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El 8 de octubre del año pasado la Organización para la Cooperación y el Desarrollo Económicos (OCDE) anunció un acuerdo histórico, al que arribaron 136 países del mundo, para implementar a nivel global un impuesto de sociedades del 15% para las multinacionales más grandes y rentables, las tecnológicas. El tributo, cuando se aplique –y si es que se aplica-, permitirá redistribuir aproximadamente 125.000 millones de dólares entre los países del mundo. En ese momento, el secretario general de la OCDE, Mathias Cormann, declaró: «El acuerdo de hoy hará que las disposiciones fiscales internacionales sean más justas y funcionen mejor. Esta es una gran victoria para un multilateralismo eficaz y equilibrado».
La pandemia y las dificultades fiscales que generó en todos los países del mundo, incluidas las grandes potencias, fue factor preponderante para que esta poderosa alianza gubernamental global se produjese. La situación, desde entonces, empeoró como consecuencia de la guerra entre Rusia y Ucrania. La inflación en la eurozona, Estados Unidos y la mayoría de los países occidentales se disparó a niveles que no se veían desde hace décadas, y la recesión se cierne como una amenaza cierta, en algunos casos ya concretada.
Sin embargo, a casi un año de aquel estruendoso anuncio, los avances en la implementación del nuevo tributo son más bien escasos. La idea inicial era que empiece a instrumentarse en 2023. Las dificultades hacen prever, como calendario más realista, la puesta en marcha en 2024. Las empresas que se niegan a abonar el impuesto encuentran resquicios legales para oponerse. Por ejemplo, que los sistemas impositivos suelen gravar en función de la presencia física en un territorio. Pero las empresas tecnológicas hacen negocios y muy rentables, en países donde no están radicadas físicamente.
La puja entre gobiernos y multinacionales no tiene un ganador claramente visible, pero la crisis económica internacional, que parece agravarse o al menos extenderse más de lo previsto, incide para que las administraciones de las naciones, aun las más ortodoxas y menos propensas a la presión impositiva, de pronto se vuelvan más fiscalistas.
Se recordará, además, que cada vez son más los multimillonarios que se muestran a favor de pagar más impuestos e incluso lo solicitan formalmente a los gobiernos. El movimiento nació con la pandemia pero subsiste y tiende a crecer.
Si el impuesto global finalmente prospera repercutirá también en Argentina. Pero nuestro país tiene otras urgencias a nivel tributario. La primera es ordenar un sistema caótico, lo cual requiere de una reforma integral que todos los gobiernos anuncian pero no cumplen, apurando apenas reformas parciales que hacen al sistema aún más complejo. La otra urgencia, que es un desafío mayúsculo, es confeccionar un esquema progresivo, pero que no sea confiscatorio. Para lograrlo se requiere, además de argumentos técnicos, de consensos políticos amplios para que sea sustentable y duradero. Como el impuesto global, estos acuerdos están en veremos.
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