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En términos generales, abrir un negocio en México no es una tarea grata y tampoco sencilla. En la mayoría de los municipios, las autoridades concentran sus esfuerzos en garantizar que los micro y pequeños negocios puedan iniciar operaciones en un número reducido de días, siempre y cuando estos cumplan con los requisitos estipulados y efectúen los pagos correspondientes. El lograr esta meta es deseable y a pesar de los avances que en ocasiones pregonan las autoridades, la realidad es que, en la práctica, quienes sueñan con emprender, suelen darse cuenta de que la pesadilla inicia prácticamente desde el arranque del proceso.
Para algunos, el uso del Sistema de Apertura Rápida de Empresas (SARE) puede resultar una ventaja, siempre y cuando exista esta opción en sus localidades y funcione correctamente. En ciertos municipios, a pesar de tener este Sistema, las personas y empresas se ven orilladas a enfrentar la burocracia con el apoyo de gestores, mejor conocidos como coyotes. Es en esta etapa en la que inicia la corrupción. Un estudio reciente realizado por Ethos deja ver que, en 15 municipios analizados, el 20 por ciento de los empresarios acudieron a un gestor para realizar trámites de apertura o mantenimiento de su negocio. En Tijuana y Querétaro la cifra asciende a aproximadamente 33 por ciento. Cabe resaltar que las cuotas pagadas a estos intermediarios son desmedidas, pues en ocasiones equivalen hasta diez veces el valor original del trámite.
Una vez que los negocios ya se encuentran en operación, el viacrucis continúa, pues los empresarios pueden ser víctimas de extorsión principalmente por dos vías: los funcionarios públicos y/o el crimen organizado. El primer caso se refiere a los funcionarios detrás de las ventanillas y a los inspectores, quienes a veces operan de manera coordinada. En el municipio de Solidaridad, Quintana Roo, a los negocios más pequeños los inspectores cobran “mordidas” de entre mil y 2 mil pesos y el monto se eleva hasta 50 mil o 100 mil pesos para las empresas más grandes. En el caso del crimen organizado, el “cobro de derecho de piso” varía y las amenazas por no pagarlo pueden llegar a afectar la integridad física de los dueños y empleados. En este sentido, la mayoría de los 2,250 empresarios encuestados por Ethos, opina que la inseguridad es el factor que más complica la operación de un negocio. De la muestra encuestada, los municipios en los que se agudiza este problema son Zacatecas, seguido de Matamoros, Torreón y Monterrey.
Una vez “librada” la batalla de la burocracia, el costo de los trámites y la extorsión, se requiere evaluar el éxito del negocio. Cabe recordar que un número considerable de personas que pasaron a las filas del desempleo en el contexto de la pandemia, tomó la decisión de emprender, haciendo uso de sus liquidaciones y ahorros. Es así como la apertura de misceláneas, tiendas de abarrotes, papelerías y demás micronegocios representaron un salvavidas para la sobrevivencia familiar. No obstante, las dificultades antes descritas, aunado a un precario crecimiento económico que afecta el ingreso de los hogares y, en consecuencia, las ventas, hace que lo que pudiera convertirse en un negocio medianamente rentable, acabe siendo una inversión con un retorno un tanto incierto.
En una investigación periodística que Ethos realizó en Zacatecas se muestra la historia de Don Hilario Alvarado, quien en 2019 habilitó una tienda de abarrotes en su casa. En entrevista con Ethos, Don Hilario relata que el recibo de electricidad le llega por 1,100 pesos. También paga alrededor de 2,500 pesos de predial y 300 de agua. Para cumplir con todas sus obligaciones, pidió un préstamo de 5,000 pesos de los cuales solo le quedaron 1,000 pesos para surtir la tienda. Hace unos meses llegaron de la presidencia municipal a cobrarle el costo de la renovación del padrón, eran como 450 pesos y le advirtieron que si no pagaba le iban a cerrar la tienda. Al final de la conversación Don Hilario concluyó: “tengo nomás 13 pesos, es todo, no sé qué hacer”.
El caso de Don Hilario refleja el de miles de mexicanos y mexicanas que han tomado la decisión de emprender. Este tipo de historias nos llevan a exigir a las autoridades en los diferentes ámbitos de gobierno que se dejen de dar “palmadas en la espalda” por avances menores en la tramitología asociada a la apertura de negocios, pues en la práctica abonan poco si se contempla todo el ciclo de vida de las empresas. De acuerdo con las condiciones económicas del país, que incluyen problemas como empleo informal, sueldos inadecuados, aumento de la inflación, entre otros, resulta urgente ver la manera de apuntalar a los micro y pequeños negocios que, dadas las circunstancias, representan una válvula de escape para familias a las que las opciones para generar ingresos poco a poco se les agotan.
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Directora General de Ethos Laboratorio de Políticas Públicas
Licenciada en Relaciones Internacionales (ITAM) y Maestra en Políticas Públicas y Administración (London School of Economics). Colaboró en la Secretaría de Hacienda y Crédito Público donde adquirió una amplia experiencia en política fiscal y se especializó en el análisis de los sistemas fiscales en el ámbito internacional. Asimismo, trabajó en Fundar en el Área de Presupuestos Públicos, en transparencia presupuestaria y rendición de cuentas. En Ethos ha coordinado trabajos en materia de finanzas públicas, pobreza, seguridad pública y anticorrupción.
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