La guerra contra las drogas —por mandato gringo— es una de las instituciones que más daño le ha hecho a Colombia. Hoy en día, a pesar de 50 años de encarnizada lucha, EE. UU. consume el 50 por ciento de las que se fabrican en el mundo para escusar, como dice el presidente Petro, sus vacíos y soledades.
Además, EE. UU. es el primer productor del mundo de cannabis. La ausencia de verdaderos estadistas y la proliferación de fanáticos de corto vuelo en los altos cargos determinó que el mundo se empeñara en la quimera de acabar con el narcotráfico que la misma prohibición había creado.
Como cantaleteaba Antonio Caballero, “el único efecto práctico que tiene la prohibición de la droga es el de convertirla en uno de los tres más rentables negocios del mundo, con el de las armas y el del petróleo”.
En esa insensatez global de la lucha contra el narcotráfico, este se nos metió por todos los vericuetos y corrompió hasta nuestras instituciones más venerables. Ni siquiera la Presidencia, la Constitución o el aparato judicial quedó por fuera de su filosa garra. Y, por supuesto, tampoco las guerrillas ni el paramilitarismo.
Ahora, por boca del presidente Gustavo Petro nos enteramos de que la Sociedad de Activos Especiales, SAE, la encargada de administrar los bienes incautados a la mafia, pudiera estar en las garras de la corrupción: “Agradezco al Fiscal General de la Nación que reconstruya el inventario de bienes en extinción de dominio que se le entregó a la Dirección Nacional de Estupefacientes, hoy SAE. Podemos estar ante uno de los peores hechos de corrupción de la historia”, expresó en un tuit el mandatario, el pasado 10 de octubre.
Para entender a cabalidad la gravedad de la denuncia, es preciso recordar que la antigua Dirección Nacional de Estupefacientes, DNE, duró —con más pena que gloria— desde 1990 hasta 2011. A menos de un año de la terminación del Gobierno de Álvaro Uribe, el presidente Santos la liquidó por corrupta e ineficiente.
Santos encargó de la liquidación a María Mercedes Perry, quien venía de liquidar la Cooperativa Financiera Solidarios, Seguros Atlas, Banco el Cafetero, Proyectar Valores y DMG. En julio de este 2022 la doctora Perry, la liquidadora estrella, terminó acusada penalmente por presuntamente adjudicar un contrato a una empresa de la que ella hacía parte, es decir, por el delito de violación al régimen de inhabilidades.
En realidad, la Dirección Nacional de Estupefacientes no resistió ninguno de los análisis que se le hicieron.
El despelote era total: no conocían el valor de los inmuebles incautados o extinguidos; de muchos, no se sabía en manos de quien estaban; se recibían coimas para que particulares pudieran quedarse con la administración de activos o se repartían a dedo para amigos de influyentes políticos; se cambiaron valiosas obras de arte por vulgares copias; se escamoteaban los informes sobre ingresos y se desaparecieron bienes incautados. Un perverso coctel de políticos, burócratas y mafia.
El saqueo a la Dirección Nacional de Estupefacientes originó que más de 50 personas fueran vinculadas y llevó a la cárcel a dos exdirectores: al exgobernador de Nariño Carlos albornoz, por la venta por debajo de su valor del predio La Granja 32, de propiedad del narcotraficante Guillermo Díaz Gaitán; y a Ómar Figueroa Reyes por exigir dinero a terceros por concepto de arrendamientos de bienes incautados.
Para solucionar el problema se optó por cambiar el sofá y se creó la Sociedad de Activos Especiales, SAE. Ahora nos enteramos de que esto tampoco sirvió para que la Nación tenga pleno conocimiento de la totalidad de los bienes incautados a la mafia.
En el 2015, la Contraloría General de la República realizó un informe en el que se preguntaba si haber trasmutado la DNE en SAE “realmente significó una solución de fondo o se trató únicamente de un cambio de nombre”, porque el desorden persistía y la SAE había recibido “un inventario de papel” que no fue actualizado y verificado por sus presidentes.
En 2021, se conoció que los tentáculos de la red del senador Mario Castaño habían llegado hasta la SAE, a raíz de una filtración de las conversaciones entre Nova Lorena Cañón, relacionista pública y presunta integrante de dicha red de corrupción, con Juliana Márquez, madre del expresidente Duque. Ahora sabemos, por confesión del propio fiscal, que no ha adelantado ninguna investigación al respecto.
Quien realmente prendió las alertas y llegó pisando fuerte al gobierno nacional fue el joven presidente de la SAE, Daniel Rojas Medellín, quien denunció —ante una citación en el Senado— el problema de los inventarios de bienes. Aseguró que solo el 21 por ciento de los predios registrados son productivos. “El 79 por ciento restante de los inmuebles que administra la SAE no tiene información sobre gestión comercial, y solo 1.643 predios disponen de un estimado de renta actualizado. 3.655 inmuebles no tienen avalúo catastral o comercial”.
Pero no solo eso. Rojas Medellín reveló, además, que hay 231 inmuebles con estado desconocido y 2.700 sobre los cuales no hay información catastral. Tampoco se conocen cuántos predios están ocupados de manera irregular.
Según lo informó la unidad de Investigación de Diario Criterio, todo arranca desde la transición de la DNE a la SAE. Falta claridad sobre los casi 30.000 bienes incautados a la mafia. Los inventarios que llevan la Fiscalía, La SAE y la rama judicial no son compatibles, lo que dificulta su administración. Por inconsistencias y errores de al menos 2.000 bienes, “sus dueños originales, poseedores o antiguos administradores asignados por la DNE los están usufructuando”.
#ACTUALIDAD |Según varios exfuncionarios de la entidad, en la transición de la Dirección Nacional de Estupefacientes a la Sociedad de Activos Especiales se perdieron cerca de 2.000 registros que la SAE ha ido recuperando. https://t.co/NkntuQI0bM
Es decir, volvimos en el 2022 a una situación vergonzosamente similar a la que aconteció en 2011. Hay que enfatizar que las denuncias provinieron del nuevo Gobierno y no de investigaciones de la Fiscalía General de la Nación. Tal vez por eso se notó tan nervioso y descompuesto al fiscal Mauricio Barbosa en la rueda de prensa del miércoles pasado.
Solo falta esperar que la Mesa Técnica de Alto Nivel entre la Fiscalía y la SAE dé en el clavo: forme un inventario veraz, denuncie a los responsables y estos sean castigados por la justicia para que se le evite al Estado la vergüenza de aparecer como cómplice de los narcotraficantes y avivatos de buena familia.
Aunque hay que ir mucho más allá: el Gobierno de Petro debe persistir en conseguir los aliados internacionales que permitan ponerle fin a la guerra contra las drogas, cuyo fracaso es estruendoso.
Porque ni la oferta ni el consumo han disminuido; no se ha defendido la vida, ni la salud pública ni el medio ambiente. En cambio, nos ha metido en una interminable guerra interna alimentada por los réditos del narcotráfico y nos ha corrompido hasta la médula. Solo cuando drogas como la cocaína y la marihuana tengan un trato parecido al que hoy se le da al alcohol y al tabaco, es decir, que estén sometidas a estricta regulación, podremos resguardar al Estado y la sociedad del perverso coctel de políticos, burócratas y mafia.
Dos importantes y urgentes temas son comentados juiciosamente por Pedro Luis Barco, que de esta. manera se suma al análisis del Presidente Petro en un tema que es de urgencia para que la comunidad internacional y principalmente Colombia resuelvan.
Ni siquiera la SAE de USA lo tiene resuelto pues en ese país existen bienes colombianos incautados así como grandes sumas de dinero que la legislación de ese país no permite apropiar y que se reconocen como capital colombiano así sea incautado a narcos de nuestro país.I
Gracias Pedro Luis por ponerle la lupa a esta ya tradicional forma de corrupción del más alto nivel.
Como todo lo que dejó la belleza de Duque, además de mentiras, le toca a nuestro Presidente Petro, arreglar esos chicharrones carnudos.
Lamentable la situación de corrupción en las entidades del Estado .
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