OPINIÓN
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Mientras Argentina sufre una coyuntura económica y social alarmante, las noticias que afectan su futuro tampoco son promisorias. Es el caso del otorgamiento de la Declaración de Impacto Ambiental para habilitar el proyecto de exploración offshore en áreas ubicadas en la Cuenca Argentina Norte, y presentado por la empresa Equinor en sociedad con YPF y SHELL. Este tipo de negocios se emparenta con la reciente intentona por imponer en Chubut una distribución territorial que habilite la explotación de megaminería en áreas hasta aquí prohibidas y que fue frenada temporalmente por una revuelta popular.
La indiscutible objeción a este tipo de actividades es el daño ambiental. Existe un altísimo y probado riesgo de derrames en la exploración sísmica; además las emisiones sonoras de esa actividad dañan gravemente al ecosistema marino en el caso de la exploración y explotación offshore. Por supuesto, esta actividad se sumará a tantas otras que provocan crisis climática que amenaza al conjunto del sistema Tierra (incluida Argentina). Estas cuestiones ya han sido esclarecidas en diversos artículos de especialistas en la materia.
Aquí me interesa cuestionar el discurso oficial, avalado por economistas tanto neoliberales como neodesarrollistas, que insisten en los beneficios económicos de la inversión en este tipo de actividades con los conocidos argumentos: atraen inversiones y con ello supuestamente generarían nuevos puestos de empleo, ingresos fiscales, exportaciones y mayor “soberanía energética”.
Esto no es así, particularmente en el mediano y largo plazo que es lo que importa en una actividad de este tipo. Cada vez más, este tipo de actividades están llamadas a engrosar los beneficios de ciertas corporaciones en el corto plazo, pero en el mediano y largo plazo lleva a pérdidas económicas irremediables que se transferirán a la sociedad, más allá de las crecientes pérdidas económicas del probado daño al ecosistema.
Es que los activos del sector de hidrocarburos, tanto la infraestructura como las propias “reservas” detectadas para su explotación, están destinados a desvalorizarse antes de que se agote la “vida útil” del capital físico y porque no podrán extraerse efectivamente. Estas actividades van a quedar obsoletas tanto por razones técnicas como porque los países centrales y los propios mercados financieros van a orientar su inversión hacia energías alternativas y otras actividades más amigables con el medio ambiente. De hecho, los propios Bancos Centrales están avanzando con criterios selectivos para exponer las potenciales pérdidas de empresas contaminantes y promover las que no lo son.
Así, las inversiones no se recuperarán y habrá una enorme cantidad de costos “hundidos”. Es que el “punto de escasez” de las reservas de hidrocarburos supera a la cantidad que es posible utilizar sin sobrepasar las fronteras establecidas como límites para evitar la desestabilización del sistema Tierra. Esto es lo que informan las ciencias del clima que han detectado nueve “fronteras planetarias” como límites que no deberían cruzarse para no desestabilizar el sistema Tierra. De estas, ya hay tres que la humanidad sobrepasó: cambio climático, pérdida de biodiversidad y cambio en el ciclo global del nitrógeno.
Estas fronteras delimitan el “campo de juego” para desarrollar la acción humana sin amenazar la existencia de la vida en la Tierra, incluyendo la de la propia humanidad. Cualquier modelo de análisis económico que intente proyectar el funcionamiento de los sistemas económicos y sociales deberían tenerlas en cuenta.
No hay alternativas a la transformación de la matriz energética y a la sustitución de los combustibles fósiles, por lo que cuanto antes se avance en ese sentido menos duro será el impacto de las pérdidas de las inversiones hechas en hidrocarburos. Seguir gastando dinero en infraestructura cuya vida útil supera a la que se podrá utilizar y buscando reservas que no se van a poder extraer, es un mal negocio que paga el conjunto de la sociedad; peor aún, si esto se hace con beneficios fiscales.
Estas actividades son rentables porque se subsidian, se les garantiza mercados, se otorgan créditos, se exonera del pago de daños ambientales, etc. De lo contrario, no lo serían siquiera en el corto plazo. El Estado argentino no debe invertir en energías contaminantes sino en inversiones que apunten a sustituirlas. De lo contrario está perdiendo dinero hoy (como los inexplicables subsidios para Vaca Muerta) y perderá mucho más dinero en un futuro no lejano cuando se vea obligado a abandonar estas actividades. Además, la falta de inversión en energías alternativas seguirá colocando a Argentina como dependiente de lo que hagan los países centrales que están cambiando el paradigma energético de forma programada y van a imponer nuevos paradigmas tecnológicos a los países periféricos.
No tiene sentido seguir hablando de desarrollo en estos temas y mucho menos de progreso en base a experiencias pasadas que ya no pueden repetirse. Las tradicionales formulaciones que predican relaciones de causa/efecto para el “desarrollo” termo-industrial ya no son sustentables. El camino que llevó al crecimiento de las economías centrales en base a estas energías no puede replicarse y tampoco hay garantías de que esas economías no experimenten una regresión si no aceleran el cambio energético.
El problema central es que quienes detentan la propiedad del capital (incluyendo la propiedad de la tierra y los recursos naturales) tienen licencia para extraer materias primas, generar energía, determinar el uso de la tierra, diseñar sistemas alimentarios, deshacerse de los desechos. En otras palabras, al mismo tiempo que la propiedad de capital otorga poder de control sobre el resultado del trabajo humano (explotación de la fuerza de trabajo) también lo hace sobre las condiciones básicas que sustentan la vida en la Tierra (explotación de la naturaleza y de la humanidad que convive con ella). Así se cede a los propietarios del capital (y sus socios políticos) decisiones que afectan el aire, el agua, el suelo y los minerales, la flora y la fauna, bosques y océanos, atmósfera y clima.
Frente a esta situación, tanto neoliberales como neodesarrollistas siguen pensando que el medio ambiente es un elemento externo al sistema económico y que su daño debe ser tratado como “externalidades” de actividades económicas supuestamente “rentables”. La realidad es otra. La naturaleza incorporada al sistema capitalista es parte constitutiva de su proceso de reproducción; al mismo tiempo, la naturaleza como entorno físico le fija límites estrictos al funcionamiento del sistema económico.
No se trata de “externalidades negativas” supuestamente excepcionales que pueden corregirse cobrando multas que compensen daños. Los daños ambientales no son casos excepcionales ni perfectamente identificables, sino que las externalidades ambientales negativas se producen constantemente e involucran a la mayoría de agentes que participan de la actividad económica. Esto vuelve casi imposible la regulación efectiva en tanto la política pública siempre llega tarde y/o es inoperante para prevenir el daño.
De hecho, los Estados y sus empresas son parte central del problema por lo que consumen y producen. Estamos frente a un ejemplo claro de la llamada “tragedia de los comunes”, que se presenta cuando las acciones racionales e independientes motivadas por el interés individual, terminan destruyendo un recurso que es limitado y compartido por toda la comunidad. Se trata de una situación que no sólo perjudica a la comunidad sino a las propias personas.
Se equivocan los neoliberales creyendo que esto lo resuelve el mercado y el ejercicio de la “soberanía del consumidor”. Basta un ejemplo. Al vincular la distribución de riqueza con las emisiones de carbono de GEI, se llega a la conclusión que el 10% más rico de la población mundial es responsable de cerca de 48% de las emisiones globales del año 2019, mientras que la mitad más pobre de la población sólo es responsable por 12% de dichas emisiones. Esto se debe en gran medida al consumo no sólo de los bienes y servicios producidos en el país de residencia, sino también al consumo de bienes importados. La soberanía de los consumidores ricos agrava el problema en lugar de resolverlo.
Pero también se equivocan los neodesarrollistas creyendo que esto es una nueva etapa del proceso de “destrucción creativa” que estimula el mentado “progreso” (que se entiende equivocadamente como crecimiento, aumento del ingreso, exportaciones). Si se sigue con esta lógica de acumulación de capital y ampliación de los mercados para que aumente la productividad y la demanda, se desatará un bucle destructor de lo que tanto costó construir. Más que progreso, estamos frente a una posibilidad cierta de regresión.
Así, no es cierto que los daños al medio ambiente sean detectables ni eventuales. Tampoco que el Estado puede controlarlos, que la inversión va ser rentable y que esto implica un beneficio para la sociedad. Hay una confusión muy grande en la toma de decisiones y en la retórica publicitada por quienes se benefician con esto que no distingue correctamente entre incertidumbre y riesgo, entre precaución y prevención. Los criterios de evaluación hegemónicos están equivocados: lo que prevalece es la evaluación subjetiva e interesada de quienes tienen mayor poder.
Lo que reclaman los problemas vinculados a la crisis climática son acciones colectivas que actúen contradiciendo las racionalidades tanto de quienes detentan la propiedad de los medios de producción como la racionalidad del consumo preocupado por la satisfacción personal y la opulencia. También la racionalidad de la elite política que evalúa todo con criterios de ganancia electoral de corto plazo.
La paradoja que caracteriza a nuestra época -y probablemente a cualquier época en la que una civilización encuentra ciertos límites y traspasa ciertas fronteras- es que cuanta más potencia gana, más vulnerable se vuelve porque acelera su aproximación al eventual colapso. En lugar de hacer negocios con las corporaciones alentando falsas promesas de un progreso que ya no tiene sustento, la elite dirigente tiene que cambiar su relación con la sociedad que está mucho más a la vanguardia y sale a defender los recursos comunes presentes y futuros.
El objetivo de la política económica y social no puede seguir siendo el registro estadístico de una tasa máxima de crecimiento sino la prudencia y la distribución de recursos para invertir en energías alternativas para prevenir las crisis y las pérdidas por obsolescencia del capital invertido en energías convencionales. Esto es muy difícil de asumir para una elite dirigente que está acostumbrada a vender certezas (que no existen) y a proponer soluciones a problemas cotidianos (que en general son poco efectivas).
En lugar de promover estas actividades probadamente dañinas y que no son económicamente rentables, la elite dirigente tendría que ocuparse de transformar un sistema que encontró límites precisos. El problema es que no tiene la más mínima idea de cómo hacerlo sin arriesgar su mezquina cuota de poder y sus ganancias de corto plazo. De hecho, como se observa cotidianamente, ni siquiera saben qué hacer con el corto plazo.
Este no es el momento de seguir gastando recursos en actividades obsoletas sustentadas por ideas obsoletas. Es el momento para pensar en otra estructura económica, en una mayor diversificación de la endeble economía argentina, apuntar a nuevas actividades que reporten ventajas dinámicas y sobre todo que permitan de una vez por todas avanzar hacia un modelo sostenible dentro de los límites que imponen las fronteras planetarias. Muchos países se están moviendo ya hacia otro paradigma energético y quienes no inviertan desde ya en ese nuevo paradigma, perderán competitividad, bienestar y recursos.
RLV/MF
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