BBVA y Caixabank anunciaron que están estudiando el impacto potencial de un impuesto a los bancos propuesto por el gobierno de España, asimismo están explorando la posibilidad de emprender acciones legales contra la medida.
La coalición de izquierdas que gobierna España presentó un proyecto de ley en el Congreso de los Diputados para crear un impuesto temporal sobre bancos y grandes empresas del sector energético, con el objetivo de recaudar 7 mil millones de euros hasta 2024 para financiar medidas que alivien las presiones del coste de la vida sobre la ciudadanía.
El impuesto, cuyos planes se expusieron por primera vez el 12 de julio, incluiría un gravamen del 1.2 por ciento sobre los ingresos de las grandes empresas energéticas españolas y un cargo del 4.8 por ciento sobre el margen de intereses y las comisiones netas de los bancos, según el texto de la propuesta.
Además, el consejero delegado de Repsol, Josu Jon Imaz refirió que confía en que la regulación protegerá a su empresa del impacto de la medida.
Cualquier posible desafío legal del sector bancario en su conjunto contra el gobierno español constituiría un movimiento legal sin precedentes. Los detalles técnicos del plan todavía se están discutiendo y el proyecto de propuesta fiscal tiene que ser debatido en el Congreso de los Diputados, donde podrían introducirse cambios.
El viernes, el consejero delegado de Caixabank, Gonzalo Gortázar indicó que el banco planea «mantener todas las opciones abiertas», cuando se le preguntó si emprendería acciones legales contra el gobierno español.
Se espera que el impuesto sobre los bancos, cuyo margen de intereses mide la diferencia entre los ingresos y los gastos fiscales genere 3 mil millones de euros para las arcas públicas españolas entre 2023 y 2024, según la propuesta.
Gortázar estimó que el impuesto podría tener inicialmente un impacto en Caixabank de entre 400 y 450 millones de euros, medidos con respecto al margen de intereses y las comisiones netas previstas para 2022. Genc, del BBVA, espera un impacto de unos 250 millones de euros.
Ambos directivos indicaron que es pronto para evaluar el impacto total del impuesto, que consideran que perjudicaría al crédito y al crecimiento económico, y que también afectaría a la competencia, ya que los bancos más pequeños no se verían afectados por ella.
Gortázar y Genc anunciaron que el aumento de los costes de los préstamos no debería considerarse una ganancia extraordinaria, ya que los tipos de interés negativos han pesado sobre los bancos durante varios años.
El viernes también se celebraron reuniones entre el Ministerio de Hacienda y representantes de los bancos y las empresas energéticas para presentarles los detalles del impuesto, confirmaron Genc y una fuente del gobierno español.
El gobernador del Banco de España, Pablo Hernández de Cos sugirió esta semana que el Banco Central Europeo podría emitir una opinión negativa sobre el impuesto.
KL
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