Reducir dividendos y apostar por las energías renovables son algunas de las directrices que deben guiar la gestión de la mayor empresa pública de Brasil
Presidente Lula e o próximo CEO da Petrobras, o senador Jean-Paul Prates (Ricardo Stuckert/Reprodução)
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Bloomberg Línea — La elección del senador Jean-Paul Prates para dirigir Petrobras (PETR4, PETR3), según anunciado por el presidente electo de Brasil Lula en la tarde del viernes (30), no fue exactamente una sorpresa para quienes siguen el mercado de petróleo y gas.
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Prates figuraba entre los citados desde la recta final de la campaña electoral, en la que fue uno de los responsables de las propuestas del presidente electo Luiz Inácio Lula da Silva para este sector estratégico.
El político, de 54 años, está afiliado al Partido de los Trabajadores de estado de Rio Grande do Norte, el líder en producción de energía eólica en Brasil y gobernado por el partido desde 2019. Abogado, Prates fue secretario de Energía y Asuntos Internacionales. Fue el primer suplente de la senadora Fátima Bezerra, reelegida gobernadora del estado en octubre.
Desde la victoria de Lula el 30 de octubre, las acciones de Petrobras han sufrido una rebaja de recomendación y una reducción del precio objetivo por parte de corredoras y bancos.
Los informes apuntan a mayores riesgos de intervención del accionista de control – la Unión – en los planes estratégicos de la estatal de capital mixto, así como a un giro en las prioridades para los próximos cinco años de la empresa, que se ha convertido en la mayor pagadora de dividendos del país.
Con la previsión de cambio en los negocios, las acciones preferentes de Petrobras, las más negociadas en Ibovespa, se han desplomado de 37 reales (US$ 7) a 24 reales (US$ 4,54) en los últimos dos meses.
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El 19 de enero de 2023, la petrolera promete pagar la segunda y última cuota 43.700 millones de reales (US$ 24.700 millones) de dividendos a los accionistas, a pesar de las críticas de la dirección del Partido de los Trabajadores sobre la cuantía del reparto.
El 3 de noviembre, la presidenta nacional del partidoGleisi Hoffmann, cuestionó, en Twitter, la política de remuneración de la empresa estatal a los accionistas, descrita por ella como “una sangría que priva a la empresa de su capacidad de inversión y sólo enriquece a los accionistas”.
Los analistas del sector comparten el consenso de que, bajo el tercer mandato de Lula, Petrobras deberá reducir el porcentaje de distribución de beneficios (el llamado payout), desde el momento en que el nuevo presidente asuma el cargo.
Es una fecha que todavía depende de un procedimiento legal, ya que el CEO señalado participó activamente en la campaña electoral, y la Ley Estatal exige una cuarentena para asumir el cargo. La expectativa de los bancos es que Petrobras cambie oficialmente de CEO en marzo.
El 1 de diciembre, Petrobras anunció a los analistas una proyección de inversión total de US$ 78.000 millones en cinco años, frente a los US$ 68.000 millones del plan anterior. El plan estratégico, divulgado por la actual administración, tropieza, sin embargo, en el desacuerdo del gobierno electo en relación con las prioridades destacadas. Prates tendrá como una de sus primeras misiones revisar este plan.
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Uno de los principales desafíos señalados por los analistas para el futuro CEO de Petrobras es evitar medidas consideradas “populistas” para bajar los precios de los combustibles, como decretar el fin de la paridad de los precios de la gasolina y el diesel en relación a las cotizaciones del mercado internacional.
La cuestión es estratégica para el nuevo gobierno por su impacto en los índices de inflación y, en consecuencia, en las expectativas del mercado sobre el momento del inicio del ciclo de recortes de los tipos de interés, actualmente en el 13,75% anual.
El presidente electo ha repetido que la orden es aliviar el coste de la vida de las familias para fomentar el consumo, impulsando el PIB de Brasil, en un momento en que los analistas pesimistas prevén un bajo crecimiento en 2023 debido al escenario previsto de recesión mundial.
La fuerte subida de los precios de los combustibles en Brasil en 2022, especialmente en el primer semestre, reflejo de la preocupación por el futuro de la demanda en medio de la crisis energética en Europa con la guerra de Rusia contra Ucrania, ha sido señalada por analistas políticos como uno de los principales focos de desgaste de la popularidad de la gestión del presidente Jair Bolsonaro.
La exoneración del producto, con pérdidas para los estados con la recaudación del Impuesto sobre Circulación de Mercancías y Servicios (ICMS), fue una de las soluciones temporales aprobadas en el Congreso a mediados de año para contener el alza de precios en las estaciones de servicio.
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Reducir el precio del gás en Petrobras figura en el entorno político de Brasilia como una de las primeras medidas del nuevo Gobierno. El próximo CEO de la empresa estatal tendrá, sin embargo, que enfrentarse a los intereses de un sector con problemas de competencia, especialmente en el nordeste.
En agosto, el Consejo Administrativo de Defensa Económica (Cade) condenó a las empresas Nacional Gás Butano Distribuidora, Revendora de Gás da Paraíba y Frazão Distribuidora de Gás por formar un cártel en el mercado de distribución y reventa de gas licuado de petróleo (GLP), utilizado principalmente como gas, en los estados del nordeste.
Uno de los argumentos utilizados por el Partido de los Trabajadores en defensa de una reducción artificial del precio del gas envasado es la relación entre el poder adquisitivo del salario mínimo y la compra de combustible.
Lo mismo ocurre con el diesel. Según el Departamento Intersindical de Estadística y Estudios Socioeconómicos (Dieese), con el salario mínimo se pueden comprar 180 litros de aceite. En 2021, se podían comprar 241 litros; y, en 2020, 305 litros.
Los analistas también esperan una mayor influencia de las instancias sindicales en el proceso de toma de decisiones de Petrobras. Hoy un representante de los trabajadores tiene derecho a un puesto en el consejo administrativo de la petrolera.
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Otra de las tareas sobre la mesa del futuro consejero delegado es suspender el plan de venta de cinco refinerías, una medida de desinversión acordada con Cade en 2019. El mercado considera favorable el plan, ya que los recursos obtenidos con las ventas se han utilizado para reducir la deuda de la empresa.
El Partido de los Trabajadores está en contra de las ventas, porque considera que el sector es muy estratégico para ser gestionado por la iniciativa privada, además de alegar la defensa de la soberanía para mantener las actividades de refino bajo el Estado.
Los proyectos de construcción de nuevas refinerías deberían desencadenarse, según los analistas. Con la Operación Lava Jato, que comenzó en 2014 investigando denuncias de corrupción que involucraban a directivos de Petrobras con contratistas, la estatal suspendió algunos de estos proyectos, principalmente en el nordeste (en los estados de Ceará y Maranhão).
Otro punto de atención del mercado para la nueva dirección de Petrobras es la apuesta por fuentes de energía limpias, como la solar y la eólica. El tema fue uno de los principales lemas de la campaña de Lula, que criticó la política ambiental de Jair Bolsonaro, culpándolo por la fuga de inversores extranjeros ante las noticias sobre el avance de la deforestación y quema en la Amazonía y el uso de combustibles fósiles.
A principios de noviembre, un informe del Banco do Brasil apuntaba al escenario en el que Petrobras debería reducir el volumen de pago de dividendos para invertir más en fuentes de energía renovables, una tendencia en el sector.
Un mayor estímulo fiscal a la producción de energía solar y la instalación de turbinas eólicas en el mar componen la lista de demandas de las empresas del sector.
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