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Patricia de Blas
Zaragoza | 23.12.2022 13:14
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La economía aragonesa resiste al invierno con mejores cifras de las que muchos economistas habían vaticinado. La Confederación de Empresarios calcula que cerraremos el año con un crecimiento del 4% del PIB y, pese a que la inflación y la incertidumbre siguen siendo elevadas, prevé que en 2023 nos salvaremos de la recesión y el PIB aumentará un 0,6%, ligeramente por debajo de la media nacional.
El empleo también resistirá mejor que en otras crisis y la tasa de paro podría rebajarse en dos o tres décimas, aunque desde CEOE se muestran preocupados por el incremento del absentismo y por el cierre de muchas pymes. En el sector hostelero, unos 650 negocios han desaparecido desde el inicio de la pandemia.
El vicepresidente de CEOE Aragón, Félix Longás, también advierte de una escasez generalizada de mano de obra, que achacan al aumento de ayudas sociales y al mal funcionamiento de la FP Dual. «En sectores como el metal, la hostelería o el agrario, tenemos muchos problemas para encontrar personas. Hay planes de FP Dual, pero de momento está teniendo un desarrollo muy lento. Menos del 2% de los alumnos de FP la eligen y, además, los planes no son atractivos para que los alumnos escojan actividades en las cuales somos más deficitarios», ha explicado Longás.
Los empresarios aseguran que apenas han trasladado al precio de sus productos una décima parte del incremento de sus costes, y advierten de que en 2023 tendrán que repercutir esa inflación en mayor medida, para seguir siendo rentables.
Respecto a los salarios, el presidente de CEOE Aragón, Miguel Marzo, se opone frontalmente a una subida generalizada o a vincularlos al IPC. «Indexar la inflación a la subida de salarios sería una hecatombe. Hay sectores que pueden subir más y sectores que pueden subir menos; hay empresas que pueden subir más y empresas que pueden subir menos», señala.
Marzo también considera erróneos muchos planteamientos del Gobierno de España, como el impuesto a la banca o la posibilidad de controlar los precios de los alimentos, y pide mayor seguridad jurídica. «Cada vez que sale una norma, las empresas temblamos«, asegura.
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