Los congresistas estadunidenses planean una legislación para prohibir la controvertida maniobra de bancarrota llamada “Texas two-step” (dos pasos de Texas) para evitar que las grandes empresas abusen del proceso de protección del Capítulo 11, dijo el presidente del comité judicial del Senado.
Dick Durbin, también jefe de la bancada demócrata en el Senado, afirmó que se llevan a cabo negociaciones en el seno de la comisión sobre un proyecto de ley que eliminará lo que describió como una “tarjeta para quedar libre de la cárcel” que están desplegando algunas de las compañías más ricas.
Sus comentarios se producen después de que los abogados que representan a casi 40 mil víctimas de cáncer fracasaran el viernes en su intento de evitar que Johnson & Johnson (J&J) recurriera al esquema de quiebra para resolver miles de millones de dólares de reclamaciones de que su talco para bebés estaba contaminado con asbesto y causaba enfermedades.
El viernes, un juez en materia de quiebras rechazó una moción de los demandantes por el talco para desestimar la bancarrota de la filial de J&J, LTL Management, en un fallo que los críticos advierten que puede abrir las puertas para que otras compañías utilicen los tribunales de quiebras para administrar las demandas por daños personales y otros perjuicios.
El esquema de “Texas two-step” utiliza las leyes favorables a las empresas en Texas que permitieron a J&J dividirse en dos entidades separadas y delimitar todas sus responsabilidades sobre el talco dentro de la filial LTL. Despúes, LTL se acogió al programa de protección de quiebras del Capítulo 11, lo que supuso la suspensión de las demandas por el talco.
J&J siguió los ejemplos que establecieron Georgia-Pacific, de Koch Industries, la primera en recurrir a los dos pasos de Texas en 2017, Trane Technologies y una unidad estadunidense de Saint-Gobain, con sede en Francia. Ellos utilizaron el esquema para proteger sus negocios principales de las demandas legales vinculadas a las demandas por el asbesto.
Las cuatro empresas están representadas por el bufete de abogados Jones Day, con sede en Cleveland, que diseñó la compleja estrategia de quiebra.
Pero el despliegue del “Texas two-step” por parte de J&J provocó una protesta pública y llevó a los legisladores a considerar una nueva legislación y a celebrar audiencias públicas sobre el tema.
Durbin dijo que la forma como J&J aprovecha la laguna jurídica de la bancarrota es “vergonzosa” e “indefendible”, ya que le niega a las víctimas del cáncer su derecho a presentar sus demandas contra la empresa ante los tribunales. “Si J&J tiene éxito, decenas de miles de personas que padecen cáncer de ovario y mesotelioma se verán obligadas a esperar años para recibir una indemnización”, afirmó.
Los demandantes esperaban convencer al juez de quiebras Michael Kaplan para que desestimara la solicitud de LTL en virtud del Capítulo 11, alegando que se presentó de “mala fe” porque la firma nunca estuvo en quiebra. Advirtieron que el uso del esquema por parte de J&J abrirá las puertas a otras empresas para recurrir a éste.
Pero Kaplan denegó la petición, al dictaminar que no habían demostrado que J&J actuara de “mala fe”. Afirmó que la resolución de las demandas por el talco a través del proceso de quiebra es de interés público, y señaló que un fideicomiso de liquidación de 2 mil millones de dólares propuesto por J&J podrá beneficiar a los demandantes.
Sin embargo, J&J señaló que la decisión de Kaplan es un desarrollo positivo y que el juicio estableció la conveniencia de la formación de LTL y la presentación de la solicitud de protección de la bancarrota.
Samir Parikh, profesor de derecho de quiebras en la Lewis & Clark Law School de Oregón, indicó que muchos comentaristas que argumentan que los juicios colectivos no deben resolverse mediante la quiebra no entienden las alternativas.
Johnson & Johnson se negó a hacer comentarios.
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