A partir de este miércoles, los habitantes de la Ciudad de México podrán verificar si compraron o rentan un departamento en un edificio que se construyó violando el uso de suelo. Y aunque al momento solo se tiene información de la alcaldía Benito Juárez, las autoridades capitalinas contemplan actualizar la información con casos de todas las demarcaciones.
Se trata del portal de datos abiertos Desarrollos Inmobiliarios Irregulares en donde se concentra la información de 130 edificios que vecinos denunciaron en la mesa de atención de la Secretaría de Desarrollo Urbano y Vivienda (Seduvi) y que el Gobierno de la CDMX, después de cotejar la información y hacer un trabajo de campo en cada inmueble, confirmó que se construyeron en la ilegalidad.
“Estos 130 inmuebles están respaldados de que sí hay corrupción inmobiliaria, de que sí hay violación al uso del suelo”, subrayó en conferencia de prensa el titular de la Seduvi, Carlos Ulloa.
De acuerdo con cálculos hechos por la dependencia, los 130 inmuebles identificados hasta el momento significan alrededor de 800 departamentos edificados en 264 pisos excedentes que, en conjunto, representan un valor comercial de entre 7 mil y hasta 10 mil millones de pesos.
Incluso, el funcionario sostuvo que hay departamentos que se construyeron amparados en la Norma 26, exclusiva para vivienda de interés social, y que fueron vendidos a valor comercial.
Quienes ingresen a la plataforma encontrarán las direcciones de cada uno de los inmuebles irregulares, su fotografía, una ficha con la información condensada sobre qué podrían construir y qué construyeron, así como una carpeta con el expediente de cada construcción.
Aunque al momento las denuncias se han concentrado en edificaciones irregulares en la alcaldía Benito Juárez, en la plataforma presentada los vecinos de todas las alcaldías podrán enviar sus casos para que el Gobierno capitalino los analice y corrobore si se trata de inmuebles construidos en la ilegalidad. En caso de ser así, esa información se subirá.
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Eduardo Clark, director de gobierno digital de la Agencia Digital de Innovación Pública (ADIP), detalló que en los siguientes dos días estarán complementando cada una de las carpetas con documentos adicionales, los cuales están en revisión y en un proceso de testado a fin de eliminar datos personales.
“Cualquier persona que haya sido víctima o que conozca una construcción irregular puede directamente en esta página (denunciarlo) y nosotros estaremos revisando cada uno de los expedientes de información que nos proporcionen”, señaló el funcionario.
“Si viven en un inmueble irregular y no lo sabía, que se pongan en contacto con nosotros para brindarles asesoría jurídica”, insistió.
A partir de la próxima semana, en coordinación con el Instituto de Seguridad de las Construcciones, también comenzará la visita de cada uno de los 130 inmuebles a fin de verificar las condiciones de seguridad de los mismos.
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Respecto a quienes compraron de buena fe departamentos en estos inmuebles, el titular de la Seduvi destacó que se trabaja en una estrategia legal en la que no se ponga en riesgo su patrimonio.
“(Nuestra prioridad) es proteger a estos vecinos que compraron de buena fe, poder platicar con ellos y ofrecerles una salida (…) esa salida aún está en análisis de la misma jefa de gobierno (Claudia Sheinbaum) de cuál va a ser la ruta para que ellos puedan tener certeza jurídica”, comentó Ulloa.
El Congreso de Perú destituyó este miércoles a Pedro Castillo por “incapacidad moral” después de que el presidente anunciara la disolución de la Cámara y la instauración de un “gobierno de excepción”.
Los eventos se precipitaron después de que Castillo hiciera el inesperado anuncio -que fe calificado de “golpe de Estado” por representantes de todo el espectro político- a pocas horas de una sesión del Congreso en la que debía votarse una moción de vacancia en su contra.
Tras el anuncio, el Congreso terminó declarando la vacancia del presidente, es decir, su destitución, con 101 votos a favor y decretó que asuma la presidencia la vicepresidenta Dina Boluarte.
Unas horas antes, Castillo, en un mensaje a la nación, aseguró que su decisión de disolver el Congreso respondía a la “obstrucción” que ha enfrentado su gobierno por parte del Poder Legislativo.
“En atención al reclamo ciudadano a lo largo y ancho del país, tomamos la decisión de establecer un gobierno de excepción orientado a establecer el estado de derecho y la democracia”, expuso antes de anunciar las medidas que implicaba su decisión.
“Se respetará escrupulosamente el modelo económico basado en una economía social de mercado”, expuso el mandatario. “Se respeta y garantiza la propiedad privada”.
En medio de un rechazo generalizado por parte de las instituciones y de las fuerzas políticas del país, sobre la 01:30 PM hora local (18:30 GMT), la cadena RPP informó que el presidente Castillo abandonó el Palacio de Gobierno en compañía de Aníbal Torres, uno de sus asesores.
Castillo asumió la presidencia en julio de 2021. Desde entonces ha enfrentado múltiples acusaciones de corrupción y se ha visto obligado a reemplazar su cartera de ministros en varias ocasiones.
Tras el anuncio del presidente, los ministros de Economía, Justicia, Trabajo y Relaciones Exteriores, así como el embajador de Perú ante la ONU, anunciaron su dimisión. El abogado de Castillo también anunció que renunciaba a representar a su cliente.
Poco después, las Fuerzas Armadas y la Policía Nacional emitieron un comunicado conjunto en el que anunciaron: “Cualquier acto contrario al orden constitucional establecido constituye una infracción a la Constitución y genera el no acatamiento por parte de las Fuerzas Armadas y la Policía Nacional del Perú”.
El Tribunal Constitucional, entre otras instituciones, calificó al gobierno de Castillo como “usurpador”.
En su mensaje de este miércoles, el cual pronunció con la banda presidencial puesta, Castillo dijo que sus decretos vienen ante “la nefasta labor obstruccionista de la mayoría de congresistas”.
“Llevamos más de 16 meses de continua y obsequiada campaña de ataque sin cuartel a la institución presidencial, situación nunca antes vista en la historia peruana. La única agenda del Congreso desde el 29 de julio de 2021, en que juramente el cargo de Presidente de la República, ha sido y es la vacancia presidencial”, expuso.
Dijo que su gobierno ha invitado a la oposición al diálogo sin respuesta positiva. También criticó que el Legislativo no ha atendido los 70 proyectos de ley enviados por el Ejecutivo.
Al referirse a las acusaciones que han motivado varias mociones de vacancia, como la programada para este miércoles, dijo que no han tenido una justificación.
“El Congreso, sin pruebas, imputa al presidente comisión de delitos, muchas veces con las solas afirmaciones hechas en la prensa mercenaria, corrupta y cínica, que injuria, difama y calumnia con un absoluto libertinaje”, señaló.
Por Guillermo D. Olmo, corresponsal de BBC Mundo en Perú
Después de poco más de un año de gobierno y de un pulso permanente con sus rivales en el Congreso, el presidente Pedro Castillo tomó una decisión drástica, inesperada y que muchos consideran autoritaria.
Con su decisión de cerrar el Congreso, Castillo se adelantó a los congresistas, que hoy mismo iban a debatir una nueva moción para sacarlo del cargo, y emuló a Alberto Fujimori, que tomó una decisión similar en 1992. Sorprende que Castillo siga los pasos del dirigente al que él y los suyos culparon siempre de los males del país.
Sea como sea, nadie puede asegurar que esto vaya a garantizar su supervivencia política ni que Castillo cuente con los medios para imponer el gobierno de excepción que anunció.
Lo único claro en Perú a esta hora es que en la batalla entre Castillo y el Congreso ya solo puede quedar uno. Es un momento terminal para Perú. Y una escalada aún más peligrosa en la crisis institucional del país.
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