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Luis Fernando MejÃa, director de Fedesarrollo, habla de la reforma tributaria.
Claudia Rubio. Archivo EL TIEMPO
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Luego de que el Gobierno radicó el proyecto de reforma tributaria el 8 de agosto, varios expertos y analistas han hecho diferentes comentarios frente a temas como las exenciones, los impuestos saludables y el régimen de zonas francas.
Luis Fernando Mejía, director del centro de estudios económicos Fedesarrollo, dice que, si bien la iniciativa tiene puntos que van en la senda que requiere el país, un aspecto clave por revisar es que la carga fiscal a las empresas no termine ahuyentando la inversión.
(Puede leer también: Reforma tributaria de Petro: ¿y si soy pensionado y tengo un arriendo?)
En términos generales tiene elementos que van en la dirección correcta, y una parte importante de las recomendaciones de Fedesarrollo quedaron incorporadas. Por ejemplo el tema de eliminar las exenciones a las empresas y el descuento del ICA, que fue una discusión bastante grande que se dio con el Gobierno anterior.
También lo que se hace para mejorar la progresividad de la tributación de las personas, para que paguen un poco más las de más altos ingresos.
El primero es que esta es una reforma de 1,7 por ciento del PIB, en la que realmente no es claro cuál va a ser la destinación de los recursos que plantea recoger el Gobierno, porque tenemos como país la necesidad de continuar el ajuste fiscal. En eso el Gobierno tendrá que reducir casi dos puntos del PIB el próximo año y no es claro de estos recursos cuánto se va a gastar, y cuánto se va a utilizar para reducir el déficit fiscal.
El otro punto tiene que ver con la tributación a empresas y lo que los economistas llamamos el costo de uso del capital, que no es otra cosa que el costo de invertir. Cuando propusimos la eliminación de exenciones a las empresas, también dijimos que a la par debería hacerse una reducción de la tarifa de renta, actualmente en el 35 por ciento y que es muy alta comparado con países de la región.
Si a eso se le suma que el Gobierno está subiendo el impuesto a los dividendos, se está manteniendo la tarifa de renta y se plantea eliminar las exenciones, podría aumentar sustancialmente el costo de uso del capital y eso podría ser un desincentivo grande a la inversión. Por eso proponemos una tarifa de renta de empresas al 30 por ciento.
(Además, lea: Embutidos, papas fritas y patacones, entre los alimentos que se gravarían)
Pero el gobierno mantiene el régimen simple, que de alguna manera está enfocado en las empresas más pequeñas de varios sectores. En este régimen se quiere incluir un sector adicional, que es el sector de educación. No hace nada nuevo, pero mantiene ese régimen de tributación, con tarifas más bajas que incorporan entre otras cosas el impuesto de renta a empresas, el impuesto al consumo y el ICA en un solo pago bimestral.
La verdad no veo mucho espacio adicional, porque se está atacando dos de las tres grandes fuentes de exenciones. Uno, las de las empresas, que ya se están incorporando, y dos, las de las personas, que también se están limitando de manera muy grande a través de la reducción de los topes de exención. Y, en tercer lugar, en el rubro más grande, que implica un recaudo tributario de más de 70 billones anuales, que es el IVA, no veo ningún espacio en este momento desde el punto de vista político y social para tocarlo. Va a ser muy difícil buscar fuentes alternativas de recaudo.
La reforma tributaria contempla gravar las bebidas azucaradas.
Sergio Acero Yate
Estamos analizando la participación de los alimentos y bebidas no saludables en la canasta familiar, y preliminarmente nos está dando que no supera el 3 por ciento para los hogares más pobres. La afectación no sería tan grande desde el punto de vista del gasto y creo que vale la pena dar la discusión.
(Puede leer también: Pensiones, patrimonio y tarifas de renta, claves para la reforma tributaria)
Creo que esa es una buena salida política, porque el propósito de este tipo de impuestos no es generar recaudo, como tampoco el impuesto a las bolsas plásticas. En el 2016 se arrancó en 30 pesos por bolsa y ahora está en 50 pesos. No genera mucho recaudo pero da una señal a los consumidores.
No, porque el IVA es un impuesto al valor agregado que se da de manera muy general, y aquí la focalización está muy explícita en alimentos y bebidas ultraprocesados, y con exceso de contenido de azúcar.
Fui bastante crítico con la propuesta del gobierno anterior, porque mover el pago del ICA de una deducción a un descuento generaba incentivos para que las autoridades locales aumentaran el ICA. Y fue lo que pasó en Bogotá, que al llegar la pandemia lo aumenta a sectores que habían sido beneficiados.
La propuesta que ha acogido el Gobierno en la reforma es no hacerlo como un descuento sino como una deducción, es decir que una empresa cuando declare sus ingresos y sus costos, pueda deducir, como cualquier costo de producción, el ICA pagado a nivel territorial. Obviamente les sube la tributación y por eso hablamos de la importancia de pensar en una reducción de la tarifa de renta.
Desde el punto de vista de la plataforma política del gobierno que actualmente está en el poder, me parece que una salida interesante a la idea de parar la exploración de petróleo y ahora del gas, como lo ha dicho la ministra de Minas y Energía, podría ser justamente esta política de subir la tributación. Es un sector que si bien contribuye a la economía y la tributación, está involucrado en la necesidad de una transición energética.
Pero un punto clave aquí es que la Ocde acaba de publicar un documento que propone un marco de referencia para los impuestos en Colombia y allí plantean que las regalías no deben ser deducibles del impuesto de renta. Estamos haciendo los análisis y preguntando la racionalidad. Creo que hay que hacer las cuentas completas, viendo cómo está la tarifa de tributación efectiva y como quedaría, para hacer ese balance de qué tan viable y qué tan rentable es tener operación en el sector minero energético.
Ahí hay cosas que se pueden hacer, especialmente a través de limitar las deducciones y gastos que hacen. Valdría la pena revisar esa limitación. Me sorprende que el Gobierno está proponiendo reducir tarifas de régimen simple para los profesionales independientes de actividades liberales.
Esto puede generar problemas de inequidad en la tributación, es decir que los asalariados terminen siendo como siempre los paganinis de la reforma. Vale la pena un esfuerzo adicional para aumentar los impuestos de los independientes de altos ingresos y habíamos propuesto que estos profesionales liberales no puedan recibir pagos en efectivo, a través de una prohibición legal. No tiene sentido que profesionales de alta formación académica estén recibiendo pagos en efectivo.
ÓMAR G. AHUMADA ROJAS
SUBEDITOR DE ECONOMÍA Y NEGOCIOS
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