El escenario post pandémico impone al transporte público como un servicio esencial que, además de demandar mucho más que sostenibilidad financiera a largo plazo, infringe cambios de roles a los distintos actores del medio. ¿De qué manera sería posible rediseñar el sistema por completo?
La directora para Latinoamérica en la Unión Internacional de Transporte Público (UITP), Eleonora Pazos, asegura que aún Latinoamérica no ha podido detonar la electromovilidad en el transporte público ante los altos costos de los vehículos, dado que aún escasean las alianzas claves entre el sector público y privado para establecer modelos de negocios rentables.
En el ciclo de entrevistas Personalidades, organizado por Portal Movilidad, señala que para esto se requiere de un marco de regulaciones, adaptaciones por parte de los distintos actores del sector y la ineludible aplicación de políticas nacionales transversales.
“Hay una capacidad enorme en Latinoamérica que no la aprovechamos para la producción y desarrollo local con cooperaciones entre empresas. Es terreno fértil para la cooperacion del ámbito publico-privado, no hay duda”, asegura Pazos.
Luego, agrega: “El privado es más ágil con inversiones y la operación, en ese modelo vemos muy buenos resultados. Al sector público, le queda el papel de fiscalizar y verificar que está siendo cumplido el servicio esencial y que el dinero es bien aplicado”.
Para esto, primero, cada actor debe comprender el cambio de rol que implica el cambio de paradigma hacia la electrificación.
“No es simplemente cambiar un vehículo sino la manera en la que operamos, cómo pensamos la infraestructura de patios, de recarga y mano de obra”, comenta.
Los proveedores, los operadores, los distribuidores de energía y el vértice público deben tener una participación activa y adaptable en este nuevo modelo pensando en un plan de negocios a largo plazo.
Al respecto, Pazos sostiene: “En estos nuevos esquemas, el privado puede tener muchos beneficios pero tiene que entender que no se trata solo de operar buses, es mucho más, como entender el costo de la energía eléctrica, si hay hora pico, tarifas extras, si hay o no energía libre. Implica esas complejidades”.
Sin embargo, es imposible que en la práctica esta idea tome forma y se consolide sin la determinación del Estado en proyectar un transporte público cero emisiones a través de políticas que trasciendan gestiones gubernamentales.
“Lo que veo es que no hay políticas nacionales transversales que puedan dar soporte y apoyo a las acciones”, afirma la experta.
Y añade: “Las medidas no tienen que morir en el periodo electoral, así las ciudades tendrán más capacidades para una transición suave y más sencilla”.
Hacia una estrategia exitosa
En grandes medidas, cada vez son más las ciudades que cuentan con proyectos que evocan éxito en materia de electromovilidad. Inclusive, en muchos casos, vislumbran nuevas inversiones.
Eleonora Pazos refiere a los proyectos que tuvieron lugar en Bogotá y Santiago. Aludiendo que ambas capitales han generado prestigio en la región, sugiere que este tipo de modelos han perdurado gracias a la alianza entre el sector público y privado.
Sin embargo, “no se trata de gestionar un modelo único”, por el contrario, la planificación debe estar pensada para actuar en escenarios diversificados donde, mediante la cooperación entre proveedores y operadores generen fortalezas para sortear las barreras económicas.
Siguiendo esta línea, la directora del UITP sostiene: “El sector cree que en latinoamérica cerca del 80% del transporte es responsabilidad del área local”.
Por ende, relativamente son pocos los países que cuentan con autoridades nacionales que avalan la implementación de nuevos proyectos.
Es por ello que las políticas públicas deben impulsarse con mayor afán, donde la cooperación público-privada también resulta fundamental hasta en relación a la estructura tarifaria eléctrica, donde el costo de la energía depende de la ciudad.
Asimismo, explica que esto se debe a que, tanto las barreras a las importaciones como la ausencia o imparcialidad en exenciones a los impuestos, así como también la obstaculización al desarrollo de incentivos, son asuntos que restringen el progreso de la electromovilidad.
Además, menciona que tras la pandemia, el sector fue permeable a los cambios: “Hay un nuevo estándar para movernos”.
Y, en cuanto al cambio de paradigma, agrega: “No hay dudas que el transporte eléctrico atiende las agendas políticas y la de los ciudadanos que demandan ciudades más sustentables”.
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