La disminución de la base mínima contributiva a la Caja Costarricense del Seguro Social (CCSS), que regirá en 2023, implica algunos cambios que las micro y pequeñas empresas y otros emprendimientos deben tomar en cuenta.
Aunque quedan varios pendientes en esta materia (no todo es perfecto), el paso puede favorecer la formalización de negocios y varias ventajas que vienen de la mano.
“Podría alentar a ingresar a la formalidad”, dijo Eduardo Rodríguez Bolaños, asesor financiero y socio de Grupo Camacho Internacional.
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Así se podría ser proveedor de instituciones públicas o de compañías que piden factura electrónica. Y en un mercado laboral complejo, se crea la posibilidad de asegurar a los colaboradores, ayudando a la atracción y retención de personal. Los negocios también podrían ganar en competitividad.
La formalización de las empresas es uno de los beneficios esperados de la modificación, lo que implicaría para las personas emprendedoras posibilidades de aumentar sus negocios. (Foto para EF)
Contribuciones
Existen dos tipos de contribuciones: al Seguro de enfermedad y maternidad (SEM), con el cual las personas son atendidas y reciben diversos servicios de la Caja, y al régimen de Invalidez, vejez y muerte (IVM), orientado a la pensión.
Ambas contribuciones se deducen del salario del colaborador en porcentajes. El patrono, en el caso del SEM, debe pagar un aporte que se estima sobre el monto de la retribución mensual.
Base mínima contributiva
Hasta el momento se tenía como base mínima contributiva un monto de ¢307.000 por mes. Con ese piso se establecía que se rebajaba el 5,5% y el patrono aportaba un 9,25%.
El ahora expresidente ejecutivo de la CCSS, Álvaro Ramos Chaves, había explicado —en la conferencia de prensa donde anunció el cambio en la base mínima contributiva— que el inconveniente es que, si se recibe un ingreso mensual inferior, la CCSS le imputaba el salario mínimo y terminaba pagando más de lo que correspondía.
Ramos ejemplificó entonces que esta situación se presentaba con quienes trabajan medio tiempo y ganan menos del mínimo indicado.
Pero lo mismo pasa si el salario total por tiempo completo no alcanza ese mínimo.
Según datos del segundo trimestre del 2022 recopilados por el Instituto Nacional de Estadísticas y Censos (INEC), hay quienes reciben ¢200.788 en promedio en empleos relacionados con las tareas del hogar. Y ese promedio implica que hay quienes ganan menos.
En labores en hoteles y restaurantes el promedio es de ¢327.736 y en agricultura, ganadería y pesca es de ¢319.976, lo que significa que también habrá personas ganando menos que esas sumas.
Rodríguez estimó que la situación se podría repetir en trabajadores de construcción, comercio y reparación, transporte y almacenamiento, comunicación, actividades profesionales y administrativas de apoyo, y manufactura donde los promedios andan entre ¢370.097 y ¢457.601.
“El cambio va en buen camino, pero no es suficiente”, advirtió Eduardo Rodríguez Bolaños, socio de Grupo Camacho Internacional.
Consecuencias
Para las empresas ese esquema tenía un costo importante.
“Claramente hacía que los salarios fueran menos atractivos para el trabajador (porque le quedaba menos plata) y para el patrono (que tenía que pagar más)”, advirtió Rodríguez.
Al aumentar los costos para ambos, se genera una distorsión del mercado, especialmente para negocios que están empezando y tienen costos fijos altos.
Para evitarlos muchas veces los emprendedores preferían quedar en la informalidad (terminaba no cotizando), desconociendo o haciendo caso omiso de las consecuencias que esa situación podría acarrear con costos mayores por multas o sanciones por no asegurar a la planilla o tributarias, entre otras.
“Cuando la carga impositiva es muy alta, la gente empieza a evadir”, recordó Rodríguez.
En la naturaleza de la contribución, y con independencia del monto mínimo y de los porcentajes, hay otra situación: “La carga actualmente es regresiva”, acusó Rodríguez. “Debe ser progresiva o escalonada, ajustándose a la capacidad contributiva de cada uno”.
El 7 de setiembre anterior se anunció el cambio en la base mínima contributiva del SEM, ahora establecida en ¢153.000, manteniendo los porcentajes, al tiempo que se fracciona la contribución del IVM.
Para Rodríguez la reducción de la base mínima generaría varios resultados positivos:
—Podría alentar a ingresar a la formalización de empresas que estaban en la economía informal.
—Aumentaría así la base contributiva (la cantidad de contribuyentes)
—Aumentaría así la recaudación de la Caja y en Hacienda.
—Disminuirían los costos para las empresas.
—Aumentaría las posibilidades de las empresas de contratos con otras empresas e instituciones como proveedores.
—Eliminaría posibles contingencias futuras (como multas o penas por evasión)
—Posibilitaría la atracción, contratación, retención y estabilidad laboral.
En el caso del IVM, la Caja aprobó también una reforma donde introduce el concepto de cuota proporcional, de forma que aquí también se ajusta a los ingresos: ahora el patrono (o el trabajador independiente) pagará sus contribuciones al régimen de pensiones sobre 25%, 50%, 75% o el 100% de la base mínima contributiva según el monto más próximo del salario reportado del trabajador.
“Con este cambio se permitirá al trabajador de un medio tiempo, realizar una cuota parcial de pensión, lo que significa que ese trabajador requerirá dos meses para alcanzar una cuota completa”, destacó la Superintendencia de Pensiones.
Las autoridades reiteraron que el objetivo de las medidas es promover la formalización. Además, podrán contratar a tiempo parcial.
“Van en buen camino, pero no es suficiente”, advirtió Rodríguez.
El especialista indicó que sigue siendo una carga regresiva y todavía no ayuda a que todos los que están en la informalidad se pasen a la formalidad.
La Caja debería incentivar (mediante una amnistía) a las empresas que han permanecido en la informalidad a ponerse en regla, pues los patronos todavía enfrentarían el riesgo que los obliguen a cancelar por el tiempo no cotizado.
Ganar en competitividad implica que las empresas disminuyan sus costos a partir de la modificación. También implica, en el caso de las que están en la informalidad, que puedan ordenarse en el cumplimiento de los requerimientos legales, tributarios y de seguridad social.
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Esto implica asegurar al trabajador en Instituto Nacional de Seguros, para pólizas contra riesgos laborales; inscribirse en el Ministerio de Hacienda, donde podría optar por el régimen simplificado; y registrarse ante la Caja como patrono.
Otro paso es registrarse en el Ministerio de Economía, Industria y Comercio (MEIC) o en el Ministerio de Agricultura y Ganadería (MAG) como pequeña empresa o pequeño productor lo que le permitiría gozar de exoneraciones del impuesto sobre la renta si los ingresos no superan los ¢112 millones.
Esa exoneración es escalonada: el primer año no paga nada, pero sí tiene que declarar; en el segundo, declara y paga el 25% de lo correspondiente; en el tercero, declara y paga el 50%; y a partir del cuarto año, declara y paga 100%.
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