La economía de Playa del Carmen, cabecera del municipio de Solidaridad, uno de los destinos turísticos más importantes de América Latina, depende de tres factores: la playa, los servicios y la Quinta Avenida.
Los tres están al borde del colapso no solo por las secuelas de la crisis provocada por la pandemia, sino por la creciente inseguridad derivada de la lucha entre grupos delictivos por el “control de la plaza”.
Ambos factores se ven reflejados en el crecimiento de la economía informal y en el cierre de negocios.
En entrevistas por separado, integrantes de organismos empresariales locales como el Consejo Coordinador Empresarial de la Riviera Maya (CCE), la Confederación Patronal de la República Mexicana (Coparmex), la Cámara Nacional de la Industria de Restaurantes y Alimentos Condimentados (Canirac) y la Cámara Nacional de Comercio (Canaco) señalan que el cierre de empresas alcanza ritmos de entre 10 y 15 por semana, afectando toda clase de giros comerciales: desde hoteles, restaurantes hasta pequeñas fonditas y tiendas que tenían muchos años operando.
La Quinta Avenida de Playa del Carmen, considerada una de las zonas comerciales más ricas del país por la cantidad de recursos económicos que genera, tiene su propio reglamento que es regulado por dependencias como Comercio en la vía Pública y Desarrollo Económico.
Antes de la pandemia, en el municipio de Solidaridad se abrían entre 1,300 y 1,500 negocios nuevos por año. Pero al el cierre de 2020, esa cifra apenas superó las 300 nuevas altas.
En esta zona estaban permitidos un máximo de 50 comercios ambulantes, pero la última revisión reveló que ya son más de 700 los que operan a la vista de todos.
El ambulantaje también se extiende a la zona de playas, donde hay desde personas que ofrecen camastros, sombrillas, artesanías, alimentos y bebidas, hasta servicios en el mar, con embarcaciones sin registro que ofrecen paseos y renta de motos acuáticas.
De la mano de este problema está la creciente inseguridad provocada por los grupos delictivos que quieren tomar el “control de la plaza”, lo cual ha limitado el desarrollo de la actividad empresarial y la apertura de nuevos negocios.
Omar Sánchez es un restaurantero del municipio y tiene muchas historias que contar en ese sentido. Lo han tratado de extorsionar de varias formas, pero se niega a pagar derecho de piso. “Es una realidad que la pandemia redujo las ventas, nos quedamos sin posibilidades de pagos y es un gran inhibidor de negocios, pero el otro gran problema es la extorsión del gobierno y también del crimen organizado”, se queja el empresario.
Sánchez ha sufrido tres intentos de extorsión. En todos denunció. Los dos primeros fueron delincuentes que se hacían pasar como sicarios, el tercero fue un presunto integrante del Cártel Jalisco Nueva Generación. “La única forma de frenarlos es denunciarlos, si les pagamos los hacemos más fuertes. Tengo amigos a los que llegaron a pedirles hasta 120,000 para dejarlos abrir, más 17,000 mensuales para la maña —que es como se llama a grupos delictivos— y 10,000 mensuales para los inspectores de gobierno”, expone Sánchez.
En su caso, reconoce que le ganó la desconfianza con las autoridades locales y optó por denunciar ante la Secretaría de Marina, una instancia federal que goza de buena reputación.
Tan solo en la semana en la que se realizó la entrevista para esta investigación, el restaurantero contabilizó 13 negocios cerrados por extorsión. “Un hotel que balearon hace poco, farmacias y pequeñas joyerías, nadie se salva”, comenta.
Sánchez está afiliado a una agrupación empresarial y asegura que en diversas reuniones han reconocido cobros de extorsión que van de 5,000 o 15,000 pesos mensuales hasta 300,000, dependiendo del giro al que se dedican y el tamaño del negocio.
Al respecto, un empresario de este municipio asegura que los grupos delincuenciales han logrado causar miedo entre las dependencias de gobierno y la sociedad civil.
“Quintana Roo, al ser un estado con una afluencia turística importante, se ha convertido en un área de oportunidad para el crimen organizado, aquí vienen y te imponen trabajadores, llega el momento en el que los delincuentes operan tu negocio, tenemos una policía superada por el crimen organizado que, sumado a la corrupción, deja inactivas a las fuerzas del orden”, lamenta.
Corrupción en Solidaridad
Lenin Amaro, del CCE de la Riviera Maya, ilustra que la “extorsión oficial” es tan patente como la del crimen. A los empresarios registrados en el municipio de Solidaridad , dependiendo de su nivel, se les cobra entre $1,000 o $2,000 a los más pequeños, hasta $50,000 o $100,000 a los más desarrollados.
Desde el Consejo Coordinador Empresarial, dice, piden a los empresarios no caer en ello, porque donde hay un acto de corrupción siempre hay dos partes.
“Aunque te veas obligado a darlo, de alguna manera estás cayendo en el papel de cómplice”
Una de las dependencias que durante la investigación salió a relucir en reiteradas ocasiones por irregularidades fue Protección Civil.
El presidente del Consejo Coordinador Empresarial (CCE) de la Riviera Maya asegura que han hablado con gente de esta instancia municipal, que desde hace más de una década se ha convertido en un instrumento de extorsión.
“Te buscan de todo para multarte, pero ese dinero no entra entero a las arcas del gobierno municipal; es necesario que se atienda este problema, que no estén solo viendo qué cobran y qué le sacan al empresario, porque eso inhibe la inversión” -Lenín Amaro
“Te buscan de todo para multarte, pero ese dinero no entra entero a las arcas del gobierno municipal; es necesario que se atienda este problema, que no estén solo viendo qué cobran y qué le sacan al empresario, porque eso inhibe la inversión” -Lenín Amaro
De acuerdo con la alcaldesa de Solidaridad, Roxana Lili Campos Miranda, se trabaja en un sistema municipal anticorrupción que permitirá una labor de servidores públicos más transparente, que generará mayor confianza al ciudadano. Garantiza, dice, castigo para funcionarios corruptos.
Capacitación y ventanilla única
Ante el señalamiento de que las carteras de Protección Civil, Desarrollo Urbano, Comercio en la Vía Pública y Fiscalización son las que tienen el mayor número de quejas de los empresarios y organizaciones consultadas para esta investigación, la presidenta municipal sostiene que se trabaja en la capacitación y en un sistema que permita tener una ventanilla única para agilizar los trámites ciudadanos.
“Trabajamos para erradicar malas prácticas, la extorsión oficial y la corrupción”, señala al describir la creación de ese sistema anticorrupción.
Según los testimonios y a las propias declaraciones de funcionarios, la mayor amenaza a la economía y la seguridad de quienes tienen un negocio en este municipio son la delincuencia y la corrupción institucional.
Tal como lo exigen las asociaciones empresariales y la propia ciudadanía, para dar las mínimas garantías a todos aquellos que ya tienen o que desean emprender un negocio es imprescindible el trabajo coordinado de las corporaciones de seguridad con la nueva administración..— Por Lourdes Cruz (Este reportaje forma parte de la serie “La odisea de abrir un micronegocio en México”, coordinada por Ethos Laboratorio de Políticas Públicas)
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