Controles de precios y pactos para contener la inflación
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El viernes pasado, el Instituto Nacional de Estadística y Geografía (Inegi) dio a conocer la inflación de la primera quincena de abril, registrando una variación anual de 7.72%, siendo la subyacente de 7.16%, lo que prendió los focos rojos porque se esfumó el escenario de que en marzo ya habría tocado un techo y que no seguiría subiendo. Ante esta situación ha trascendido en los medios la idea de establecer controles de precios o resucitar los pactos económicos de finales de los 80 y principios de los 90 para contener su escalada. Sin embargo, ambas estrategias a la larga fueron contraproducentes en la experiencia pasada de México y en el mundo, por lo que preocupa que se quieran repetir.
Cabe comentar que, hace un año, la inflación al consumidor ya estaba en un preocupante 6.05% en la misma quincena y las autoridades del Banco de México (Banxico) consideraban que era un fenómeno transitorio y que una vez que se generalizara la aplicación de las vacunas, se reactivaría la producción al restablecerse las cadenas de suministro, por lo que se resolverían desajustes temporales de la demanda y oferta agregada. Sin embargo, este escenario se incumplió y desde agosto pasado comenzó una tendencia francamente ascendente en México y en el resto del mundo, por lo que se tuvo que modificar la política monetaria.
Recordemos que el año pasado el Presidente planteó abiertamente la idea de aplicar controles de precios. En ese entonces Jonathan Heath, subgobernador de Banxico, señaló que no era una buena idea, porque a la larga se generaría escasez de productos y se ocasiona un mercado negro, independientemente de si es o no ilegal. Al fijarse los precios por el gobierno, las empresas dejan de invertir bienes y servicios en actividades que no son rentables, por lo que la producción se reduce generando racionamientos (azúcar en la década de los 70), lo que fomentaba el contrabando y la venta clandestina.
En el caso del maíz y las tortillas, el gobierno entregaba subsidios a los productores para que vendieran por debajo de sus costos. El problema era que la entrega de esos recursos era tardía e insuficiente, y con altos niveles de corrupción, por lo que se afectaba gravemente la sobrevivencia de negocios. Cuando era niño me mandaban a comprarlas y era frecuente que luego de hacer una larga cola, se acabaran antes y regresaba a casa sin nada. El resultado fue que se compraban tortillas más caras por fuera de los expendios autorizados, o las tortillerías vendían por arriba del precio oficial, arriesgándose a multas y cierres, si no lograban entenderse con el inspector de la zona.
Los subsidios se utilizan también con propósitos políticos. Después de la reforma energética de 2014, el gobierno de Peña Nieto estaba empeñado en exhibir que los precios no subirían por lo que mediante subsidios a las tarifas de luz y el precio de la gasolina se mantuvieron controlados. Sin embargo, se comenzaron a dañar significativamente las finanzas públicas, por lo que el entonces secretario de Hacienda decidió que se liberara el precio a principio de 2017, provocando el famoso gasolinazo que ocasionó en parte una gran burbuja inflacionaria.
Los controles de precios han logrado bajarlos en el corto plazo y beneficiando a los gobiernos y políticos en turno, en lo que se conoce como inflación reprimida. Sin embargo, en muchas ocasiones generan distorsiones graves afectando el desempeño de actividades al desalentar la oferta de bienes y servicios.
También se convierten en medidas regresivas y con efectos colaterales, como el subsidio a la gasolina que beneficia más a sectores medios y altos, incentivaba el uso del auto particular y cuando son eliminados de golpe provocaban descontento y protestas sociales que degeneraron en actos de vandalismo. Eso ya pasó en México y hoy en día sucede lo mismo en Sri Lanka y Ecuador.
A finales de 1987, surgió en México el famoso Pacto de Solidaridad Económica (PSE) para contener la inflación ocasionada por las espirales de inflación-devaluación y la carrera de aumento de precios y de salarios que siempre terminaba perdiendo estos últimos. Los pactos se fueron renovando los siguientes años en acuerdos cupulares entre las centrales oficiales, los organismos empresariales y las autoridades de Hacienda.
Efectivamente, se redujo drásticamente la inflación, pero se utilizaron básicamente los controles salariales como ancla antiinflacionaria con lo que se fortaleció un modelo de desarrollo excluyente, surgiendo México como una potencia exportadora, basando su competitividad en bajos sueldos y salarios, desplazando a China y a otros países asiáticos, empobreciendo a los trabajadores y generando una peor distribución del ingreso. Mientras los sectores medios y altos se veían beneficiados del dinamismo económico, el salario real promedio iba reduciéndose año con año, porque los incrementos a las remuneraciones de los trabajadores sistemáticamente eran menores a la inflación, con el argumento de que ésta era como un impuesto regresivo.
Para contener la inflación, Banxico no dudó en realizar una política monetaria agresiva con alzas de tasas de interés, y la Secretaría de Hacienda realizó recortes de gastos para contener las presiones de demanda. El resultado provocado por estas políticas de ajuste fue una reducción del crecimiento y perjuicio de sectores más desfavorecidos, en aras de lograr la anhelada estabilidad financiera. Importaciones con un tipo de cambio controlado ayudaron a reducir precios, pero cuando México se vio obligado a adoptar el sistema flotante, la inflación se disparó de nueva cuenta.
Regionalmente, también se acentuaron las disparidades entre el norte manufacturero más volcado al sector exportador, y el medio urbano y rural, sin desconocer las enormes diferencias que prevalecen en las urbes. Cancún es un gran ejemplo de las grandes diferencias entre las zonas residenciales y la paupérrima periferia y los asentamientos irregulares que han proliferado con este modelo de desarrollo que se nos ha vendido como un caso de éxito.
Regresar a los controles de precios como se tuvieron en la época de Echeverría y López Portillo no resulta la mejor idea. Ello generó que se abandonara por parte de la iniciativa privada algunas actividades económicas, que fueron desincentivadas con dichas medidas y provocaron posteriormente escasez y alza persistente de precios.
Los subsidios a la gasolina con los ingresos de las exportaciones del petróleo contienen alzas significativas que, como sabemos tienen un elevado costo político, pero ocasionan distorsiones en las finanzas públicas, pudieran generar descuidos en los gastos de inversión y mantenimiento de Pemex, o retrasos en el pago de los proveedores.
Por otra parte, el otorgamiento diferenciado de subsidios puede causar competencia desleal. En la Ciudad de México se observan precios más bajos de las gasolinas de Pemex que las de los concesionarios privados. La magna está en 21.15 pesos el litro y en las privadas en 23. Obvio, éstas están vacías a pesar de los esfuerzos de los despachadores para atraer clientes.
Con las reformas a la Ley de la Industria Eléctrica, validada recientemente por la Suprema Corte, el Presidente ha prometido que no subirán las tarifas de la luz en los hogares; sin embargo, diversos expertos han señalado que se incrementarán los costos de producción de la CFE, por lo que se tendrá que recurrir a mayores subsidios afectando las finanzas públicas.
En conclusión, intentar contener la inflación por decreto, alentando monopolios públicos o privados, evitando que una economía de mercado funcione adecuadamente, sin la participación de organismos reguladores, nos regresará a las crisis recurrentes que padecimos desde 1976 y sobre todo cuando el fantasma de una recesión mundial nos acecha. Volver al pasado no debe ser nuestro destino.
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