Las reformas que se necesitan, el clima de negocios y las señales inconsistentes en inflación – El País Uruguay

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Las expectativas de Uruguay a corto plazo lucen auspiciosas, con un Producto Interno Bruto (PIB) que se estima crecerá 4,9% en 2022 y 3,3% en 2023, según la firma Exante en el evento “Pasó el covid, quedó la LUC, ¿Y ahora qué”, que se realizó ayer en el Hyatt de Montevideo.
El alza del PIB se fundamenta principalmente en el rebote de la actividad económica postcovid (de hecho, la economía se está recuperando de ese shock antes de lo previsto) y a los altos precios internacionales de las materias primas, teniendo en cuenta la capacidad de exportación de Uruguay en materia de oleaginosos (soja), trigo, carne bovina, leche en polvo, que alcanzaron valores récord.

Los motores serán la industria manufacturera (por el fuerte impacto de la apertura de la planta de UPM en 2023), el transporte y el sector agropecuario. En cambio, la construcción sufrirá contracción cuando finalicen las obras de la planta de UPM. Si bien existen otros proyectos de construcción, no tienen su dimensión.

Con el alza de los precios internacionales del petróleo en contra (entre otros factores), se estima que la tasa de crecimiento de Uruguay irá a la baja a largo plazo.
En la década 2012-2022 el alza se situó en apenas 1,6% anual, muy por debajo de la media mundial ubicada en 3%, y es probable que luego del viento a favor que se vive ahora, se retome esa tendencia de poco crecimiento. “Para revertir eso, debería aumentar la inversión y avanzar con las reformas” aunque ninguna por sí sola es un “game changer”, afirmó Pablo Rosselli, socio de Exante. Mencionó que las reformas necesarias son en seguridad social, inserción internacional, regulación y competencia, relaciones laborales, educación y pobreza y marginalidad (ver aparte).

En esa línea, Florencia Carriquiry, socia de la firma, advirtió que “el ciclo de los commodities va a terminar en algún momento; la coyuntura actual no es sostenible”, por lo que se mantendrá el desafío estructural de elevar el ritmo de crecimiento potencial.

Entre los factores de alarma, está la alta inflación internacional por la guerra en Ucrania, una Europa rezagada en su economía postcovid que afecta a América Latina, y una China -principal socio comercial de Uruguay- con un panorama complicado por los confinamientos, lo que agregará nuevas tensiones a la economía uruguaya.
La encuesta de expectativas empresariales de este año (que realiza Exante, aún en proceso) está marcando la mejor percepción del clima de negocios en más de 10 años.

El 89% de los ejecutivos afirma que el clima es “bueno” o “muy bueno”, mientras que en 2019 la mayoría lo evaluaba como “regular”. Esta opinión está apuntalada por una apertura económica en los últimos tiempos, ciertos incentivos y al hecho de que el gobierno lograra bajar el déficit fiscal sin subir impuestos, entre otros factores.

La aprobación de la gestión del gobierno también aparece extendida entre los empresarios, al alcanzar el 88%,
El estudio refleja, por otra parte, una mejor vocación para invertir por parte de las empresas. Más del 50% indica que la aumentará a lo largo del próximo año. “El porcentaje podría ser más alto, pero es notoriamente mejor que en abril de 2019 cuando no llegaba al 10%”, analizó la socia de Exante Tamara Schandy.

Asimismo, están volviendo los flujos de inversión extranjera directa al país y se observan más operaciones de fusiones y adquisiciones. En 2019 se registraron 19 transacciones, en 2020 fueron 31 y en 2021 llegaron a 42. Todo indica que seguirán al alza este año.

El crédito a las empresas volvió a crecer luego de un quinquenio de estancamiento. “La liquidez de la banca hace prever que seguirá habiendo una buena disponibilidad de financiamiento, aunque su costo irá aumentando”, afirmó Shandy.
Aunque con disparidad sectorial, el panorama de las empresas está mejorando.

Más de la mitad elevó sus ventas, aunque esto no está acompasado con las expectativas de rentabilidad, que no se presentan tan favorables. La encuesta también recoge cautela en relación a las decisiones de contratación de personal.
El índice de pobreza está en 10,6% de la población. “Desde hace años está entre el 8% y 11%; es dura de bajar”, afirmó Rosselli.

El 19% de los pobres son menores de 18 años, por lo que las bajas expectativas de contratación de personal y la alta inflación del país afectarán especialmente a ese sector. Cabe agregar que unas 200.000 personas viven en asentamientos.
Para mejorar el crecimiento de largo plazo, el país debe realizar reformas, entre las que destaca, según Rosselli, la reforma de la seguridad social; aquellas que apuntan a una mejor inserción internacional (con reducción de aranceles, apertura en sectores protegidos, posible TLC con China, etc.); modernización del marco de la relaciones laborales (sin tanta atomización de las negociaciones, cláusulas de descuelgue más eficaces, menos rigidez a la hora de negociar aumentos salariales); y otras reformas a nivel de regulación de empresas públicas y eficiencias en el tema de los combustibles, que signifiquen reducción del costo-país y alienten la competencia.

Según Rosselli, el mercado interno está subestimando el ajuste de las tasas de interés, que será necesario para controlar la inflación. “La discusión política post-referéndum está concentrada en el aumento de la inflación y aparecen señales inconsistentes”, dijo Rosselli, reafirmando que, en cualquier caso, el Banco Central (BCU) deberá implementar nuevas subas de la tasa de interés.
Uruguay ya tiene años de alta inflación, pero la aceleración reciente se debe más que todo a factores externos y, por ende, debería ser -por lo menos en cierta medida- transitoria, si no se desajustan las expectativas.

“El Poder Ejecutivo está surgiriendo al sector privado anticipar correctivos por inflación, lo que es una señal problemática de cara a las siguientes rondas de negociación. El costo de bajar la inflación será mayor cuanto más fuerte sea la indexación salarial”, afirmó Rosselli.

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