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El Decreto 811 de 2021 marcó una nueva hoja de ruta para el uso de cannabis en Colombia. Este se enfocó, en pocas palabras, en la viabilización de los usos industriales, como fibras, bebidas, alimentos, biocombustibles, entre otros. Sin embargo, pese a que esto se consideró como un importante avance, la promesa de que este negocio sea próspero, sobre todo para pequeños productores, sigue en veremos.
Un análisis de la Universidad Nacional (Unal) trajo al debate público los factores que están obstaculizando que Colombia desarrolle su potencial productor y exportador de cannabis.
De acuerdo con Iván Darío Gil, director del Centro de Excelencia en Cannabis y Agronegocios de la Unal, en los últimos cinco años se han conformado en el país alrededor de 1.000 empresas que tienen licencia otorgada para producir cannabis; sin embargo, la mayoría se queda en el papel, debido a la tramitología y el costo de los permisos.
Asimismo, el profesor Luis Carlos González, del Semillero de Investigación en Cannabis y Derivados de la Unal, indicó que “además de las licencias, después hay que hacer una evaluación agronómica que puede costar cerca de $200 millones, y tener la infraestructura adecuada con invernaderos y logística, que también ronda los $200 millones. Además de otros gastos en técnicas como la cromatografía para ver la calidad de la planta”.
Los cambios en las reglas
En 2021 el Gobierno del expresidente Iván Duque dio un impulso al cultivo al emitir el Decreto 811, en el cual ya no importaba el tamaño de la finca sino la inversión de capital. Este entró a reemplazar al de la administración de Juan Manuel Santos, que establecía que un pequeño y mediano productor era quien tuviera, máximo, media hectárea de cultivo de marihuana.
Además de estas modificaciones, esa regulación también estableció las tarifas de las licencias vigentes para 2022: la de cultivo de cannabis psicoactivo quedó en $39 millones; y la de no psicoactivo, en $13,3 millones. Las de fabricación de derivados quedaron por encima de los $27 millones.
En este sentido, González afirmó que cuando los pequeños productores se dan cuenta, ya no necesitan de hasta $100 millones para obtener la licencia y ponerla a andar, sino de hasta $1.000 millones para establecer un cultivo y un producto de calidad.
Así, la necesidad de ese capital es la que está haciendo difícil que los productores, sobre todo los pequeños, entren al negocio.
Más apoyos financieros
Para Diego Ruíz, productor y cofundador de FCM Global, empresa antioqueña productora de aceites, extractos y aislados de cannabis, Colombia aún está muy rezagada en cuanto a legislación y apoyos financieros para quienes quieren emprender en esta industria.
“Hay usos del cannabis que no requiere tanta inversión, como el industrial. Es decir, la elaboración de telas, espumas para carros, muebles, caullas, etc. Ya cuando el producto va para la ingesta humana o animal, las exigencias y el capita son muchos mayores”, apuntó Ruiz.
En cuanto al apoyo financiero, Ruiz afirmó que a los productores les hace falta más respaldo del gobierno, ya que en muchas ocasiones solicitan créditos pero el banco los niega, porque los emprendimientos están generando pérdidas.
“Necesitamos que los productores puedan acceder a créditos blandos. En este momento, la mayoría de emprendimientos están generando pérdidas porque hemos tenido muchas trabas. Una de ellas es que estamos esperando la reglamentación de concentración de CBD del Ministerio de Salud para la comercialización de alimentos, bebidas, y que el médico les pueda recetar a sus pacientes cannabis y se los cubra la EPS, como cualquier otro medicamento”, puntualizó el empresario.
El presidente de la Asociación Colombiana de Industrias de Cannabis, Miguel Samper, afirmó en entrevista con EL COLOMBIANO que el país ya tiene más de 57.000 hectáreas de tierras con licencia para sembrar de forma legal marihuana. “Las ventajas competitivas de Colombia son enormes. Tenemos 57.000 hectáreas licenciadas y listas para la siembra, pero con todos los requisitos de fiscalización ha sido muy difícil que las empresas arranquen el proceso. Además, en el sector tenemos 960 empresas constituidas, todas colombianas, y consideradas como micro o pequeñas empresas por su nivel de ingresos. Ahora hay voluntad política para que esos mercados se abran”, apuntó Samper.
Si quiere más información:
Periodista de economía y negocios. Egresada de la gloriosa Universidad de Antioquia.
