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Por Sergio Chagoya
Los próximos meses serán claves para llevar a buen puerto la nueva disputa legal entre México y los Estados Unidos, a la cual se sumó nuestro otro socio comercial, Canadá, a la luz de los incumplimientos del gobierno encabezado por el presidente Andrés Manuel López Obrador respecto de la protección jurídica y el desarrollo en la inversión privada en el sector energético, ya que se ha pretendido ignorar, desconocer o malinterpretar el Tratado entre los Estados Unidos Mexicanos, los Estados Unidos de América y el Canadá (T-MEC), lo cual tiene a bastantes miembros del sector privado de los tres países con mucha incertidumbre sobre el destino y suerte de sus inversiones y compromisos financieros para generar legítimas utilidades.
El inicio de las Consultas, una herramienta contemplada en el T-MEC, de uso y práctica generalizadas en el Derecho Internacional Público, para la solución de controversias ya se encuentra activado, con las serias implicaciones jurídicas, diplomáticas, económicas y políticas que ello conlleva, a pesar de la mofa que se pretendan realizar sobre las mismas. De no conseguirse una solución legalmente satisfactoria para todas las partes, un panel arbitral de expertos posiblemente “entrará al quite” para solucionar dichas controversias, antes de imponerse sanciones, incluyendo medidas arancelarias equivalentes al presunto daño causado, previo el agotamiento otros mecanismos alternativos de resolución de controversias, así como los instrumentos de la política exterior.
En paralelo, la controversia comercial desincentiva a otros naciones e inversionistas extranjeros a relacionarse con México, porque ven contumacia en no cumplir los acuerdos, lo cual repercutirá en la de por sí difícil situación económica que atraviesa el país. Esto además reduce el grado de inversión porque aumenta la percepción de riesgo del gobierno mexicano como emisor de valores al mercado internacional. Si se llegase al extremo de las sanciones -a falta de una buena negociación o disposición al cumplimiento de las normas internacionales-, se generará un clima adverso en las inversiones extranjeras, porque cualquiera que deseara venir, sabrá de antemano que lidiará con un país que no es serio, que no respeta acuerdos ni las reglas, de tal suerte los empresarios estarán en el dilema de invertir sin riesgo de perder su dinero, como en el caso norteamericano que en este momento tiene muchos millones de dólares en energías renovables, y que se encuentran detenidos por los proyectos para generar electricidad y recuperar los financiamientos y capitales aportados, con plantas ya construidas que fueron financiadas, se emplearos contratistas, proveedores, y trabajadores mexicanos a quienes se los pago, pero los empresarios norteamericanos siguen esperando recuperar su inversión y retorno.
Todo surgió porque López Obrador quiere cambiar las reglas del juego en pleno partido, cuando el TMEC está plenamente vigente, en materia energética. Sin considerar que también vulnera derechos fundamentales como el de la libre competencia, a juzgar de las ventajas que tiene la Comisión Federal de Electricidad (CFE) sobre la iniciativa privada; así como afectando el derecho humano al mejor medio ambiente posible.
Expertos e inversionistas que están en el sector energético señalan que sí existen reuniones de trabajo con el presidente, con su canciller y el director general de la CFE, el problema es que no avanzan los temas, sobre todo el de las plantas de energías renovables, por eso Estados Unidos y Canadá apelaron al Derecho Internacional y llamó a las consultas, uno de los mecanismos jurídicos que prevé nuestro tratado internacional para solventar las diferencias.
Sin duda alguna, el tema energético es demasiado espinoso para el gobierno actual que “estiró demasiado la liga” y ahora tiene que resolverlo legalmente, amén de que en el frente interno sigue atendiendo juicios de amparos que eran lógicos, por la reticencia y el empecinamiento del gobierno federal a cumplir los compromisos asumidos en el T-MEC, en las que participó el equipo del presidente cuando ella era el titular del Ejecutivo Federal electo.
Tal parece que López Obrador olvida que dicho tratado internacional también es “Ley Suprema de toda la Unión”, conforme lo dispone el artículo 133 de la Constitución Política. Dispositivo constitucional nada nuevo, porque data del texto original de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos del 5 de febrero de 1917.
Queda claro que el presidente minimiza la situación en sus mensajes de política interna y para su público nacional, sin embargo, el peor error para nuestra Nación sería no atender y dar la relevancia que tiene al diferendo planteado por los gobiernos de nuestros socios comerciales, así como las consecuencias muy serias en los órdenes legal, de comercio internacional y quizá diplomático. Si se pretendía modificar el alcance y efectos del apartado energético del T-MEC, debió seguir un proceso de renegociación del tratado, por ello algunos analistas señalan que el yerro vino del equipo de transición del presidente, al no explicarle bien los alcances de este en dicha importantísima materia.
En pocas palabras y para ser honestos, México no debería andar con tonterías a las alturas del sexenio, las cuales además evidencian una clara falta de respeto al Estado de Derecho.
*Sergio Chagoya es experto en inversiones y asesoramiento de empresas en materia corporativa y regulatoria.
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