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La Ley 27.551 de alquileres aprobada por el Congreso en 2019 prevé contratos con una duración máxima de 3 años, y esta bajo análisis una serie de cambios
Por BAE Negocios
La Unión Argentina de Inquilinos (UAI) y las entidades del sector inmobiliario coincidieron en la necesidad de una nueva ley de alquileres, pero las diferencias aparecen al discutir las parámetros que tendría que contener la potencial norma ya que los inquilinos postulan que en la actualización anual debe haber poca o nula incidencia del Índice de Precios al Consumidor (IPC), mientras que los propietarios pretenden un ajuste semestral o acuerdos específicos entre las partes.
Un ítem en el que sí están de acuerdo es que la nueva ley debe incluir estímulos fiscales y crediticios para ambas partes.
La Ley 27.551 de alquileres aprobada por el Congreso en 2019 prevé contratos con una duración máxima de 3 años, actualizaciones anuales y, en el caso de rescindir el contrato, un preaviso de 3 meses para no tener que abonar una indemnización, entre otras cuestiones.
La actualización anual del índice por el cual se hace el ajuste anual la ley prevé en su artículo 14 que debe estar constituido por partes iguales entre la variación mensual del IPC y la Remuneración imponible promedio de los trabajadores estables (Ripte).
Al respecto, el presidente de la Cámara de Inmobiliaria Argentina, Alejandro Bennazar, sostuvo que una nueva ley de alquileres debería «volver a los dos años de contrato con un ajuste cada seis meses como máximo ajustado por un coeficiente valor salario (CVS)».
En ese sentido, manifestó, que el nuevo índice de actualización no debería contener el IPC al lado porque «es una incógnita para todas las partes y obliga a negociar constantemente».
Por otro lado, Bennazar dijo que para que pueda haber un descenso de precios en el mercado son necesarios incentivos para que aumente la oferta de inmuebles acompañado por «la vuelta al acceso al crédito, como política de Estado de acceso a la vivienda y al suelo».
«Lo último que hemos incorporado son la compra de viviendas usadas para el blanqueo con dos condiciones, uso del bien propio o para su familia, y en el caso de invertir es aumentar la locativa habitacional por el término de 10 años», afirmó.
El presidente de la Unión Argentina de Inquilinos (UIA), Ricardo Botana, al ser consultado por Télam, dijo que una nueva ley de alquileres tendría que «fomentar que vuelvan al mercado inmobiliario las viviendas que ya no están con incentivos fiscales, de ese tipo, para que la gente construya».
«En algunas grandes ciudades, algunos barrios, se fueron volcando mucho a las plataformas de alquileres transitorios, lo que hizo también que se retiraran muchos inmuebles», sostuvo Botana al referirse a la falta de oferta.
Además, indicó que en una nueva ley el cálculo del aumento tendría que tener más preeminencia el Ripte -la remuneración promedio sujeta a aportes al Sistema Integrado Previsional Argentino- sobre el IPC para fijar el índice.
Por último, señaló que la ley de alquileres vigente si bien «trajo consigo nuevos derechos para los inquilinos», falló el artículo 14 donde se plasma el cálculo del índice por el cual se calculan los aumentos anuales «con aumentos de 83%, aproximadamente, desbarajustándole al inquilino los primeros 4 o 5 meses».
En enero en la ciudad de Buenos Aires los aumentos en los precios de alquileres -respecto a diciembre pasado- fueron de 6,2% en los monoambientes, 2,6% en los departamentos de dos ambientes y 4,3% en los de tres ambientes, según un relevamiento del Centro de Estudios Económicos y Sociales Scalabrini Ortiz (CESO).
En tanto, el acumulado de 12 meses de 2022 fue de 102,9% para los monoambientes porteños; 105,1% en las unidades de dos ambientes y 100% en los de tres ambientes.
Estos números cotejan con la suba de 94,8% que marcó el IPC a lo largo del año pasado, según el Instituto Nacional de Estadística y Censos (Indec).
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