/ martes 26 de julio de 2022
Como eslogan, la premisa de “corregir el rumbo” encierra un anhelo de muchos ciudadanos de la capital poblana que confían en que las nuevas autoridades hagan mejor las cosas que quienes les antecedieron.
Eso es lo ideal, que se corrijan malas prácticas de gobierno o deficiencias en la conducción de la ciudad.
Pero los días, semanas y meses pasan y en la Unidad de Normatividad y Regulación Comercial, a cargo de Enrique Guevara Montiel no hay, por ejemplo, indicios de que se pretendan erradicar viejas y rentables prácticas de corrupción.
Si de verdad existe un intento de la administración de Eduardo Rivera Pérez por erradicar esos flujos de dinero para evitar clausuras a negocios que no tienen los permisos en regla, deben ir más allá de denuncias mediante códigos QR en credenciales de los trabajadores o buzones de quejas.
Y es que el modus operandi de los inspectores de Normatividad parece estar muy definido en cuanto a tarifas y tipos de amagos para lograr el objetivo, que no es otro que el de buscar la “mordida”, esa dádiva que encaja en la corrupción, en dineros oscuros imposibles de auditar y que van a dar a los bolsillos de funcionarios de diversos niveles.
En los llamados giros negros, que deben ser de los clientes frecuentes de los inspectores de Normatividad, hay tarifas fijas y mensuales de 3 mil pesos. El acuerdo, irregular, es hacerse de la vista gorda frente a la falta de permisos de operación.
No es el propósito de este texto proporcionar ubicaciones o nombres de establecimientos que se encuentran bajo la condición descrita o que fueron presa de estas prácticas hasta que descubrieron que regularizarse es más económico que las mordidas, aunque ciertamente más engorroso.
Pero lo mismo hay casos en el Centro Histórico que en la periferia de la ciudad y entre más alejado del zócalo, más complejo se torna el tener un control.
Si bien entre los dueños de negocios existe la certeza de que hay una estrategia del Ayuntamiento de Puebla por auditar toda clase de permisos con fines recaudatorios, también lo es que hay inspectores que se valen de estas revisiones para su propio beneficio (¿y de sus superiores?).
Grave sería que estas prácticas las conociera, tolerara o fomentara el titular del área, Enrique Guevara Montiel, pero igual de delicado sería que no estuviera al tanto de lo que realizan sus trabajadores.
Pero si eso ocurre a nivel de bares o antros, a nivel de pequeños negocios también hay prácticas intimidatorias con encargados o encargadas de tiendas que pretenden ser tomadas por sorpresa pidiéndoles toda la documentación de manera inmediata o el amago de una clausura. Y para estos casos la petición es de 250 o 300 pesos.
Ya hemos escuchado eso de que la corrupción viene tanto del servidor público que pide el dinero irregular para hacerse de la vista gorda como del ciudadano que opta por coludirse para evitar una sanción mayor, pero toca al gobierno, que se jacta de ser distinto poner un freno real a esta situación.
Hasta la próxima.
Como eslogan, la premisa de “corregir el rumbo” encierra un anhelo de muchos ciudadanos de la capital poblana que confían en que las nuevas autoridades hagan mejor las cosas que quienes les antecedieron.
Eso es lo ideal, que se corrijan malas prácticas de gobierno o deficiencias en la conducción de la ciudad.
Pero los días, semanas y meses pasan y en la Unidad de Normatividad y Regulación Comercial, a cargo de Enrique Guevara Montiel no hay, por ejemplo, indicios de que se pretendan erradicar viejas y rentables prácticas de corrupción.
Si de verdad existe un intento de la administración de Eduardo Rivera Pérez por erradicar esos flujos de dinero para evitar clausuras a negocios que no tienen los permisos en regla, deben ir más allá de denuncias mediante códigos QR en credenciales de los trabajadores o buzones de quejas.
Y es que el modus operandi de los inspectores de Normatividad parece estar muy definido en cuanto a tarifas y tipos de amagos para lograr el objetivo, que no es otro que el de buscar la “mordida”, esa dádiva que encaja en la corrupción, en dineros oscuros imposibles de auditar y que van a dar a los bolsillos de funcionarios de diversos niveles.
En los llamados giros negros, que deben ser de los clientes frecuentes de los inspectores de Normatividad, hay tarifas fijas y mensuales de 3 mil pesos. El acuerdo, irregular, es hacerse de la vista gorda frente a la falta de permisos de operación.
No es el propósito de este texto proporcionar ubicaciones o nombres de establecimientos que se encuentran bajo la condición descrita o que fueron presa de estas prácticas hasta que descubrieron que regularizarse es más económico que las mordidas, aunque ciertamente más engorroso.
Pero lo mismo hay casos en el Centro Histórico que en la periferia de la ciudad y entre más alejado del zócalo, más complejo se torna el tener un control.
Si bien entre los dueños de negocios existe la certeza de que hay una estrategia del Ayuntamiento de Puebla por auditar toda clase de permisos con fines recaudatorios, también lo es que hay inspectores que se valen de estas revisiones para su propio beneficio (¿y de sus superiores?).
Grave sería que estas prácticas las conociera, tolerara o fomentara el titular del área, Enrique Guevara Montiel, pero igual de delicado sería que no estuviera al tanto de lo que realizan sus trabajadores.
Pero si eso ocurre a nivel de bares o antros, a nivel de pequeños negocios también hay prácticas intimidatorias con encargados o encargadas de tiendas que pretenden ser tomadas por sorpresa pidiéndoles toda la documentación de manera inmediata o el amago de una clausura. Y para estos casos la petición es de 250 o 300 pesos.
Ya hemos escuchado eso de que la corrupción viene tanto del servidor público que pide el dinero irregular para hacerse de la vista gorda como del ciudadano que opta por coludirse para evitar una sanción mayor, pero toca al gobierno, que se jacta de ser distinto poner un freno real a esta situación.
Hasta la próxima.
Salvador Ríos
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