de todo tipo lucharon entre sí, dejando regueros de muertos y miles de desplazados.
Las fuerzas de seguridad de Venezuela fueron acusadas de matar a ciudadanos por doquier, tanto en distritos urbanos como en pueblos remotos. Los países del Triángulo Norte (El Salvador, Guatemala y Honduras) siguieron siendo algunos de los más violentos de la región.
Jamaica fue aporreada por una violencia tal, que el primer ministro del país se vio medio perdido en cuanto a lo que debía hacer. Y Haití, incluso antes del asesinato del presidente en el mes de julio, ya había entrado en conmoción, y tuvo su año más violento en una década.
Por su lado, los países que suelen tener las tasas de homicidios más bajas, como Argentina, Chile y Uruguay, al parecer están minimizando los datos relacionados con violencia en 2021, con cifras oficiales difíciles de interpretar.
En su Balance Anual de Homicidios, InSight Crime informa sobre las tasas de homicidios en cada país de la región, y sobre los factores que causan el derramamiento de sangre.
Por segundo año consecutivo, Jamaica tuvo la tasa de homicidios más alta de la región.
El país isla del Caribe registró 1.463 asesinatos en 2021, lo que significa una tasa de homicidios de casi 50 por cada 100.000 habitantes. Los jamaiquinos se vieron golpeados el año pasado por brutales asesinatos y por una espiral de violencia en medio de la “tercera ola” de COVID-19.
Los homicidios aumentaron un 10 por ciento a fines de noviembre, cuando el primer ministro Andrew Holness anunció que impondría el estado de emergencia en siete de los distritos policiales más violentos de la isla. Dichos distritos, cuatro de ellos en la capital, Kingston, y tres en el oeste del país, tuvieron tasas de homicidios de hasta 190 por cada 100.000 habitantes.
Cerca de un tercio del país quedó bajo estado de emergencia, lo que permitió el despliegue del ejército y un aumento en los puestos de control policiales. El estado de emergencia, una respuesta frecuente ante la inseguridad, fue levantado después de dos semanas dado que las restricciones no tuvieron el apoyo de los legisladores.
Según el comisionado de policía Antony Anderson, las pandillas criminales fueron responsables de casi tres cuartas partes de los homicidios del país en 2021. Dice que las pandillas se benefician del intercambio de drogas por armas, de la extorsión y de las redes de estafa. También afirma que cuentan con el apoyo de organizaciones criminales extranjeras.
Las Zonas de Operaciones Especiales, donde las autoridades pueden hacer allanamientos sin órdenes judiciales e imponer toques de queda, se han ampliado incluso hasta Westmoreland, un distrito al suroeste de la isla que registró el mayor aumento en los asesinatos en un año. Allí, los homicidios pasaron de 80 en 2020 a 128 en 2021. Dicho aumento de la violencia se produjo cuando el distrito se vio afectado económicamente por la pandemia, lo que produjo el colapso de sus industrias turística y azucarera.
En su discurso de año nuevo, el primer ministro Holness dijo que aumentaría las penas por posesión de armas ilegales. No obstante, poco después el país fue sacudido por una ola de violencia diferente a todas las anteriores: más de 70 personas fueron asesinadas en solo 15 días en el mes de enero.
Aunque los homicidios se redujeron en un seis por ciento en Venezuela, el país siguió siendo uno de los más violentos de la región.
Según datos del Observatorio Venezolano de Violencia (OVV), el país registró 11.081 muertes violentas en 2021, es decir, 810 menos que en 2020. Según la organización no gubernamental, la tasa de homicidios fue de 40,9 por cada 100.000 habitantes, un conteo que incluye homicidios, asesinatos por parte de las autoridades, muertes bajo investigación y desapariciones. Si no se tienen en cuenta las desapariciones, la tasa de homicidios del país desciende a 33 por cada 100.000 habitantes.
En 2021 fueron asesinadas por criminales 3.112 personas, alrededor de nueve por día. Otras formas de delitos violentos, como los hurtos y los robos de vehículos, aumentaron en más del 10 por ciento. Según el OVV, este aumento quizá se debe a que los ladrones atacan a personas y tiendas que poseen dólares estadounidenses.
Caracas siguió siendo el epicentro de la violencia en el país. El Distrito Capital registró una tasa de homicidios de 80 por cada 100.000 habitantes, según el OVV. La violencia en la ciudad empeoró cuando las autoridades se enfrentaron a la pandilla de El Koki, primero en el barrio de La Vega y luego en el bastión de la pandilla en Cota 905. La incursión en La Vega dejó como resultado casi dos docenas de muertes. Seis meses después, casi 30 personas murieron cuando unos 800 soldados sitiaron Cota 905, inspeccionando casa por casa en medio de tiroteos. En ambas ofensivas, las autoridades fueron acusadas de disparar indiscriminadamente contra los habitantes, en su intento por erradicar a la pandilla y a su líder, Carlos Luis Revete, alias “El Koki”.
VEA TAMBIÉN: Victoria para El Koki: invasión urbana en Caracas
Las fuerzas de seguridad de Venezuela causaron tantas muertes como los criminales, pues mataron a unas seis personas por día. Según el OVV, 2.332 homicidios en el país fueron catalogados como casos en los que las víctimas se resistieron a las autoridades.
Los cuatro estados venezolanos que registraron las tasas de homicidios más altas fueron Miranda, Bolívar, Delta Amacuro y Aragua. InSight Crime recientemente reportó que los grupos guerrilleros colombianos, las pandillas armadas y las fuerzas de seguridad se han enfrentado por el control de la minería ilegal en el estado Bolívar, una zona rica en oro.
Ubicado en la frontera con Colombia, el estado Apure se vio afectado por una guerra entre el ejército venezolano y combatientes colombianos disidentes pertenecientes al Frente 10 de las extintas Fuerzas Armadas Revolucionarias de Colombia (FARC). Una gran operación militar que comenzó el 21 de marzo obligó a miles de personas a huir de sus hogares. Durante el conflicto, que se extendió por unos dos meses, murieron unos 16 soldados. Human Rights Watch acusó a las fuerzas de seguridad venezolanas de ejecutar sumariamente al menos a cuatro personas, cuyos cuerpos luego fueron modificados para hacerlas pasar como guerrilleros.
En esta anárquica región fronteriza de Venezuela también fueron asesinados dos altos comandantes de las ex-FARC: Darío Velásquez, alias “El Paisa”, y Henry Castellanos Garzón, alias “Romaña”.
Honduras sostuvo el deshonroso título del país más violento de Centroamérica, con una tasa de homicidios de 38,6 por cada 100.000 habitantes.
Los 3.651 asesinatos registrados el año pasado, según cifras preliminares del gobierno, representaron un aumento con respecto a los 3.496 en 2020, pero aun así están por debajo de los casi 4.000 homicidios de 2019.
El año pasado, las masacres (asesinatos de tres o más personas) ocurrieron a la alarmante tasa de aproximadamente una por semana. Los 53 asesinatos múltiples fueron a menudo el producto de disputas entre pandillas o de asesinatos por venganza. El experto en crimen, Nery Ordóñez, señaló a Procedo Digital que varias masacres se cometieron a raíz de las grandes incautaciones de drogas en la zona norte del país.
El departamento de Cortés, donde se encuentra la ciudad de San Pedro Sula, registró la mayor cantidad de masacres de todos los departamentos, con 41 personas asesinadas en 14 incidentes. La segunda ciudad más grande del país, San Pedro Sula, es un bastión de la MS13. Allí, la pandilla callejera ha llegado a dominar la venta y el tráfico de un tipo de marihuana potente y muy lucrativa.
El distrito central del departamento Francisco Morazán, que abarca la capital y la cercana ciudad de Comayagüela, registró la mayor cantidad de asesinatos en áreas urbanas, con 481 muertes.
En 2021, Honduras registró algunos de sus peores episodios de violencia política, en el período previo a las elecciones presidenciales de noviembre. Según El Heraldo, 68 candidatos a distintos cargos públicos fueron asesinados el año pasado. De ellos, 31 estaban vinculados al Partido Nacional, partido de derechas al que pertenece el expresidente Juan Orlando Hernández, quien durante mucho tiempo ha sido acusado de corrupción y participación en narcotráfico. Veinte candidatos asesinados hacían parte del Partido Libre, partido de izquierda liderado por Xiomara Castro, cuya victoria puso fin a más de una década de gobierno del Partido Nacional. Y los miembros del Partido Liberal, que ejerce menos influencia, no se salvaron de esta ola de violencia. En las semanas previas a las elecciones, tres candidatos de dicho partido fueron asesinados, entre ellos un alcalde popular que aspiraba a su quinto mandato.
La presidenta Castro ha prometido desmilitarizar la policía, lo que representa una ruptura con respecto a las políticas de mano dura de las administraciones anteriores. Sin embargo, es probable que su compromiso con esa estrategia se ponga a prueba ante cualquier aumento de la violencia.
En Trinidad y Tobago, los homicidios aumentaron un 12 por ciento el año pasado.
El país registró 448 homicidios en 2021, un aumento con respecto a los 399 de 2020, según el servicio de policía de la isla. Sin embargo, esta cifra se mantuvo por debajo de la de 2019, uno de los años más violentos de los que se tiene registro, cuando el país contabilizó 539 asesinatos.
El comisionado interino de la policía, McDonald Jacob, trató de justificar estas cifras, diciendo ante la prensa en el mes de diciembre que “los asesinatos son el principal barómetro con el que se suelen juzgar los resultados. Pero hemos tenido una reducción significativa en otros delitos”, señaló, refiriéndose a los hurtos y los robos.
Sin embargo, hubo un aumento de otros crímenes violentos como los tiroteos, los delitos sexuales y los secuestros.
En 2021, hubo al menos 33 feminicidios, y la violencia contra las mujeres, entre ellas algunas manifestantes, ha sido ignorada de tiempo atrás por el gobierno. Los ataques contra residentes de origen chino, en especial los que poseen negocios, también continuaron en 2021. Por ejemplo, un tendero de 72 años fue golpeado hasta causarle la muerte, durante un robo por parte de tres hombres enmascarados.
Además, la actual crisis económica de Venezuela, y el aumento de la criminalidad en dicho país, a solo unas millas náuticas de distancia, han afectado gravemente a Trinidad y Tobago. La piratería abunda en las aguas entre los dos países, y la trata de personas está aumentando de manera constante, por lo que docenas de personas mueren en su intento por llegar a la isla en botes.
Con 125 asesinatos en 2021, Belice no logró continuar la tendencia positiva de 2020, año en que registró la tasa de homicidios más baja en una década.
Para el comisionado de policía del país, Chester Williams, quien habló con medios locales, este aumento se debió a un período especialmente violento de conflictos entre pandillas en los meses de mayo y junio del año pasado.
En julio, Vice informó que más de dos docenas de pandillas enemigas de la ciudad de Belice estaban esencialmente continuando una de las rivalidades de pandillas más famosas de todos los tiempos: la de los Bloods y los Crips en Los Ángeles. Los deportados de Estados Unidos se fueron con sus lealtades hasta Belice en la década de los ochenta, así como los migrantes centroamericanos llevaron la MS13 al Triángulo Norte. Hoy en día, las pandillas de Belice se han atomizado, lo que sigue generando conflictos.
La muerte de un adolescente causó una indignación especial: en septiembre, Dwayne Gabourel, un muchacho de 15 años, fue asesinado a tiros mientras se encontraba comprando pan.
Los asesinatos en Colombia aumentaron a niveles que no se veían desde hacía siete años, un revés para el país andino, que había logrado grandes avances en la reducción de los asesinatos.
Según la Policía Nacional, el país contabilizó 13.709 homicidios en 2021, lo que elevó su tasa de homicidios de un mínimo de 23,8 por cada 100.000 habitantes en 2020 a 26,8 el año pasado. Los 1.691 asesinatos adicionales en 2021 se pueden atribuir en parte a la reapertura del país después de un confinamiento de cinco meses por COVID en 2020. Sin embargo, el total de asesinatos del año pasado aumentó un 8 por ciento en comparación con 2019, y 2021 fue el primer año desde 2013 en que Colombia superó los 13.000 asesinatos.
Se observaron aumentos en los asesinatos tanto en las principales ciudades del país como en las zonas rurales, aunque los factores que impulsan la violencia difieren según la zona.
Según cifras de la policía, las ciudades de Cali y Bogotá registraron aumentos en los homicidios. En la capital, donde se presentó un aumento del siete por ciento en los homicidios en comparación con 2020, se dieron sobre todo en la zona occidental de la ciudad. Bogotá también registró un aumento en otros delitos violentos, incluido un incremento del 12 por ciento en los robos.
Los asesinatos en Cali aumentaron 13 por ciento. La ciudad tuvo un período turbulento de ocho semanas de protestas antigubernamentales en los meses de mayo y junio, durante las cuales murieron 331 personas. Tras bloqueos en toda la ciudad, varios grupos criminales efectuaron actos violentos.
La ciudad de Medellín registró un moderado aumento, pasando de 369 asesinatos en 2020 a 403 en 2021.
Por otro lado, la violencia aumentó en la anárquica frontera colombo-venezolana. La región selvática del Catatumbo, al noroeste de Colombia, donde existe una gran cantidad de cultivos de coca, quedó sitiada por una guerra entre un frente disidente de las extintas Fuerzas Armadas Revolucionarias de Colombia (FARC) y el Ejército de Liberación Nacional (ELN), el grupo guerrillero más grande de Colombia. En esta batalla por el control criminal, la ciudad de Tibú experimentó lo que al parecer fue un asesinato sistemático de mujeres.
Al otro extremo del país, los departamentos de Cauca y Valle del Cauca, en el suroccidente, registraron casi 100 muertos en 26 masacres. Ambos departamentos, críticos para el transporte de drogas desde el Pacífico o hacia Ecuador, son un avispero de actores criminales, incluidos tres frentes disidentes de las FARC, el ELN y la banda de narcotraficantes Los Urabeños, también conocida como Clan del Golfo. En el departamento de Antioquia, en la región central del país, 52 personas fueron asesinadas en 14 masacres. Además, Colombia siguió siendo uno de los países más peligrosos del mundo para los líderes sociales. También hubo un alarmante aumento de los asesinatos de ciudadanos venezolanos. En 2019, fueron asesinados 444 venezolanos. Esta cifra aumentó a 625 en 2020 y llegó a 751 en 2021.
Si bien los homicidios disminuyeron en México en 2021, realmente no se sintió la mejoría, pues el país superó los 30.000 asesinatos por cuarto año consecutivo.
El año pasado, las autoridades de México registraron 33.308 asesinatos y una tasa de homicidios de alrededor de 26 por cada 100.000 habitantes, según datos de la Secretaría de Seguridad y Protección Ciudadana (SSPC). En total, la disminución fue de cerca del 3 por ciento con respecto a los 34.514 asesinatos de 2020, por lo que se mantiene la tendencia de los homicidios en el país, que ha sido relativamente estable desde el pico de 2018. México no ha logrado mantener bajo control a los grupos del crimen organizado que impulsan la violencia en el país.
Solo seis estados, Guanajuato, Baja California, Michoacán, Estado de México, Chihuahua y Jalisco, aportaron la mitad de los asesinatos.
En el mes de marzo, la violenta emboscada a una unidad policial en el Estado de México dejó un saldo de 13 agentes muertos. En junio, la violencia de carteles estremeció a la ciudad fronteriza de Reynosa, donde 19 personas fueron asesinadas a tiros a plena luz del día.
“Según todas las estimaciones, los grupos del crimen organizado parecen aportar una parte significativa, si no la mayor parte, de los recientes aumentos de la violencia en México”, señala el informe Crimen Organizado y Violencia en México 2021, publicado por el programa Justicia en México, de la Universidad de San Diego.
La criminalidad de México se ha vuelto cada vez más fragmentada y depredadora, lo que ha creado un clima de hiperviolencia. En la mayoría de los asesinatos se utilizan armas de fuego, y los grupos criminales cuentan con un flujo constante de armas de alto poder que llegan desde Estados Unidos a través de la frontera. Y si bien el tráfico de drogas, especialmente de las sintéticas, sigue siendo un factor importante que contribuye a los brotes de violencia, el secuestro y la extorsión también se han vuelto cada vez más rentables.
Las fuerzas de seguridad del gobierno fueron además culpables de cometer actos de violencia atroces. A principios de 2021, varios miembros de una unidad élite de operaciones especiales en el estado norteño de Tamaulipas —algunos de los cuales recibieron entrenamiento de Estados Unidos— estuvieron implicados en la masacre de 19 personas, en su mayoría migrantes, en la frontera entre Estados Unidos y México.
El año pasado hubo una alarmante tasa de asesinatos de mujeres. Desde 2015, los feminicidios han incrementado un asombroso 135 por ciento, pasando de 427 a 1.004 en 2021. En el país se han presentado más de 900 feminicidios cada año desde 2018, o alrededor de 75 cada mes. Algunos expertos señalan que esto se puede deber al hecho de que los fiscales estatales investigan cada vez más asesinatos de mujeres como si fueran feminicidios; aun así, no hay duda de que la violencia de género continúa siendo un problema grave en México.
La Policía Nacional de Puerto Rico registró 616 homicidios este año, en comparación con 529 el año anterior, lo que provocó que la tasa de homicidios aumentara a 19,3 por cada 100.000 habitantes, revirtiendo la disminución que se venía presentando y que llevó a que la tasa de homicidios del país fuera la más baja en más de 30 años.
Si bien esto puede parecer un retroceso, la tasa récord de homicidios del año pasado quizá se vio disminuida por las restricciones debido a la pandemia de COVID-19. Con la disminución de las restricciones, las tasas de homicidios han vuelto a los niveles de 2019, antes de la crisis sanitaria mundial.
De hecho, en declaraciones a El Nuevo Día, el comisionado de la Policía, Antonio López Figueroa, señaló que los datos de este año no deben compararse con las cifras de 2020, sino con las del año anterior. En efecto, hay apenas una leve diferencia entre el número de homicidios de 2021 y los 622 registrados en 2019.
Sin embargo, a medida que se recuperan los flujos de drogas a través del Caribe, Puerto Rico podría volver a experimentar un aumento de la violencia, como lo hizo en años anteriores.
Con 29.568 homicidios reportados de enero a septiembre, según el Monitor de Violencia de Globo, Brasil podría llegar a casi 40.000 asesinatos para fin de año. Esto lo ubicaría como el país con el mayor número de homicidios en 2021, por encima de México, Colombia y Venezuela; sin embargo, el país es además el más poblado de la región.
El año pasado, Brasil tuvo algunos avances en materia de seguridad. Según estadísticas preliminares, la tasa de homicidios proyectada, de 18,5 por cada 100.000 habitantes, fue inferior a la de 2020. Los gobiernos estatales también reportaron tendencias positivas. La capital, Brasilia, registró la tasa de homicidios más baja en casi 45 años. El estado de Santa Catarina, al sur del país, reportó su menor cantidad de asesinatos en más de una década, e incluso Río de Janeiro, donde a menudo se presentan los actos más sangrientos del país, tuvo algunos claros avances.
El presidente Jair Bolsonaro no tardó en atribuirse los méritos, afirmando que las tasas de homicidios y delitos violentos habían disminuido desde que él asumió el poder.
Pero hay preocupantes señales de que dichos avances pueden ser solo temporales. Las acciones policiales siguen cobrando la vida de miles de personas al año, con niveles de impunidad prácticamente totales. Este año hubo acusaciones de que se llevaron a cabo operaciones policiales, en las que murieron varias personas, con el objetivo de debilitar a las bandas de narcotraficantes y permitir que los grupos de milicias ingresaran a los barrios más pobres. En 2021, hubo más del doble de reportes de prisioneros torturados en algunas zonas del país. Además, en el Amazonas estallaron las tensiones de vieja data entre los mineros ilegales y las comunidades indígenas, con asesinatos de ambas partes de manera regular.
El año pasado, El Salvador experimentó una nueva disminución en los asesinatos, aunque esta vez fue mucho menor que la de 2020, cuando se redujeron casi a la mitad.
La Policía Nacional de El Salvador registró 1.140 homicidios en 2021, unos 200 menos que en 2020. Una tasa de homicidios de solo 17,6 por cada 100.000 habitantes, aunque sigue siendo alta, era inimaginable en el país centroamericano hace solo algunos años, cuando la tasa superó los 100 por 100.000.
El presidente Nayib Bukele se ha atribuido todo el mérito por la disminución de los asesinatos, que según él se debe a una política de seguridad que consiste en enviar policías y soldados a barrios controlados por pandillas. Pero su afirmación se vio desmentida cuando el Departamento del Tesoro de Estados Unidos sancionó a funcionarios de la administración a fines del año pasado, alegando que habían negociado con líderes pandilleros encarcelados para que redujeran los homicidios a cambio de acceso a teléfonos celulares y trabajadoras sexuales.
Si bien el número de asesinatos había disminuido, el año pasado se produjeron picos repentinos en los homicidios. Durante tres días de noviembre, El Salvador registró 46 homicidios, incluidos 22 en un solo día, la peor cifra diaria de muertes en 2021. Los jefes de las pandillas callejeras supuestamente cometieron los asesinatos para llamar la atención no solo del gobierno sino también de sus compañeros en las cárceles.
Las olas de violencia repentinas fueron la norma en 2021. A principios del año, casi dos docenas de personas fueron asesinadas en tres días. En una sola semana de noviembre se contabilizaron 21 asesinatos.
La atención que los medios prestaron a los asesinatos pareció haber irritado a la administración Bukele, que limitó la información sobre las cifras de homicidios y alteró los datos con el fin de excluir los cuerpos hallados en fosas comunes.
Las desapariciones no resueltas también aumentaron el año pasado, lo que llevó a preguntar si las pandillas estaban tratando de ocultar el número de muertos.
A medida que los confinamientos por COVID-19 se fueron levantando el año pasado, la violencia en Guatemala fue aumentando.
El país centroamericano registró 2.843 homicidios en 2021, lo que representa una tasa de 16,6 por cada 100.000 habitantes, según cifras proporcionadas por el Centro de Investigaciones Económicas Nacionales (CIEN). Guatemala contabilizó 266 asesinatos más el año pasado que en 2020, el año menos violento en una década.
La primera gran diferencia en las cifras interanuales se produjo en mayo, mes en el que el país registró 253 asesinatos, un aumento considerable con respecto a los 177 de 2020, cuando los confinamientos eran más estrictos.
Octubre fue el mes más violento del país, con 293 asesinatos, según datos del gobierno.
El Grupo de Apoyo Mutuo (GAM), organización de la sociedad civil guatemalteca que rastrea las cifras de homicidios mediante investigaciones forenses, señaló que el número de homicidios del año pasado fue aún más alto, y que hasta noviembre era de 3.715.
Según datos del GAM, tres departamentos tuvieron tasas de homicidios superiores a 50 por 100.000 habitantes: Escuintla, Zacapa y Chiquimula. Si bien los tres forman parte de corredores de drogas, estas regiones también padecen patrones de violencia relacionados con conflictos sociales y económicos.
El Departamento de Guatemala, que incluye a la Ciudad de Guatemala, aportó casi un tercio de los homicidios. La ciudad ha estado plagada de pandillas durante mucho tiempo, y allí son comunes los delitos relacionados con la violencia urbana, como la extorsión. Según el GAM, los vendedores tienen el oficio más peligroso, pues el año pasado fueron asesinados más de 100.
La violencia extrema al parecer también aumentó. El GAM registró 104 cuerpos con signos de tortura, casi el doble que en 2020.
Dicha hiperviolencia incluye la masacre de 13 miembros de una comunidad maya que fueron emboscados por hombres armados cuando salían de Santa Catarina Ixtahuacán, un municipio en las montañas de la Sierra Madre al occidente del país, para recolectar maíz. Entre las víctimas había mujeres y niños, cuyos cuerpos fueron hallados desmembrados e incinerados.
El espectro de la violencia del narcotráfico también apareció en las ciudades ubicadas en la frontera noroeste del país con México. En julio y agosto, se produjeron tiroteos a plena luz del día en las carreteras fronterizas. En las redes sociales circuló un video de presuntos miembros del violento Cartel Jalisco Nueva Generación (CJNG), el poderoso cartel mexicano, en el que amenazaban con matar a un inspector de policía y tres agentes guatemaltecos, a quienes acusaban de robar un cargamento de drogas.
A pesar de su pequeña población, Guyana ha registrado una tasa de homicidios bastante alta año tras año, alcanzando un estimado de 20 por cada 100.000 habitantes en 2020. Esta cifra parece haber disminuido en 2021, pues el subcomisionado de policía del país, Wendell Blanhum, reportó 119 asesinatos desde enero hasta mediados de noviembre, en comparación con 157 para el mismo período de 2020. Esto representa una tasa de homicidios de 15,2 por cada 100.000 habitantes.
Sin embargo, las autoridades guyanesas informaron sobre varias áreas problemáticas que podrían conducir a problemas para detener la violencia en el futuro, como la escasez de investigadores policiales y el rápido aumento de la población policial.
En 2021 también llamaron la atención varios aspectos críticos de seguridad, como el aumento de la minería ilegal y el drástico incremento de la violencia de género.
En nuestra serie anual GameChangers, InSight Crime abordó la violencia en Ecuador el año pasado, informando sobre el rápido crecimiento de la violencia de pandillas, el sicariato y el tráfico de armas, en medio de la emergencia del país por COVID-19.
Las estadísticas son impactantes. Ecuador registró 2.464 asesinatos en 2021, casi el doble de los 1.362 que se presentaron en 2020, según datos de la policía nacional. Ningún otro país de América Latina y el Caribe tuvo un aumento de estas proporciones. Ecuador terminó el año con una tasa de homicidios de 14 por cada 100.000 habitantes, la más alta en una década.
Al menos 329 prisioneros murieron en motines carcelarios, dado que la guerra entre los Choneros, los Lobos y otras pandillas se salió de control. En uno de esos enfrentamientos, 119 reclusos fueron brutalmente asesinados, pues facciones pandilleras rivales utilizaron armas automáticas y granadas dentro de la prisión. A los dos carteles mexicanos más peligrosos, el Cartel de Sinaloa y el CJNG, se les inculpó de haber proveído armas a las pandillas, aunque el alcance real de su influencia sigue sin estar claro.
Por otro lado, la violencia siguió las rutas del narcotráfico hacia el sur, desde Colombia hasta el puerto de Guayaquil. Los operadores de diversas mafias internacionales hicieron presencia y el aumento del tráfico de armas a través de Ecuador demostró que las pandillas ya están muy bien armadas.
El año pasado, Haití experimentó los peores niveles de violencia en varias décadas, pues las pandillas dominaron el país tras el asesinato del presidente nacional.
En 2021, el país caribeño registró 1.630 asesinatos y una tasa de homicidios de 13,7 por cada 100.000 habitantes, según datos preliminares del Centro de Inteligencia y Operaciones (Centre de Renseignement et d’Opération) de la Policía Nacional de Haití (Police Nationale d’Haiti) y la Oficina Integrada de las Naciones Unidas en Haití (BINUH). La tasa de homicidios proyectada del país, de 13,7 por cada 100.000 habitantes, registra como la peor de los últimos años.
El asesinato del presidente Jovenel Moïse en el mes de julio, seguido de un devastador terremoto, desestabilizaron al país. Las poderosas y violentas pandillas criminales, que han llegado a controlar más del 60 por ciento del territorio alrededor de la capital, Puerto Príncipe, impidieron las entregas de ayuda y combustible, pues bloquearon las carreteras y los puertos del país. Por otro lado, el secuestro de 17 misioneros por parte de una pandilla llamó la atención sobre la explosión de secuestros en el país.
La violencia ya venía aumentando antes del asesinato del presidente, cuando un grupo de asaltantes armados asesinaron a disparos al menos a 19 personas en el distrito de Delmas, en Puerto Príncipe, según informes de la Red Nacional de Defensa de los Derechos Humanos (Réseau National de Défense des Droits de l’Homme, RNDDH). Entre los fallecidos se encontraban el periodista Diego Charles y la activista política Marie Antoinette Duclaire.
Entre enero y septiembre, al menos 1.200 personas fueron asesinadas.
“Haití enfrenta uno de sus peores brotes de violencia desde 1986”, señaló Human Rights Watch al referirse al país en su Informe Mundial 2021.
Si bien Panamá ha estado por mucho tiempo entre los países más seguros de América Latina, el aumento constante de la violencia en el país continuó en 2021, cuando se registraron 554 asesinatos y una tasa de homicidios de 12,8 por cada 100.000 habitantes, según datos oficiales de la Fiscalía General, lo que significa un 11 por ciento más que el año pasado.
En declaraciones a EFE, el comisario de Policía, John Dornheim, dijo que “más del 70 por ciento de los homicidios están relacionados con el crimen organizado nacional y transnacional”, afirmación que se ve respaldada por una serie de asesinatos violentos en el país centroamericano.
En particular, tres miembros de la pandilla Los Galácticos fueron asesinados a tiros a fines de octubre en un club nocturno de San Felipe, el casco antiguo de la capital de Panamá. El asesinato supuestamente se debió a un cargamento de cocaína que la pandilla había robado.
Las pandillas de Panamá se han vuelto más agresivas en los últimos años. De hecho, como informó La Prensa, presuntos sicarios mataron al subdirector de Registro Público, Agustín Lara, en la zona de San Miguelito, de la ciudad de Panamá, mientras participaba en el día de registro de su partido, el Partido Revolucionario Democrático (PRD), actualmente en el poder.
Dado que muchos de los asesinatos del país están ocurriendo cerca de los focos de tráfico de drogas, es probable que el creciente flujo de cocaína enviada a Europa y otros destinos sea el culpable del crecimiento del crimen organizado en el país centroamericano.
Costa Rica contabilizó solo 19 asesinatos más el año pasado, pero las disputas entre pandillas de narcotraficantes hicieron que los asesinatos se dispararan en algunas zonas del país centroamericano.
Los 588 homicidios de Costa Rica en 2021 ubicaron al país en una tasa de homicidios de 11,5 por cada 100.000 habitantes, apenas un poco por encima de la tasa de 11,2 del año anterior, según datos del Organismo de Investigación Judicial (OIJ).
Aun así, las autoridades consideraron motivo de alarma el hecho de que los homicidios aumentaron en dos provincias costeras: Limón y Puntarenas.
Limón, que cuenta con 125 millas de costa atlántica y un enorme puerto, el año pasado estuvo por encima de todas las demás provincias en cuanto a homicidios, con 151.
Los traficantes recurren a las pandillas locales de Limón para recibir, almacenar y contrabandear cocaína en contenedores que se dirigen hacia Europa. El control sobre esta porción del tráfico de drogas suele ser el causante de la violencia en Limón.
Asimismo, se considera que la violencia de pandillas es la culpable de la tasa récord de homicidios en la provincia más grande de Costa Rica, Puntarenas, cuya costa en el Pacífico es propicia para descargar el contenido de las embarcaciones cargadas de cocaína provenientes de Colombia. El año pasado fue el primero en que los asesinatos en Puntarenas superaron los 100, y aproximadamente la mitad de estos ocurrieron en el distrito central de la provincia. Según las autoridades, la mayor parte se produjo como resultado de conflictos entre pandillas por el control de la venta de drogas en las calles.
Tanto Limón como Puntarenas tienen altas tasas de pobreza y desempleo, lo que proporciona un suministro de reclutas para las guerras de pandillas.
Según datos oficiales del Observatorio de Seguridad Ciudadana, en República Dominicana se presentaron 841 homicidios entre enero y septiembre de 2021. Si esa tendencia se mantuviera durante el resto del año, el país podría registrar un estimado de 1.121 asesinatos y una tasa de homicidios de 10,3 por cada 100.000 habitantes.
Según Daniel Pou, politólogo y especialista en crimen entrevistado por El Nuevo Diario, el aumento de los homicidios hace parte de un recrudecimiento general de la violencia en el país insular, que según su hipótesis se dio por las políticas de confinamiento por COVID-19.
A estas cifras también contribuyen una serie de asesinatos de alto perfil cometidos por agentes de policía, entre ellos el asesinato de Robinsón Ramón Méndez Mancebo, quien recibió un disparo en el pecho por parte de un agente de policía. Los funcionarios dijeron inicialmente que él estaba armado, pero las imágenes de video que registraron los disparos refutaron esa afirmación.
El aumento de la violencia se ha producido a pesar de las palabras del presidente Luis Abinader, quien se comprometió públicamente a tomar medidas enérgicas contra el crimen organizado. Como isla ubicada en medio del Caribe, la República Dominicana es un lugar ideal para los narcotraficantes. Durante sus primeros nueve meses en el cargo, la fuerza pública incautó casi 24 toneladas de narcóticos, según un comunicado de prensa del gobierno.
De ser ciertas las estadísticas oficiales, los asesinatos en Uruguay disminuyeron un cinco por ciento desde 2020, ubicando al país en una tasa de homicidios de 8,9 por cada 100.000 habitantes.
Según cifras publicadas en enero de 2022 por la Fiscalía General de la Nación, Uruguay registró 309 homicidios el año pasado, una disminución con respecto a los 326 en 2020 y los 342 en 2019.
Sin embargo, el partido opositor Frente Amplio afirma que dichas cifras fueron reducidas, aduciendo que la categoría de “muertes sospechosas”, creada por el Ministerio del Interior, llevó a que docenas de homicidios se excluyeran del total.
Aunque Uruguay se considera uno de los países más seguros de América Latina, ha sufrido los efectos colaterales de una disputa entre pandillas brasileñas en Rivera, ciudad fronteriza al nororiente del país. Tres pandillas brasileñas, Bala na Cara, los Manos y los Tauras, se han estado disputando durante varios años el control del tráfico de drogas en el estado de Río Grande do Sul, al sur de Brasil, en la frontera con Uruguay. Al menos 16 homicidios se habían atribuido a esta disputa en Uruguay hasta mayo de 2021.
Los homicidios en Paraguay aumentaron el año pasado, debido en parte a una serie de asesinatos por parte de sicarios.
El país registró 525 asesinatos en 2021, un aumento del 9 por ciento con respecto a los 481 en 2020, según datos oficiales del Ministerio del Interior. La tasa de homicidios de Paraguay, de 7,4 por cada 100.000 habitantes, fue baja en el contexto latinoamericano. Sin embargo, hubo un método de asesinato, en su mayor parte vinculado al crimen organizado y a las bandas criminales, que estuvo en aumento: los asesinatos selectivos.
Entre enero y octubre del año pasado, Paraguay contabilizó 151 asesinatos por sicarios, lo que equivale a uno cada 48 horas, según un estudio del investigador Jorge Rolón Luna, exdirector del observatorio de seguridad del país.
Rolón Luna dice en un informe de Última Hora que el aumento de la actividad de tráfico, incluidos los conflictos por el territorio y las rutas para el comercio de cocaína, probablemente sea el causante del creciente uso del sicariato.
Los asesinatos selectivos dejaron un reguero de sangre en el departamento de Amambay, en la frontera entre Paraguay y Brasil. Cerca de una cuarta parte de los homicidios del país ocurrieron en dicho departamento, ubicado al oriente del país y donde se encuentra Pedro Juan Caballero, una ciudad fronteriza acostumbrada a la violencia.
En la ciudad tienen presencia diversos actores, desde traficantes independientes hasta miembros de la pandilla más poderosa de Brasil, el Primer Comando de la Capital (PCC). Según una investigación de InSight Crime, las incursiones del PCC en el comercio de marihuana y cocaína de la región han alterado el equilibrio criminal, lo que ha llevado a un aumento de la violencia.
La escalada de ataques por parte de sicarios impactó a Pedro Juan Caballero a fines de octubre, cuando la hija del gobernador de Amambay fue asesinada a tiros en una camioneta junto con otras dos jóvenes. Hombres armados descargaron más de 100 balas contra el vehículo y mataron al conductor, quien aparentemente era el objetivo, el narcotraficante Osmar Álvarez, alias “Bebeto”.
Sin embargo, la violencia no estuvo limitada a los sitios fronterizos. La capital de Paraguay, Asunción, y su populoso Departamento Central, también se vieron afectados por los asesinatos selectivos.
A finales de septiembre, un capitán de la Marina fue asesinado a tiros a pocas cuadras de la casa del ministro del Interior.
La violencia en Nicaragua aumentó este año, en el que el presidente Daniel Ortega encarceló a altos funcionarios y criminalizó la disidencia en el período previo a las elecciones.
Según la experta en seguridad Elvira Cuadra, que rastrea los asesinatos en el país mediante informes de los medios de comunicación y otras fuentes independientes, 189 personas fueron asesinadas durante los primeros seis meses del año pasado, lo que lleva a que el país tendría una tasa de homicidios de 5,7 por 100.000 en 2021.
Entre enero y junio, Cuadra registró 153 asesinatos, un aumento con respecto a los 104 del mismo período de 2020.
En una presentación de sus hallazgos en el mes de septiembre, Cuadra dijo que la violencia en el país no solo fue “sostenida y creciente en el tiempo”, sino además extrema, y señaló que casi el 40 por ciento de las víctimas de disparos fueron golpeadas varias veces, y casi la mitad de las víctimas de apuñalamiento sufrieron múltiples heridas. En dos casos, dijo, se sostiene que la policía fue la autora del crimen.
Cuadra agrega que en el año electoral hubo “un contexto favorable para esta violencia”.
La violencia que de manera abierta afectó a los ciudadanos no se presentó antes de que Ortega ganara su cuarto mandato consecutivo. Sin embargo, Urnas Abiertas, un grupo de observación electoral, registró más de 1.500 casos de violencia política. Esto incluye las acciones de la policía y los grupos paramilitares, que mantuvieron personas como rehenes en áreas específicas durante horas o incluso días, durante los cuales fueron hostigadas y amenazadas.
Además, Ortega aprovechó el sistema de justicia para reprimir a los opositores. Según Human Rights Watch, las autoridades detuvieron a siete candidatos presidenciales y al menos a 32 críticos del gobierno, algunos de los cuales fueron objeto de violaciones, como “interrogatorios diarios, prolongados confinamientos solitarios y alimentos insuficientes”.
(InSight Crime utiliza los datos de Cuadra debido a que las cifras oficiales no son confiables o son inexistentes).
En los últimos meses del año pasado, las autoridades de Perú solicitaron la declaración de un estado de emergencia en la capital y en un departamento del noroeste, con el fin de detener el aumento de la violencia.
Según cifras proporcionadas por el Instituto Nacional de Estadística e Informática (INEI) de Perú, el país registró 356 asesinatos entre enero y marzo. Con base en los limitados datos, el país podría llegar 1.427 asesinatos y una tasa de homicidios proyectada de 4,3 por cada 100.000 habitantes.
Si bien no es mucho lo que se puede deducir de las cifras, los informes de prensa indican que hubo un aumento de la violencia en las ciudades de Perú. Lima y la vecina ciudad portuaria del Callao registraron 776 homicidios entre enero y noviembre del año pasado. Más de la mitad fueron asesinatos selectivos, según RPP Noticias.
El ministro del Interior, Avelino Guillén, pidió a los legisladores que declararan el estado de emergencia en la capital para enfrentar el aumento de la delincuencia, una medida que les permitiría a las tropas realizar patrullajes.
El gobernador de La Libertad también intentó declarar el estado de emergencia en su departamento en el noroeste de Perú. En 2021, se registraron más de 200 asesinatos en La Libertad, que incluye la ciudad de Trujillo, donde un niño de cinco años fue asesinado cuando hombres armados dispararon contra su casa.
En la región Amazónica del país, donde abundan la tala ilegal y los cultivos de coca, los miembros de las comunidades indígenas continuaron siendo asesinados. En el lapso de una semana, dos indígenas fueron asesinados; uno de ellos era el primo de un líder de la comunidad de Sinchi Roca, que fue secuestrado y torturado antes de ser asesinado.
Antes de las elecciones presidenciales de junio, militantes de Sendero Luminoso mataron a 18 personas, incluidos dos niños, cuando atacaron un bar en el Valle de los Ríos Apurímac, Ene y Mantaro (Vraem), región selvática que produce la mayor parte de la cocaína del país.
Los homicidios se redujeron en casi un 25 por ciento en Chile en comparación con 2020, uno de los años más violentos del país.
Chile registró 698 homicidios en 2021, una disminución con respecto a los 918 de 2020, según estadísticas de la policía. Si bien la tasa de homicidios del país, de 3,6 por cada 100.000 habitantes, fue la más baja de América Latina, el país ha experimentado una escalada de la violencia en los últimos años, dada la actividad de las pandillas y el narcotráfico.
La disminución de los asesinatos se contradice con una situación considerada “preocupante” por el fiscal general de Chile, Jorge Abott. Para los expertos en seguridad, la situación es incluso peor. “Hemos visto mucha violencia, muchos homicidios que parecen ser ajustes de cuentas, como cuando una persona es asesinada dentro de un vehículo en movimiento», dice Pilar Lizana, experta en seguridad pública del centro de pensamiento AthenaLab, en comunicación con el diario El Mercurio.
Si bien Chile ha logrado evadir durante mucho tiempo la actividad criminal que se presenta en otros países y las pandillas que abundan en ellos, eso ya no parece ser así. El año pasado, una gran cantidad de migrantes fueron traficados al país, entre ellos muchos haitianos y venezolanos que atravesaban la remota frontera del país con Bolivia, a veces con consecuencias fatales. Las ganancias del tráfico de sus compatriotas atrajeron a suelo chileno a una de las pandillas más peligrosas de América Latina, el Tren de Aragua, una pandilla de Venezuela.
Los alijos de drogas también aumentaron, y el año pasado se incautaron casi 30 toneladas de marihuana y cocaína, más del doble que el año anterior. Los traficantes de armas también pusieron sus ojos en Chile, como puerta de entrada a América Latina, enfocándose en el puerto de Iquique, desde donde se han enviado armas a países ubicados al norte.
La actividad de las pandillas también causó alarma en Chile. Los narcofunerales, desaforados entierros de pandilleros, en su mayoría de México y Colombia, se presentaron con tanta frecuencia que un candidato presidencial prometió prohibir los fuegos artificiales.
Argentina publica sus estadísticas de criminalidad muy tarde en comparación con la mayoría de los demás países, por lo que no es posible señalar una tasa de homicidios nacional real o estimada. En 2020, alcanzó los 2.416 asesinatos, el nivel más alto en tres años, pero sigue siendo un avance significativo con respecto a los 3.228 homicidios que se presentaron en 2014.
Sin embargo, algunas ciudades y regiones argentinas han publicado sus estadísticas, lo que permite observar las dinámicas locales. La zona más violenta del país es de lejos la ciudad de Rosario, en la provincia de Santa Fe. Controlada durante mucho tiempo por un grupo llamado Los Monos, Rosario registró en 2020 una tasa de homicidios que triplica el promedio nacional. La situación empeoró en 2021.
El año pasado, en Rosario se registraron 241 asesinatos, la peor cifra en siete años, según informes de la prensa local.
Sin embargo, la provincia de Santa Fe tuvo una mejoría, con 358 asesinatos en 2021, frente a los 375 del año anterior. Hay numerosas razones que han llevado a Rosario a convertirse en la capital de la violencia en Argentina, pero en su mayoría tienen que ver con Los Monos y la defensa de su territorio. Dado que gran parte de los cabecillas de Los Monos han estado tras las rejas durante décadas, otros grupos criminales están incursionando en el tráfico de drogas y al contrabando de bienes raíces.
En el oeste, la provincia de Mendoza, un centro de tráfico de personas y drogas con Chile, reportó una pequeña disminución en los asesinatos.
A pesar de que se les enviaron solicitudes de datos oficiales, las autoridades de Bolivia no le habían respondido a InSight Crime ni habían publicado las cifras de homicidios de 2021 al momento de esta publicación. Tampoco hay estadísticas disponibles con respecto a los últimos dos años, aunque el país andino generalmente ha tenido niveles de violencia más bajos que los de sus vecinos.
Aun así, la violencia de género sigue siendo un problema grave en Bolivia, y aumentó una vez más en 2021, año en el que las autoridades documentaron al menos 108 feminicidios, según datos del Observatorio de Género, un grupo boliviano de defensa de los derechos de las mujeres. Tales crímenes han aumentado un impactante 315 por ciento desde 2015, ya que el país ha promediado más de 100 asesinatos selectivos de mujeres cada año.
“Las mujeres y las niñas siguen estando en alto riesgo de violencia”, señala Human Rights Watch en su Informe Mundial 2021.
*Las tasas de homicidios son calculadas por InSight Crime sobre la base de los datos disponibles de homicidios y el total estimado de población del país en 2020, según el Banco Mundial. Los datos parciales se actualizarán a medida que se disponga de cifras completas.
We encourage readers to copy and distribute our work for non-commercial purposes, with attribution to InSight Crime in the byline and links to the original at both the top and bottom of the article. Check the Creative Commons website for more details of how to share our work, and please send us an email if you use an article.
Queremos seguir robusteciendo la base de datos más extensa sobre crimen organizado de América Latina, pero para eso necesitamos recursos.
Los medios en Guatemala han confirmado que uno de los principales actores en el nombramiento del nuevo fiscal general del…
Dos expertos explican las estrategias de las redes criminales para penetrar al Estado, también dan luces sobre las vías que…
Un alto funcionario de la DEA ha encendido las alarmas sobre la forma masiva como los traficantes de heroína en…
Reciba información actualizada sobre el crimen organizado en la región, directamente en su correo.
Vamos al terreno para entrevistar, reportar, escribir e investigar. Verificamos y editamos una y otra vez nuestro contenido para generar el mejor impacto.
Nuestro trabajo es peligroso y costoso. Apoye nuestra labor de investigar el crimen organizado.
