Bajo la dirección de Ulises Carrillo Cabrera, el Instituto de Seguridad Social de los Trabajadores del Estado de Yucatán (Isstey) entregó el manejo de una parte de sus recursos a un intermediario financiero que ahora está en el ojo del huracán por acusaciones de fraude en otras partes del país.
Esos recursos quedaron disponibles para ser invertidos en el mercado de valores, en instrumentos que, en caso de arrojar minusvalías o resultados menores que los esperados, no representarían ningún tipo de responsabilidad para su promotor, según se indica en el convenio respectivo.
Documentos en poder de Central 9, la Unidad de Investigación Periodística de Grupo Megamedia, revelan que a principios de 2014 el Isstey firmó un contrato con la empresa Estratégica Corporativa en Finanzas, S.A. de C.V., para que ésta le proporcionara servicios de asesoría y “supervisión para el manejo no discrecional de inversiones, créditos, asistencias y prestaciones…”
Esto es, subraya el convenio, la firma financiera fue contratada para prestar “servicios de asesoría en materia de inversiones disponibles en el mercado de valores… a fin de lograr la toma de mejores decisiones financieras de inversión para procurar el eficiente manejo” del dinero del Isstey.
Ese acuerdo, según las evidencias, fue el principio de una estrategia que más adelante incluyó el ingreso de empresas que ofrecerían créditos de nómina a los trabajadores del Estado, en condiciones ventajosas para esos negocios particulares.
Como representante de Estratégica Corporativa en Finanzas firmó Roberto Guzmán García, directivo de Grupo Escorfin, un consorcio al que se ha relacionado en el centro del país con fraudes en operaciones bursátiles.
Uno de los ilícitos, de acuerdo con esas versiones, está vinculado al escándalo de Seguridad Alimentaria Mexicana (Segalmex), derivado de la colocación de dinero público en instrumentos financieros de alto riesgo.
Control amplio y vencimientos cercanos
Grupo Escorfin comenzó a operar esa misma estrategia en el Isstey. Central 9 tuvo acceso a informes que muestran que al cierre de 2016 –a poco más de la mitad del gobierno de Rolando Zapata Bello– ya tenía el control de más de 800 millones de pesos del instituto, por los cuales rendía cuentas.
Al día de hoy, de acuerdo con la información obtenida, Roberto Guzmán García tiene colocados por lo menos 350 millones de pesos del Isstey en instrumentos financieros. Una inversión de $200 millones tiene vencimiento en octubre próximo, Otra de $150 millones, se extenderá a 2025, es decir, a la siguiente administración estatal.
En el caso de la operación con vencimiento en octubre, el gobierno de Mauricio Vila Dosal podría, entre las vías probables, extender el acuerdo con Grupo Escorfin –con una reestructura– o darlo por terminado.
Convenio antes de las reformas legales en el Isstey
El convenio original con Roberto Guzmán fue firmado el 6 de enero de 2014, meses antes de que el Congreso del Estado hiciera reformas que permitieron, entre otros cambios, el ingreso de financieras privadas al esquema de préstamos conocidos como “Isstey Plus”.
Ese contrato involucra únicamente a Estratégica Corporativa en Finanzas, que, como ya informamos, fue la empresa que posteriormente entregó recursos a Posiciones Estratégicas en Carteras (PEC), S.A.P.I. de C.V. para que otorgara créditos de nómina a los derechohabientes.
Cuando esto último ocurrió, Estratégica Corporativa ya era “asesora” del Isstey en inversiones.
La firma PEC entró al “pastel” de los créditos de nómina cuando le cedió la estafeta Promotora de Sistemas de Información, S.A.P.I. de C.V., la primera empresa privada en ese esquema dirigido por Ulises Carrillo. Y entró de la mano de Roberto Guzmán y Fernando José Vega Espinosa, este último socio también de Carrillo Cabrera en una sociedad del ramo financiero creada recientemente.
Funciones y facultades sobre las inversiones
El convenio de enero de 2014 concedió a Guzmán García y Estratégica Corporativa en Finanzas –integrante de Grupo Escorfin– amplias funciones y facultades relacionadas con los recursos del Isstey.
Algunas son:
- Asesorar, recomendar y proponer diferentes opciones de inversión a través de instituciones financieras autorizadas.
- Poner a consideración del Isstey las posibilidades que considere más rentables para localizar inversiones disponibles en el mercado de valores.
- Proponer de manera rigurosa la o las instituciones financieras a través de las cuales se pretenderá cumplir con los objetivos de rendimiento.
- Interpretar todos los estados de cuenta en los que el cliente (Isstey) invierta sus reservas técnicas de acuerdo con el contrato.
- Elaborar reportes mensuales que incluyan el desempeño de los portafolios y el valor real de éstos.
Si se pierde, ninguna responsabilidad
Un detalle que llama la atención en el contrato es que se exime a la empresa de la responsabilidad en pérdidas, en los siguientes términos:
–Las partes están conscientes de que Estratégica no será responsable por las minusvalías que el cliente (Isstey) pudiere llegar a sufrir por el servicio prestado, toda vez que las inversiones se harán a través de operadores o intermediarios financieros que no están relacionados, de ninguna forma, con Estratégica.
–El cliente libera a Estratégica de cualquier responsabilidad por minusvalías sufridas en cualquier tipo de inversión, o bien, por la obtención de rendimientos menores que los esperados por el cliente.
Convenio con alcance transexenal
Otro aspecto sobresaliente del contrato es que el Isstey se compromete a invertir, en un plazo de cinco años contados a partir de la firma del contrato –6 de enero de 2014–, en los instrumentos que Estratégica le proponga como alternativas de inversión.
Este plazo venció el 7 de enero de 2019, es decir, rebasó el período de gobierno de Rolando Zapata y abarcó los primeros meses de la administración de Mauricio Vila. A la fecha, como ya señalamos, Grupo Escorfin tiene colocado dinero del Isstey en instrumentos financieros.
Empresario sobre un barril de pólvora
La cabeza de Grupo Escorfin, Roberto Guzmán, ha estado sobre un barril de pólvora en el último año. Versiones periodísticas del centro del país afirman que ese consorcio emitió en los últimos diez años alrededor de 4,500 millones de pesos en certificados bursátiles privados, sin garantías de poderse pagar, a través de Posiciones Estratégicas en Carteras –relacionada con el Isstey, como ya indicamos– o de Servicios Inmobiliarios de Posturas (Sipo).
La misma información señala que Grupo Escorfin está involucrado en emisiones privadas de gobiernos estatales, fondos de pensiones, sindicatos, universidades públicas y dependencias federales, como es el caso de Segalmex, que todavía está bajo investigación.
¿Ya no puede pagar?
Incluso, en julio pasado circuló la información de que Grupo Escorfin envió a sus clientes e inversionistas un aviso de reestructura en el que reconoce que no tiene solvencia para pagar los vencimientos ni los intereses de los bonos.
Días antes, medios capitalinos publicaron declaraciones de Ernesto O’Farrill, presidente de Bursamétrica, quien acusó a Roberto Guzmán y a su abogado Roberto Olea de encabezar “un grupo criminal” que está siendo investigado por la Fiscalía General de la República, la Procuraduría Fiscal, la Unidad de Inteligencia Financiera, el Servicio de Administración Tributaria (SAT) y la Comisión Nacional Bancaria.
La investigación, según el presidente de Bursamétrica, se enfoca en varios delitos, entre ellos “delincuencia organizada, lavado de dinero, defraudación fiscal, delitos financieros y administración fraudulenta”.
“Estos personajes usan una operación fraudulencia bajo el esquema Ponzi, en el que no hay fuente de pago, sino que ellos van emitiendo cada vez más y más deuda, que colocan bajo una red de promotores bursátiles con un esquema de jugosas comisiones en efectivo, entre tesoreros de los gobiernos estatales, fondos de pensiones estatales, sindicatos y universidades públicas”, apuntó O’Farrill.
Vinculación con desarrollos inmobiliarios
Además de la participación de Grupo Escorfin en el esquema financiero del Isstey, Guzmán García es, como ya hemos señalado, socio de negocios con Fernando Vega, empresario del ramo inmobiliario que llegó al negocio de los créditos de nómina del instituto cuando el director de éste era Ulises Carrillo.
En sus declaraciones a la prensa capitalina, Ernesto O’Farrill aseguró que Roberto Guzmán “intenta mimetizarse” mediante una firma llamada Komet Capital.
Incluso, da a conocer una liga de internet que, según el propio declarante, muestra “los desarrollos inmobiliarios que están tratando de vender”.
Esa liga conduce a una página donde, en efecto, hay una oferta inmobiliaria de Komet Capital, S.A.P.I. de C.V., en Yucatán. Uno de esos proyectos es el de San Marcos, Ciudad Sustentable, en el que están involucrados también personajes ligados al poder político.
En próxima edición abundaremos en los manejos de recursos del Isstey y en su vinculación con empresas privadas.
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