Chile es el mayor productor de cobre del mundo, y el miércoles el gobierno recortó su precio promedio estimado para 2023 a US$ 3,62 por libra, desde una estimación anterior de US$ 3,92 en julio pasado.
«Vivimos en un entorno de recesión global y los precios del cobre estarán en el extremo inferior del ciclo en el corto plazo debido al contexto económico», dijo Iván Arriagada | Reuters
Ciudad de México. El presidente ejecutivo de la minera chilena Antofagasta Plc , Iván Arriagada, expresó su preocupación el miércoles de que un entorno más recesivo podría deprimir los precios del cobre y agregó que espera que cualquier recesión mundial sea temporal.
Chile es el mayor productor de cobre del mundo, y el miércoles el gobierno recortó su precio promedio estimado para 2023 a US$ 3,62 por libra, desde una estimación anterior de US$ 3,92 en julio pasado.
«La trayectoria seguida por los precios del cobre en un contexto más recesivo es motivo de preocupación», dijo Arriagada a periodistas durante un evento en Santiago. Pronosticó que una recesión debería ser transitoria y la economía volvería a crecer.
«Vivimos en un entorno de recesión global y los precios del cobre estarán en el extremo inferior del ciclo en el corto plazo debido al contexto económico», dijo.
A fines de septiembre, los precios del cobre se recuperaron de los mínimos de dos meses, pero volvieron a caer debido a las expectativas de una demanda débil y un aumento de los inventarios.
Hasta hace una semana, la iniciativa proponía imponer a las empresas mineras y petroleras una carga adicional de 5% sobre el impuesto de renta y un tributo a las exportaciones de un 20%, lo que provocó el rechazo de las compañías del sector extractivo.
El impuesto a las exportaciones de carbón proponía un precio de referencia de US$ 86 por tonelada con base en un promedio de los últimos 20 años y para el petróleo de US$ 71 por barril | Reuters
Bogotá. El Gobierno de Colombia eliminó el cobro de un impuesto a las exportaciones de petróleo y carbón cuando los precios internacionales sean favorables a cambio de una sobretasa gradual a la renta para las empresas del sector extractivo, una decisión celebrada el miércoles por la estatal Ecopetrol.
El Gobierno del presidente Gustavo Petro, el primer mandatario izquierdista en la historia del país, tramita actualmente el Congreso un proyecto de reforma para recaudar unos 22 billones de pesos anuales adicionales (US$ 4.905 millones) para financiar ambiciosos programas sociales destinados a combatir la pobreza y la desigualdad.
Hasta hace una semana, la iniciativa proponía imponer a las empresas mineras y petroleras una carga adicional de 5% sobre el impuesto de renta y un tributo a las exportaciones de un 20%, lo que provocó el rechazo de las compañías del sector extractivo.
El impuesto a las exportaciones de carbón proponía un precio de referencia de US$ 86 por tonelada con base en un promedio de los últimos 20 años y para el petróleo de US$ 71 por barril.
«Establecer tarifas graduales para la sobretasa al sector extractivo, pasando del 10% en 2023 a 5% a partir de 2025, al tiempo que se propone eliminar el impuesto a las exportaciones», establece la propuesta que será debatida y votada a partir del jueves por las comisiones de asuntos económicos del Congreso.
«Recibimos esa noticia de la mejor manera desde Ecopetrol», dijo a periodistas el presidente de la estatal petrolera, Felipe Bayón, en Cartagena. «Recibo de buena manera que no sea un impuesto a la exportación para cada barril, sino una sobretasa».
El directivo aseguró que se evalúa el impacto que tendrá la reforma tributaria para Ecopetrol con los nuevos cambios al proyecto.
Inicialmente Ecopetrol estimó entre cuatro y cinco billones de pesos (892 y 1.115 millones de dólares) los costos de la reforma para la compañía energética.
El nuevo texto del proyecto de reforma tributaria propone una sobretasa a las empresas generadoras de energía a partir de recursos hídricos, de tres puntos porcentuales por los años 2023 al 2026, considerando el auge del sector.
El último gran productor de petróleo de Estados Unidos con presencia en Venezuela, llegó a un acuerdo técnico de servicios con PDVSA a principios de este año para reanimar sus empresas mixtas.
Al equipo del líder de oposición Juan Guaidó le preocupa que un acuerdo entre Chevron y la estatal PDVSA, utilizado esta vez para respaldar la solicitud de licencia, no esté enmarcado en la ley venezolana de hidrocarburos, de acuerdo con personas familiarizadas con el asunto | Reuters
Houston. El líder de la oposición de Venezuela, Juan Guaidó, solicitó esta semana que Estados Unidos proporcione detalles sobre una licencia ampliada solicitada por la petrolera Chevron Corp para operar en el país, según una carta enviada el lunes a un alto funcionario estadounidense en la que también pedía ser consultado antes de cualquier decisión.
Al equipo de Guaidó le preocupa que un acuerdo entre Chevron y la estatal PDVSA, utilizado esta vez para respaldar la solicitud de licencia, no esté enmarcado en la ley venezolana de hidrocarburos, de acuerdo con personas familiarizadas con el asunto.
Chevron, el último gran productor de petróleo de Estados Unidos con presencia en Venezuela, llegó a un acuerdo técnico de servicios con PDVSA a principios de este año para reanimar sus empresas mixtas. El pacto le da a Chevron una mayor participación en las operaciones, comercio y procura, con el objetivo de expandir la producción de crudo.
Sin embargo, ninguna de estas acciones puede llevarse a cabo hasta que Washington revise el acuerdo y decida sobre la solicitud de Chevron de una licencia expandida para operar en Venezuela bajo el régimen de sanciones que pesa sobre PDVSA y el Gobierno de Nicolás Maduro. La autorización existente vence el 1 de diciembre.
Un funcionario del Departamento de Estado declinó comentar. Pero un portavoz dijo: «Hemos señalado que revisaríamos nuestras políticas de sanciones en respuesta a pasos constructivos por parte del régimen de Maduro para restaurar las elecciones libres y justas en Venezuela» mediante negociaciones con el gobierno interino reconocido por Washington.
Chevron no comentó sobre la solicitud de Guaidó, pero dijo que la compañía continúa conduciendo sus negocios en cumplimiento del marco actual de sanciones y sigue comprometida con la «integridad de los activos de sus empresas mixtas y con los programas sociales y humanitarios de la empresa». PDVSA y el Departamento del Tesoro no respondieron de inmediato a solicitudes de comentarios.
«Se entiende que para algunos actores esta decisión pueda parecer de carácter meramente comercial», dijo Guaidó en una carta al subsecretario de Estado, Brian Nichols, fechada el 3 de octubre, vista por Reuters.
«Pero frente a esa visión quiero insistir en que este tema de las licencias petroleras sobre Venezuela puede marcar la diferencia entre lograr una negociación efectiva y exitosa que haga posible el retorno de la democracia en Venezuela o el fortalecimiento de la dictadura», agregó.
La Oficina de Control de Activos Extranjeros (OFAC, por sus siglas en inglés) del Tesoro solicitó a fines de agosto a Chevron aclaraciones y detalles del acuerdo con PDVSA. Están en juego millones de barriles de petróleo venezolano que podrían ayudar a reemplazar los suministros rusos y compensar por los recortes de producción previstos por la OPEP.
Una licencia ampliada además permitiría a Chevron recuperar al menos una parte de los miles de millones de dólares en deudas impagas de sus cuatro empresas mixtas en Venezuela.
Pese a que Washington ha presionado para que se retome un diálogo en México entre delegados del gobierno venezolano y la oposición, no se ha logrado un cronograma concreto para las conversaciones. Pero Maduro autorizó la semana pasada el canje de estadounidenses detenidos en Venezuela por dos venezolanos enjuiciados en Estados Unidos.
